NO SON SUFICIENTES LAS MEDIDAS DEL MEFP PARA EL INICIO DEL CURSO

FESP UGT Enseñanza CLM considera insuficientes las medidas acordadas entre el Ministerio y las Comunidades para el inicio del curso 20/21

FESP UGT Enseñanza CLM considera positivo que se acuerde la vuelta a la actividad presencial de todo el alumnado, pero denuncia que, de momento, la vuelta no vendrá acompañada de las medidas que el sindicato considera necesarias para que la vuelta sea estable y segura.

El sindicato alerta del riesgo que supone fiar la actividad presencial del próximo curso escolar a que no haya rebrotes e insiste en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias como reducir alumnos por aula, aumentar el profesorado y mejorar las infraestructuras.

Toledo, 12 de junio de 2020

FeSP UGT Enseñanza CLM considera positivo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las Comunidades Autónomas hayan acordado adoptar la actividad lectiva presencial como principio general para el inicio y el desarrollo del curso escolar 2020-2021. 

Sin embargo, Manuel Amigo, responsable del sector de Enseñanza de FeSP UGT CLM alerta de que “no se están tomando las medidas necesarias para hacer esta vuelta estable y segura, se está fiando la actividad presencial del próximo curso escolar a que no haya rebrotes y se está confiando en que la actual situación sanitaria sea ya la definitiva durante todo el curso que viene, pero para que la vuelta a la actividad educativa presencial sea estable y segura, son totalmente necesarias medidas como: reducir el número de alumnos por aula y que estas agrupaciones de alumnos no interactúen con el resto de alumnos del centro”. 

Uno de los anuncios salidos de la Conferencia Sectorial es que cada centro deberá tener un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia, que prevean las actuaciones a realizar en función de los distintos escenarios que puedan irse presentando. Manuel Amigo opina que “estos planes, sin otras medidas de acompañamiento, serán insuficientes, dependerá de cada centro, se vuelve a apelar a la autonomía organizativa de cada centro, se les carga de más responsabilidad, pero no se les acompaña de medidas”.

La Federación de Servicios Públicos de UGT CLM muestra su preocupación ante el inmovilismo de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación. Manuel Amigo afirma “el Ministerio de Educación estableció la recomendación hace semanas de rebajar el máximo número de alumnos/as por aula a 15, hace unos días aumentó a 20 ese número y después de la Conferencia Sectorial de ayer, ante la postura de las Comunidades Autónomas de que con los presupuestos que manejan para Educación esto también les sería imposible de alcanzar, llegaron al acuerdo de no tener que rebajar el número de alumnos/as por aula”. 

El sindicato considera esto cómo “peligrosísimo, esto supone comenzar el curso que viene en las mismas condiciones que el anterior, como si el coronavirus no hubiera existido, las Administraciones Educativas deberían de tener en cuenta que la actividad presencial es fundamental para la sociedad, que tendría que ser un factor estratégico que los centros educativos permanezcan abiertos durante todo el curso que viene, ya que si vuelven a cerrar, las connotaciones para el conjunto de la sociedad son enormes y ahora es el momento de tomar medidas. 

Las Administraciones Educativas quieren un inicio de curso sin mayor inversión en Educación, a coste cero, el único anuncio de mayor inversión lo ha dado el Gobierno Central, con los 2.000 millones de euros a repartir entre las Comunidades Autónomas, sin embargo, ninguna Comunidad Autónoma ha anunciado ningún aporte añadido por su parte, a sus sistemas educativos regionales. Creemos que tanto el Gobierno Central, como las Comunidades Autónomas, deberían de aportar fondos extraordinarios”.

FeSP UGT CLM considera que la medida propuesta por el Ministerio de Educación de reducir los alumnos por aula y que ahora no se va a tener en cuenta, es totalmente necesaria, y que habría que añadir un aumento del profesorado para cubrir las nuevas necesidades organizativas y educativas. “De esta manera se pueden aislar posibles rebrotes, implantar medidas organizativas en los centros para que no todos los alumnos interactúen entre sí y conseguir que, en caso de rebrote, no acaben todos los alumnos otra vez fuera de los centros”, defiende Amigo.

Además de las medidas sanitarias para hacer los centros más seguros, la bajada de alumnos por aula y el aumento del número de profesores, UGT propone mejorar las infraestructuras y las tecnologías para mejorar los resultados académicos. “No podemos olvidar que nuestra región es de las que menos dinero gasta porcentualmente en su sistema educativo, nuestras alumnas y alumnos no se pueden quedar rezagados respecto a los de otras CCAA”. 

Por ello el sindicato pide a la Consejería de Educación aumentar su partida presupuestaria y contar con las organizaciones sindicales para proceder a la asignación de los fondos adicionales a las diferentes áreas susceptibles de mejora en la región: bajada de ratios, contratación de profesores, mejoras en las infraestructuras, etc. 

ACUERDOS

1. El curso 2020‐2021 comenzará en las fechas habituales del mes de septiembre y seguirá unas pautas temporales similares a otros cursos académicos. Las Administraciones educativas cuidarán especialmente el cumplimiento del mínimo de 175 jornadas lectivas legalmente establecido, adaptando su aplicación en los centros educativos a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos.

2. La actividad lectiva presencial se adoptará como principio general durante el curso 2020‐2021. La experiencia de este curso ha confirmado la importancia de la presencialidad para el desarrollo habitual de las tareas educativas y formativas, por lo que las Administraciones educativas realizarán todos los esfuerzos necesarios para asegurar la modalidad presencial en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas.

3. Los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, sus programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o módulos para el curso 2020‐2021, en el marco de lo que establezcan al respecto las Administraciones educativas, con el fin de recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los objetivos previstos.

Las Administraciones educativas darán orientación a los centros docentes y al profesorado para realizar dicha adaptación, con el objetivo de prestar especial atención a la adquisición de los saberes y competencias fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los déficits que se han producido en los aprendizajes del alumnado. 

En el caso de las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas, cuya dimensión teórico‐práctica pudiera haber generado mayor dificultad en su desarrollo en las condiciones no presenciales del final del curso 2019‐2020, las Administraciones darán orientaciones a los centros y al profesorado para incorporar los aprendizajes prácticos que no se hubieran producido.

4. Las Administraciones educativas establecerán las directrices necesarias para que los centros docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo para el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias actuales. Los centros habrán de prever planes de seguimiento y apoyo para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias vividas y al que manifiesta necesidades específicas de apoyo o necesidades educativas especiales. También habrá que atender al alumnado que por motivos derivados de la Covid‐19 experimente ocasionalmente dificultades para seguir la actividad presencial.

5. Las Administraciones educativas fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros educativos para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias. En esta nueva situación que se abre será necesario hacer frente a circunstancias imprevistas y adoptar rápidamente decisiones adaptadas a las necesidades que se planteen, lo que exigirá un refuerzo del trabajo de colaboración y coordinación en los centros educativos, liderado por sus equipos directivos.

6. En el inicio y el desarrollo del curso 2020‐2021, las Administraciones educativas seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, respetando lo dispuesto en el R.D. Ley 21/2020, de 9 de junio, así como la distribución competencial existente. Las Administraciones educativas elaborarán los protocolos de actuación necesarios, teniendo en cuenta las instrucciones que se establezcan en cada momento por las autoridades sanitarias competentes en su ámbito territorial, para garantizar el cumplimiento de las instrucciones que establezcan las autoridades sanitarias, en relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos, con el fin de que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.

7. Las Administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de prevención de riesgos laborales, en el marco de las indicaciones antes mencionadas de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, para adoptar las medidas más aconsejables para el desarrollo de las actividades educativas. A estos efectos, se adoptarán medidas específicas para la atención a las personas incluidas en grupos de riesgo, para el tratamiento de los casos sospechosos en condiciones de seguridad y para reducir al mínimo los riesgos para el conjunto de la comunidad educativa.

8. Las Administraciones educativas proporcionarán al profesorado y a los centros docentes la información y los medios de formación necesarios acerca de los requisitos higiénico‐sanitarios establecidos y la utilización de las instalaciones escolares en condiciones de seguridad. Los centros educativos deberán prever la celebración con el alumnado de sesiones informativas y de recuerdo de las reglas higiénico‐sanitarias que deben aplicarse en su actividad cotidiana. Para ello podrán basarse en recursos elaborados por las autoridades sanitarias o educativas y puestos a su disposición.

9. En el marco que establezcan las Administraciones educativas, los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad. Dicho plan incluirá necesariamente las medidas de higiene, limpieza y control sanitario que deban aplicarse, las distancias de seguridad que deban mantenerse entre las personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar contactos masivos. De acuerdo con sus condiciones concretas y en el marco de lo dispuesto por las Administraciones educativas, cada centro adoptará las previsiones acerca del uso de sus espacios disponibles, horarios, protocolos de movilidad, agrupamientos de alumnos, que le permitan adaptarse del mejor modo posible a las condiciones de la nueva normalidad.

10. Las Administraciones educativas prepararán los planes de contingencia necesarios para que los centros docentes puedan hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2020‐2021. Para elaborar dichos planes, que habrán de adaptarse a la diversidad de tipos de centros y ser conocidos por las familias del alumnado, se identificarán los distintos escenarios que se puedan prever, así como el impacto que cada uno de ellos pueda tener sobre la actividad lectiva presencial. Para facilitar la elaboración de dichos planes de contingencia, cada Administración educativa definirá un marco general y proporcionará a los centros las orientaciones y el apoyo que necesiten.

11. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente de transporte y comedor escolar, en condiciones de seguridad. Aunque las circunstancias obliguen a realizar adaptaciones importantes en la prestación de esos servicios, deberá preverse su continuidad, que resulta especialmente importante para el alumnado más vulnerable.

12. Las Administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias. Ante el problema que dicha realidad ha supuesto para un número importante de estudiantes, se prestará especial atención a la dotación del equipamiento tecnológico necesario para los centros educativos (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) y el alumnado de todas las etapas y enseñanzas (mediante sistemas de entrega o préstamo). Al mismo tiempo, se promoverán las acciones de formación del profesorado y el alumnado para la utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje.

13. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías responsables de la educación en las comunidades autónomas colaborarán para el desarrollo y la oferta de recursos para el refuerzo de la competencia digital. En el curso 2020‐2021 se intensificarán las acciones de colaboración entre las Administraciones educativas para la elaboración, difusión y oferta de recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje (materiales digitales, espacios web, plataformas de educación, programas audiovisuales), así como para la formación de los diversos sectores de la comunidad educativa. Los resultados de esta colaboración se pondrán a la disposición de las Administraciones educativas, el profesorado y otros colectivos implicados en la educación.

14. El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías responsables de la educación en las comunidades autónomas pondrán en marcha programas de cooperación territorial orientados a dar respuesta a la nueva situación. En el curso 2020‐2021 se pondrán en marcha programas de cooperación territorial cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos estudiantiles que más han sufrido las dificultades vividas y el refuerzo de los centros afectados por las mismas; y la dotación de equipamiento tecnológico que permita mantener el vínculo educativo y formativo en las nuevas circunstancias.