ES LA HORA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS
Es la hora de la recuperación y la construcción de un nuevo país
Pepe Álvarez reclama un gran pacto por la industria y el turismo durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado, “una vez pase la pandemia sanitaria, entrar en fase de recuperación económica y de construcción de un nuevo país. Las personas que más han sufrido con esta crisis no pueden esperar más”.
Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, donde ha puesto en valor el trabajo de las organizaciones sindicales y empresariales “para construir una red de protección para las personas trabajadoras durante la crisis sanitaria, para las empresas y para todo el país”.
Una red que se centró en medidas como los ERTE, “que han sido básicos y fundamentales para que la deshibernación se pueda realizar con plenas garantías para las empresas y los empleados y empleadas. Por ello, somos partidarios de que tengan la misma duración que tengan los efectos de la COVID. Los queremos alargar más allá de septiembre, hasta diciembre, con pleno control de los mismos para establecer si son necesarios prorrogarlos en algunas empresas o ya no”.
En este sentido, ha recordado la necesidad de reconocer el trabajo de los empleados y empleadas del SEPE. “La gestión de los ERTE ha sido compleja y difícil. Las personas trabajadoras han dado todo lo que han podido, y lo siguen haciendo, para gestionar estos ERTE. Pero aún hay personas sin cobrar. Por eso, desde UGT hemos puesto en marcha una campaña para agilizar estos trámites y que las personas puedan cobrarlos más rápidamente. En dos semanas, ya hemos ayudado a más de 20.000 personas”.
Derogar la reforma laboral y acordar un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI
Para el Secretario General de UGT, los ERTE han sido “el instrumento de flexibilidad laboral más importante de nuestra legislación. Un instrumento que viene de hace muchos años, no de la reforma laboral de 2012”.
Una reforma que, para UGT, “hay que derogar de manera imprescindible. Solo ha traído la destrucción de empleo indefinido y la precariedad en el empleo existente. Queremos derogarla por un acuerdo con las organizaciones empresariales y dar forma a un nuevo Estatuto de los Trabajadores”.
De esta forma, ha recordado que el actual “no se toca desde los años 80 y ahora requiere una actualización plena. Desde las plataformas digitales, que no pueden campar a sus anchas como lo hacen, pasando por la regulación del teletrabajo o las empresas multiservicios”.
Tramitar una prestación de ingresos mínimos con más diálogo
Otra de las redes de protección a las que ha hecho referencia Álvarez durante la crisis ha sido el Ingreso Mínimo Vital, “que aunque es positivo, nos hubiera gustado que se hubiera aprobado un decreto de choque, por un lado, y se hubiera tramitado una ley más general y estructural por otro, con mayor aportación de las organizaciones sindicales”.
“El debate en relación a una renta básica requiere más tiempo”, ha señalado, “el concurso de las administraciones locales y autonómicas y que el Estado garantice un mínimo común para los ciudadanos. Eso requiere servicios sociales en los ayuntamientos que detecten la pobreza, que acompañen a las personas en situación de exclusión a salir de ella”.
“No nos olvidamos de la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos que lleva parada en el Congreso cuatro años. Esperamos poder introducirla en el debate parlamentario de esta nueva ley”, ha manifestado.
Pacto por la industria y el turismo
Para Pepe Álvarez, el “Estado tiene que continuar invirtiendo para salir de la crisis pandémica. Nos parece importante poner en marcha políticas que ayuden a reactivar el consumo interno. En este sentido, resulta fundamental un gran pacto por la industria y el turismo, dos de los motores económicos más importantes de este país”.
En relación a la industria, ha recordado que “algunos de los problemas que tenemos hoy son consecuencia de no vertebrar una política industrial más completa, más actualizada, de no invertir más en investigación, en ciencia y en innovación. Ayer mismo se presentó un plan de ayudas para el sector del automóvil, y se hizo sin diálogo previo con las organizaciones sindicales, lo que imposibilitará que sea tan completo como debería”.
Además, resulta imprescindible “implementar un gran acuerdo por el sector turístico, un sector clave para nuestra economía. Hay que aumentar su valor añadido y valorar más la profesionalidad de las personas trabajadoras”.
Pactos importantes que se deberían complementar “con una gran reforma fiscal integral, ya que pagamos pocos impuestos en relación a la Unión Europea (casi 7 puntos menos) y sin impuestos no habrá futuro para nuestros ciudadanos; o con un gran paquete de rehabilitación de vivienda o de mejora del consumo energético”.
Una auditoría externa por parte del Congreso para saber qué ha ocurrido en nuestros servicios públicos durante la crisis
Al inicio de su comparecencia, el Secretario General de UGT ha querido expresar “el dolor de todo el sindicato por los fallecidos y enfermos durante esta pandemia, así como el reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, muchos de ellos y ellas de UGT, para salvar a este país. Empleados y empleadas que han trabajado en condiciones penosas, sin material de prevención y cobrando, en la mayoría de los casos, 950 euros. Que no se le olvide a nadie”.
En este sentido, ha reclamado al Congreso que “encargue auditorías independientes para conocer qué ha pasado en nuestro país durante la crisis y por qué en algunos servicios públicos ha ocurrido lo que ha ocurrido”.
“Por qué las residencias funcionaron tan mal, por qué nuestros hospitales han tenido las carencias que han tenido…nos merecemos conocer por profesionales independientes qué ha pasado y qué hay que hacer para que no vuelva a pasar”, ha considerado.
La Unión Europea debe poner todos los recursos al servicio de la ciudadanía
En relación a Europa, Pepe Álvarez ha reclamado que “nuestro país reme de manera común para conseguir que la UE no solo ponga en marcha los fondos que propone la Comisión, sino que no cierre la puerta a más recursos”.
“La UE se la juega en este envite”, ha afirmado. “O ayuda solidariamente, o se puede romper. El Gobierno debe seguir presionando para aumentar los fondos por la vía de las transferencias directas, no de préstamos; impulsar un endeudamiento solidario; no introducir ninguna condicionalidad a los fondos; e impulsar los cambios para resolver los graves problemas de diseño de la UE, con más equilibrio en las políticas y más democracia en las decisiones”.
CONTENIDO PARCIAL DEL DOCUMENTO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Todas las previsiones dibujan un escenario económico muy negativo, aunque
coyuntural. Según el Gobierno, este año la caída del PIB alcanzará el 9,2% y
el desempleo se incrementará hasta el 19%.
El segundo trimestre será el que
concentre un desplome económico más pronunciado para progresivamente ir
recuperándose a lo largo del año. La previsión para 2021 es de un crecimiento
del 6,8%.
La progresiva reactivación económica pasa por mantener la pandemia bajo
control.
La amenaza del virus sigue presente, de modo que la salud pública
debe continuar siendo la prioridad y el principio de prudencia la guía de todas
las actuaciones. Ni en términos humanos, ni económicos, España se puede
permitir una recaída.
En la primera fase de amortiguación del desplome económico se han tomado un conjunto de medidas que han permitido salvar el tejido empresarial,
mantener el empleo, asegurar rentas y paliar el impacto social: aprobación de
líneas de liquidez para empresas, priorización y flexibilización de los ERTE, extensión de prestaciones contributivas y asistenciales, ayudas para autónomos,
etc.
Estas medidas deben sostenerse en el tiempo para impulsar la salida de la
crisis.
Pero es necesaria una reconstrucción del país que pase por el desarrollo de
un nuevo modelo productivo, laboral y social sostenible a medio y largo plazo,
capaz de conjugar la dinamización de la productividad, la innovación y el conocimiento con la generación de empleos decentes, salarios dignos, mejoras en
el bienestar social y el respeto medioambiental.
Para ello es necesario:
- Diversificar la estructura productiva desarrollando las capacidades industriales del país, a través de un Plan estratégico por la industria que sea fruto del acuerdo en el diálogo social, e impulsando la modernización de los sectores que son tractores para la generación de riqueza y empleo.
- Tener presente que la calidad, la sostenibilidad medioambiental y la transformación digital son palancas transversales que deben orientar las inversiones necesarias para la reactivación económica en todos los ámbitos.
- Ganar en innovación a través de una estrategia de I+D+i que permita incrementar tanto la inversión pública como la privada, hasta alcanzar el 3% del PIB; y crear un marco normativo que ofrezca estabilidad a los planes de investigación y asegure la coordinación de las políticas de I+D+i con la industria, eliminando el pesado lastre burocrático que diluye y entorpece el desarrollo de iniciativas y proyectos en esta materia.
- La articulación de un sistema de enseñanza y formación a lo largo de la totalidad de la vida que sea concebido como derecho y constituya la base para la mejora y la modernización del sistema productivo, con capacidad de adaptación y creación de empleo decente.
- Avanzar en bienestar social, igualdad y equidad, lo que requiere de la mejora de los servicios públicos, entendidos como base de nuestros derechos. En este sentido, cobra especial relevancia el fortalecimiento de nuestros Sistemas Nacional de Salud y de Dependencia, profundamente dañados por años de políticas de austeridad y recortes.
- Actuar rápida y eficazmente para completar, garantizar y mejorar los sistemas de protección social, que hoy presentan vacíos de cobertura e incertidumbres.
- Construir un nuevo marco de relaciones laborales que fomente el empleo estable, los salarios suficientes, la conciliación y las empresas productivas.
El aumento de la contribución fiscal es pieza clave para garantizar los derechos
sociales, así como para impulsar la actividad económica, la inversión y transformar el tejido productivo. España recauda el 35,4% del PIB, lo que nos sitúa
a 6,3 puntos de la media de la Eurozona (41,7%) y suponen 78.500 millones de
euros menos de ingresos públicos.
En esta ocasión la UE ha optado por dar una respuesta distinta a la de 2008 en
adelante para encarar la crisis. Por una parte, el paquete de amortiguación se
articula a través de créditos y avales, es decir, más deuda (250.000 millones
del MEDE, 100.000 millones del SURE y 35.000 millones del BEI), lo que supone un problema para los países que tienen un mayor nivel de endeudamiento.
Pero, por otra parte, el fondo anticrisis para la reconstrucción, aunque exiguo
en cuantía, supone un cambio en la buena dirección, pues transfiere recursos
comunitarios a los países más afectados. Este fondo asigna a España 140.000
millones que deberá invertir en la transformación del modelo productivo.
La
validez de la iniciativa depende de que se desprenda de cualquier carga de
condicionalidad, que suponga la aplicación encubierta de nuevos programas
de ajuste o reducción de derechos laborales o sociales. El cambio de rumbo
de la UE debe servir también para saltar a la siguiente etapa de integración.
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
El Gobierno prevé, en la actualización del Programa de Estabilidad 2020 enviada a
Bruselas, una caída de la economía española del 9,2% este año y un crecimiento del
6,8% en 2021. Esto significa que la economía no se recuperará completamente el año
que viene, quedándose un 3% real por debajo de su nivel en 2019.
La recuperación
tendrá, por tanto, forma de ‘V asimétrica’, pues no se recobrará todo lo perdido el
próximo año. Este pronóstico se ubica algo por encima del realizado por el FMI (-8%),
en línea con el de la Comisión Europea (-9,4%) y dentro de las bandas definidas por la
AIReF (-8,9% y -11,7) y el Banco de España (-6,6% a -13,6%). Estas previsiones están
sujetas a un elevado grado de incertidumbre debido a que no es posible anticipar la
evolución de la pandemia en España y en el resto del mundo.
La Contabilidad Nacional estimó para el primer trimestre del año una caída de la
actividad del 4,1% anual en el primer trimestre, -5,2% intertrimestral. La dimensión
precisa de esta caída se observará en el segundo trimestre, el cual será el peor del
año. Durante el primero el hundimiento fue amortiguado por la normalidad de la
actividad hasta la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.
El tercer y cuarto
trimestres serán de recuperación, en torno al 9,5% y el 5,1% intertrimestral, respectivamente, según las estimaciones del Gobierno.
El Gobierno espera también una fuerte caída de los mercados a los que se dirigen las
exportaciones españolas este año y una recuperación a menor ritmo el que viene.
El
tipo de cambio con el dólar se mantendrá y el precio del petróleo registrará un significativo recorte, siendo el único factor positivo externo. Lo que resta de año y el que
viene, los precios no crecerán o incluso serán negativos, activándose el fantasma de
la deflación, otra de las razones para que las políticas fiscal y monetaria sean expansivas.
La fuerte rebaja del PIB en 2020 se debe a una mayor caída de la demanda interna (-9,7%) que el saldo con el exterior compensará parcialmente en medio punto,
gracias a una reducción de las importaciones mayor que de las exportaciones. La
inversión se recorta en más de un 25% y el consumo de los hogares un 8,8%; solo el
consumo público aumenta un 2,5% por las medidas de amortiguación.
Las horas trabajadas caerán un 9,7%, mientras que en 2009 -el peor año para el empleo de la anterior crisis- lo hicieron un 6%.
La remuneración de asalariados subirán
un 2%, lo mismo que el año pasado, lo cual es muy discutible en tanto hay 3,4 millones de trabajadores en ERTE que están sufriendo y sufrirán el recorte de su salarios
desde finales de marzo hasta, posiblemente, mediados o finales de junio, junto a
otros que, como resultado de las medidas de ajuste, verán gravemente afectadas sus
condiciones económicas.
Según el Gobierno, la tasa de paro aumentará en casi cinco puntos hasta el 19%
en 2020, un millón más de desempleados casi equivalentes a los cerca de 900.000
afiliados que se perdieron entre el 12 y el 31 de marzo y que en abril han sumado
49.000 más.
LA ESTRATEGIA PARA SALIR DE LA CRISIS
España se ha convertido en uno de los países más golpeados por la pandemia generada por la COVID-19. Cientos de miles de contagios, con una tasa de mortalidad de
las más altas del mundo lo certifican. Asimismo el impacto sobre la salud pública ha
sido asimétrico tanto por territorios como por edad.
Y ya empieza a constatarse que
el nivel socioeconómico también ha sido un factor determinante. La reducción de los
contagios, de los ingresos en UCI y de los fallecimientos indica que el confinamiento
ha resultado eficaz en la lucha contra la transmisión del virus. No obstante, la amenaza sigue presente y, por lo tanto, la salud pública debe seguir siendo la prioridad
y el principio de prudencia la guía de todas las actuaciones.
El control de la pandemia era condición indispensable para retomar la actividad
económica. La activación de las empresas y la vuelta al trabajo junto al de la recuperación de la movilidad de la ciudadanía son procesos clave que deben hacerse con
las mayores dosis de cautela.
Es muy importante recuperar lo más pronto posible
la actividad productiva, y tanto como se pueda, pero más aún lo es que el trabajo se realice con las mayores garantías de seguridad.
Esta dinámica de recuperación
de la actividad laboral presencial debe estar regulada por el trabajo específico de
empresas y representantes de los trabajadores con el fin de garantizar la salud de
las personas trabajadoras, constituyendo así un precedente que debe mantenerse a
futuro e impulsando una nueva cultura de la seguridad en el trabajo, más necesaria
que nunca.
La recuperación de la economía nacional y el tiempo y el esfuerzo que requerirá la
vuelta a los niveles anteriores de actividad, así como el coste en términos de recursos públicos y desequilibrio inevitable de las cuentas, dependerá, en primer lugar, de
las condiciones de superación de la epidemia, pero asimismo de las políticas que se
apliquen durante este ejercicio, especialmente, y los siguientes.
Resulta, por lo tanto,
imprescindible disponer de una estrategia económica, además de la correspondiente
a la lucha contra la epidemia.
Como auguran todas las previsiones nos enfrentamos a una crisis inédita como consecuencia de la paralización de la vida social y la economía. Una crisis cuyo origen
y causas no son –a diferencia de las precedentes desde los años cuarenta del siglo
XX– económicas. Pero, cuyas repercusiones están produciendo los mayores retrocesos económicos que se han registrado en ochenta años.
En consecuencia, debe evitarse que se confunda lo que hay que hacer en cada momento, y que, por ejemplo,
comencemos hablando de cómo vamos a corregir un desequilibrio fiscal en parte
ocasionado por un ineludible esfuerzo que aún no ha hecho más que comenzar. En
el momento actual, el peligro consiste en no hacer todo cuanto sea necesario para
limitar los daños a las empresas y a las familias, que son los principales agentes económicos.
Esta es la fase en la que nos encontramos.
Producción y rentas se han hundido y, cuanto mayor sea ese hundimiento, más difícil, más larga y más onerosa será la recuperación. Pero, si limitamos el hundimiento
económico adoptando todas las medidas necesarias, mantendremos el tejido productivo y el tejido social imprescindibles porque son nuestro patrimonio económico
y nuestros recursos, limitaremos sus daños, y la recuperación será más rápida y más
sólida.
Y, acto seguido, restituiremos mucho antes la enorme suma que inevitablemente tenemos que pedir prestada para salvar nuestra economía, nuestras familias
y nuestras empresas.
Determinar bien cuáles son los pasos a dar en cada momento resulta esencial para
obtener los mejores resultados, para reducir los efectos negativos sobre la economía,
las empresas y el empleo de las medidas de lucha contra la pandemia, para adelantar y reforzar la recuperación, y para superar posteriormente de forma más rápida los
efectos que todo ello va a dejar.
Esa es la estrategia que necesitamos: actuaciones,
medidas, intensidades y tiempos.
En primer lugar, en la actual fase se están adoptando un conjunto sin precedentes de
medidas que permiten salvar el tejido empresarial manteniendo los empleos, reducir
los efectos negativos de la paralización de la economía sobre las rentas, y establecer
una larga serie de medidas de protección para los grupos más vulnerables.
Personas con trabajo temporal, o las que desempeñan trabajo doméstico, personas
sin derecho suficiente a prestaciones por desempleo, personas que no pueden desarrollar su trabajo por cuenta propia, y un largo etcétera, han sido objeto de tales
políticas de protección social, alcanzando un volumen de beneficiarios nunca visto
anteriormente.
En el conjunto aproximado de la población activa, más del 38% de las
personas se han visto afectadas por las consecuencias del coronavirus en el mercado
laboral, teniendo en cuenta los nuevos parados, los trabajadores afectados por un
ERTE y los autónomos con prestación extraordinaria. A ello se le han sumado otras
medidas específicas para proteger desde otros órdenes a personas vulnerables desde
el punto de vista de la salud o la vivienda, entre otros.
En el plano de salvar y sostener las empresas, se ha desplegado un considerable dispositivo de créditos y avales garantizados por el Gobierno, así como el aplazamiento
del pago de impuestos y cotizaciones, que permiten subsistir en situación de inactividad especialmente a las pymes.
Muchas de estas medidas están siendo extendidas en el plano temporal, como los
ERTE por fuerza mayor y las medidas excepcionales de protección por desempleo
de las trabajadoras y trabajadores amparados por ellos, o las prestaciones por cese
de actividad de los trabajadores autónomos, y ampliadas en sentido cuantitativo,
como algunas líneas de liquidez dirigidas a las pymes y autónomos.
No obstante, el
conjunto de las medidas fiscales adoptadas en España frente a la pandemia resultan
menores –especialmente en cuanto a las medidas de rentas y gasto directo- que las
adoptadas por otros países del grupo del G-20.
Una segunda fase corresponde con la necesidad de sostener las medidas durante el
proceso gradual de reactivación productiva.
En esta etapa, la vuelta a la actividad implica una progresiva reincorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo. No
todas las actividades podrán, sin embargo, volver de forma inmediata a la actividad
previa en todo o en parte, lo que implica el mantenimiento para estos casos de los
dispositivos de suspensión total o parcial del empleo, y de aseguramiento de rentas.
El objetivo debe ser acortar el tiempo y el esfuerzo para la recuperación, lo que exige necesariamente reducir el hundimiento de la economía en 2020. La recuperación
tiene que tener la forma de “V” tan reducida y acentuada en esa recuperación como
sea posible. Esto implica dos cosas.
La primera consiste en que el hundimiento sea lo menos pronunciado posible.
Hay que aminorarlo, porque eso acortará la posterior recuperación de los niveles previos
a la crisis evitando la destrucción de empleo, la desaparición de empresas, y manteniendo las rentas familiares. Para ello es necesario un programa de actuaciones
de envergadura suficiente para que cree un apuntalamiento de empresas, empleo y
familias, y consiga establecer el debido soporte del PIB:
- El buen funcionamiento de la incorporación progresiva de las y los trabajadores a las empresas, mediante una utilización adecuada y flexible de los ERTE correspondientes a esta etapa. Las empresas no pueden reincorporar a sus trabajadores de un día para otro. La reincorporación tendrá que ser acompasada con la demanda que es la que determina la producción.
- La minimización de los despidos, y la utilización alternativa de las suspensiones de empleo. Es crucial medir la recuperación a partir de la evolución del empleo y la tasa de paro.
- La continuación y ampliación hasta donde sea necesario de los apoyos financieros suficientes a las empresas. Hay que garantizar que la liquidez sirve de soporte real a las empresas en esta situación, evitando –entre otras cosas– que los bancos retengan los créditos garantizados para sustituir el endeudamiento previo de las empresas. Asimismo, la inyección directa de recursos financieros a empresas por parte del Estado que podría ser necesaria, deberá ir acompañada con la entrada de este en el capital accionarial.
- La prolongación y ampliación tanto como sea necesario de los esquemas de protección de rentas:
- Prestaciones por desempleo adaptadas a todas las necesidades de incorporación progresiva en las empresas (con ERTE flexibles).
- Prolongación de las prestaciones extraordinarias por desempleo reconocidas a aquellos grupos que carecen de derecho debido la precariedad de las relaciones laborales.
- Prestaciones para los trabajadores autónomos compatibles con la recuperación progresiva de la actividad.
- Establecimiento de un dispositivo de renta mínima garantizada, suficientemente dotado y que se despliegue lo más rápidamente posible para alcanzar los colectivos potencialmente protegibles.
Empleo y rentas significan, a través de sus efectos directos e inducidos sobre el consumo familiar, más del 60% de la demanda interna y, por lo tanto, del restablecimiento de la producción de las empresas, máxime en esta situación en que no es en modo
alguno esperable la recuperación de la inversión privada en este ejercicio.
Las medidas discrecionales de gasto y de sostenimiento de rentas adoptadas hasta la
fecha alcanzan un orden de magnitud relativamente similar a la caída del PIB registrada en este primer trimestre, por lo que se requerirá no solo el mantenimiento de
esas medidas sino su incremento, de tal forma que tenga la potencialidad necesaria
para compensar lo más posible la caída en la primera mitad del año e impulsar la
recuperación del PIB en la segunda parte del mismo.
Sin ello, sin un plan y una actuación decidida en términos de gasto, el hundimiento registrado en la primera mitad
de este año terminará, en parte, consolidándose, y su coste en caída de la actividad
hará más difícil, más larga y más costosa la recuperación.
La segunda mitad de la “V” de esta crisis, que puede resolverse mejor si fundamentalmente se adoptan medidas de suficiente magnitud para que actúen en la segunda
parte del año -la correspondiente a la recuperación- tras aminorar la profundidad de
la caída del PIB, exige que, cuanto antes, se refuercen los mecanismos de impulso
de la demanda.
Los mecanismos que, por un lado, propulsen el más rápido y pleno
restablecimiento de la producción de las empresas, y por otro, la recuperación del
empleo, de las rentas y del consumo de las familias.
No habrá recuperación si no hay demanda que tire de ella.
El consumo es el principal
instrumento con el que contamos para lograr levantar, impulsar y poner en marcha la
actividad económica y las empresas. La única palanca de actuación inmediata y para
generar el arrastre de la economía es el consumo familiar y su complemento en las
Administraciones Públicas.
El imprescindible impulso de la demanda tiene una estrecha relación con los sectores
más afectados por el confinamiento y con el mantenimiento de las incertidumbres
sanitarias.
El peso considerable de estas actividades sobre la economía española,
muy superior al de países próximos, lleva a la necesidad inexcusable de unir en favor
de los mismos tres grandes elementos: seguridad, responsabilidad (de las autoridades en todos los ámbitos para adoptar las políticas más adecuadas) y la garantía de
conectividad del conjunto del territorio a través de los diversos modos de transporte.
Su recuperación coadyuvará, en un círculo virtuoso, la del conjunto de la economía.
Lo contrario constituirá una grave rémora para el crecimiento y la recuperación del
resto de la economía.
Por otra parte, el impulso de la demanda interna también debe pasar por el esfuerzo
inversor.
La reactivación del consumo, asociado a las políticas amortiguadoras de
corto plazo aprobadas durante este tiempo, hará recobrar paulatinamente la producción y el crecimiento económico, y con ello se producirá una mejora de las expectativas y la dinamización de la inversión privada. Sin embargo, cobra una especial relevancia el rol que debe adquirir la inversión pública para impulsar una recuperación
económica y social del país en una clave estratégica de futuro.
Se ha señalado con todo acierto que la crisis sanitaria ha dado paso a una crisis económica que requiere de una fuerte movilización de los recursos del Estado. Esto es
ineludible. El paquete de estímulos a la economía ha de pasar de un enfoque compensador a un carácter impulsor de la actividad económica.
El incremento de la deuda, previsto por todos los analistas e instituciones, es inevitable y es necesario. Y, si se hace adecuadamente, no debe plantear problemas de
sostenibilidad. Cuanto más invirtamos en la recuperación, antes se estabilizarán las
cuentas públicas y antes podremos devolver los préstamos que inevitablemente tenemos que pedir, y estamos ya pidiendo.
Un euro más gastado ahora adecuadamente
puede producir más de un euro y en menos tiempo.
Decía Olivier Blanchard (que fue economista jefe del FMI), que “La deuda no es buena, pero tampoco es catastrófica. Se puede usar, pero se debe usar bien”. Ya en la
crisis pasada aprendimos dolorosamente dos cosas. La primera, que las políticas
de austeridad, de recorte del gasto público, no impulsan la economía, sino lo
contrario.
Hasta las instituciones más firmemente defensoras de ello, terminaron
por reconocer su error. Y la segunda, que la desconfianza de los inversores (y las dificultades y el encarecimiento aparejados a la financiación de la deuda) aparece vinculada con el debilitamiento de la capacidad para devolver los préstamos, más que
con el nivel relativo de la deuda.
Una economía que crece pronto y lo hace de forma
robusta tiene solvencia y capacidad para amortizar más, y más rápido, los préstamos.
No podemos repetir los mismos errores.
La sostenibilidad es un concepto relativo que depende del volumen de la deuda, pero
más aún del crecimiento del PIB. La mitad de todo el crecimiento de la deuda previsto
en 2020 se debe, en esa ecuación, a la caída del PIB.
Si el PIB creciera débilmente
o si tardara en recuperar los niveles anteriores a la crisis de confinamiento, nuestra
capacidad para sostener la deuda parecerá sin duda menor.
En este sentido, la estrategia de financiación de la recuperación económica debería
asumir las siguientes orientaciones:
- Es mejor hacer un esfuerzo algo mayor en los niveles de endeudamiento si de ello depende la recuperación de esos necesarios niveles de crecimiento económico. Si no lo conseguimos, se endurecerán las condiciones de financiación de una deuda que de todas formas va a crecer en un solo ejercicio de forma sustancial.
- Con mayores niveles de crecimiento económico podremos mantener los actuales de la prima de riesgo. Aumentar y aprovechar al máximo la capacidad de financiación de las instituciones europeas, que –por fin- parecen decididas a dar pasos en la dirección adecuada, aunque aún no sabemos si suficiente. Todas las transferencias, pero también los créditos, serán necesarios (Ver punto 7).
- Hay que asegurar de una vez por todas ingresos fiscales suficientes.
Lo necesario ha de ser sostenible. Esta tremenda crisis sanitaria, y los sacrificios que
nos está obligando a hacer a todos sin excepción, han mostrado que el camino es
la solidaridad, el esfuerzo compartido, la asunción de responsabilidades comunes.
Asumir una deuda unos pocos puntos del PIB más alta, impulsar el crecimiento económico del país, compartir esfuerzos y recursos con los demás países europeos con
los que hemos creado juntos instituciones comunes y hacer más justo, sin privilegios,
y más parecido a nuestros vecinos, el pago de impuestos.
Esta es la estrategia de financiación que necesitamos.
La reactivación de la economía española debe combinar la aplicación de las
medidas de urgencia para salir antes de la crisis con el impulso de un nuevo
modelo productivo, laboral y social sostenible a medio y largo plazo, capaz de
conjugar la dinamización de la productividad, la innovación y el conocimiento con la
generación de empleos decentes, salarios dignos, mejoras en el bienestar social y el
respeto medioambiental.
Es decir, un modelo que garantice la eficiencia económica,
la equidad social y la sostenibilidad ecológica, y permita superar las brechas preexistentes (no sólo las de clase, sino también las relacionadas con la edad, el lugar de
origen o residencia, o la desigualdad entre hombres y mujeres, entre otras).
Para afrontar el ambicioso objetivo de desarrollar “Un país con futuro: más social,
más igualitario,más productivo, más verde” es imprescindible contar con la participación de los interlocutores sociales tanto en el diseño de la orientación estratégica de
la reactivación económica y social, como posteriormente en su desarrollo sectorial
y territorial. Así pues, desde CCOO y UGT consideramos que el diálogo social, en sus
diversos niveles, cobra un papel fundamental en este contexto.
La Educación y la Formación a lo largo de la vida son un derecho y la base para la mejora y la modernización de un sistema
productivo con capacidad de adaptación y creación de empleo
decente.
El impacto de la pandemia por COVID 19 ha supuesto la aparición de un nuevo escenario en la Educación en todos sus niveles, desde la etapa de Educación Infantil hasta
la Universidad. En un ámbito que ha sufrido importantes recortes en inversión presupuestaria, con reducción de medios humanos y materiales desde 2010, la situación
actual ha puesto de relieve con crudeza las debilidades de nuestro sistema educativo.
En nuestro país y con referencia al porcentaje sobre el PIB, desde 2009 se han "perdido" o se han dejado de invertir entre 6.000 y 9.000 millones de euros en las enseñanzas de niveles no universitarios, incluida la Formación Profesional, así como la
financiación de nuestras universidades públicas.
Nunca es acertado recortar en Educación, pero en estos momentos, aplicar políticas
de austeridad en este ámbito sería suicida. Se necesitan más recursos humanos y
materiales. Las diferentes etapas de la enseñanza reglada junto a la formación permanente en el entorno laboral deben formar un sistema en armonía que permita
construir a todas las personas un itinerario formativo a lo largo de toda la vida.
Este
sistema debe dotar de las capacidades necesarias para el acceso al empleo, ofrecer
posibilidades de recualificación para la adaptación a los cambios que se suceden en
el entorno productivo y posibilitar la promoción en el trabajo, así como reducir las
elevadas tasas de abandono escolar temprano.
En este sentido es necesario:
- Un pacto político y social para fortalecer y dar estabilidad a la enseñanza reglada y a los sistemas de formación permanente en el ámbito laboral, que esté sustentado en la equidad y la mejora de la financiación.
- El fortalecimiento de la Formación Profesional en todos sus niveles, apostando por un involucramiento del tejido empresarial y de los interlocutores sociales en su diseño e implementación.
- El impulso de un sistema de becas que permita reducir los insoportables niveles de abandono escolar temprano.
- La implementación de programas de políticas activas vinculadas a las estrategias públicas de transición justa, que contribuyan a una inserción real de las personas en situación de desempleo, que mejoren las capacidades y habilidades de los trabajadores y favorezcan el acceso y la permanencia en el trabajo.
- El reconocimiento y validación de la experiencia laboral previa para el acceso a los programas de formación para la adaptación a nuevos requerimientos.
- La información y orientación como servicio indisociable de la formación junto a la mejora en la prospección y la adecuación de los programas formativos.
- La elaboración de planes de formación sectoriales.
- Un plan tecnológico a través del cual se implementen las medidas necesarias para corregir todas las carencias advertidas.
- Apuesta decidida por la generalización de la Educación Infantil de 0 a 3 años.
- Un Pacto estatal en favor de la Ciencia, la Investigación y la Innovación.
Las políticas de austeridad nos han salido caras. Debemos
fortalecer el Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Dependencia.
La emergencia sanitaria generada por la pandemia ha hecho saltar las costuras de
nuestro Sistema Nacional de Salud, al tiempo que ha evidenciado las heridas producidas por años de austeridad y recortes y dejado en evidencia la dependencia productiva de nuestro país frente al exterior en lo que respecta a material y equipamientos
sanitarios.
También se ha hecho patente la falta de una estrategia de salud pública
que permita afrontar situaciones como la creada por la COVID-19 y el débil músculo
en el ámbito de la investigación sanitaria.
En España la inversión en sanidad se encuentra por debajo de la inversión que realizan las principales economías europeas.
Parte de los recursos presupuestarios se han
dedicado a incrementar el peso de la sanidad privada, descapitalizando el Sistema
Nacional de Salud.
El gasto sanitario per cápita en algunas comunidades autónomas,
y entre ellas parte de las más afectadas por la pandemia, se encontraba antes de la
llegada de la crisis en niveles ínfimos.
Todo ello exige la revisión del actual régimen
de colaboración entre la sanidad pública y privada, que parta de una imprescindible
auditoría del funcionamiento del sistema para conocer las carencias y así poder resolverlas.
La sociedad debe reconocer el esfuerzo realizado por el conjunto de profesionales
de la salud consensuando las medidas necesarias para el fortalecimiento del sistema
público de salud:
- Mejora de la financiación del sistema público de salud hasta alcanzar el 7,2% del PIB, a través del compromiso explícito y expreso a nivel de todas las Administraciones Públicas involucradas, principalmente Comunidades Autónomas, de mantener un nivel de gasto mínimo adecuado por habitante en materia sanitaria destinado a la mejora y desarrollo de la Sanidad Pública.
- Paralización de las privatizaciones de la red sanitaria pública.
- Refuerzo de la Atención Primaria, que deberá percibir el 25% del presupuesto total para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios. Mejorar su capacidad resolutiva retomando sus valores intrínsecos, como la educación para la salud, la prevención y la promoción de la salud.
- Actualización, cambio y mejora de la tecnología sanitaria.
- Incremento en la dotación de recursos humanos y dignificación de sus condiciones laborales. Estabilización de las plantillas y consolidación de empleo, aspirando a equiparar las ratios de personal sanitario a la media Europea. Recuperación de los derechos arrebatados a todo el personal sanitario en materia de jornada laboral, pagas extras, 5% del salario, acción social, etc.
- Equiparación de las competencias profesionales sanitarias a un nuevo modelo de clasificación profesional, reordenando funciones y adecuándolo al marco europeo.
- Armonización de la cartera básica de servicios en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, situando a la persona en el centro del sistema y eliminando las desigualdades en salud y las inequidades entre las personas y entre los territorios. Para ello también es importante que se potencien los medios existentes, como el Fondo de Cohesión o el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial), dotándolo del presupuesto adecuado.
- Recuperación del proyecto de Agencia de Salud Pública como elemento participado de coordinación de las Administraciones y sectores.
- Recuperación del nivel de inversión en Salud Pública.
- Desarrollo de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- Impulso de la investigación pública para el desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, estudio científico de patologías, reservándose las Administraciones Públicas promotoras los derechos sobre las patentes.
- Inversión en infraestructuras sanitarias: rehabilitación y adecuación, también en lo relativo a la eficiencia energética, y construcción de nuevos centros de salud.
- Control del gasto farmacéutico con mecanismos que contribuyan a su eficiencia: impulso de una central de compras, aumento del uso de genéricos y control del precio de los medicamentos, especialmente de los nuevos fármacos. El Ministerio de Sanidad debe establecer los límites en base a criterios de eficiencia, actualización y priorización. Debe garantizarse la información y formación actualizada en farmacoterapia a todos los profesionales prescriptores y que ésta sea independiente de las empresas farmacéuticas.
- Eliminación de los copagos farmacéuticos y modificación del Real Decretoley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
- Control del marketing farmacéutico, exigiendo la declaración pública de las ayudas que se destinen a los profesionales de la salud por el sector.
- Revitalización de los mecanismos e instrumentos de participación sindical, social, profesional y ciudadana en todos los niveles y en los distintos órganos de representación y participación social e institucional del Servicio Nacional de Salud, impulsando, entre otras cuestiones, los Consejos de Salud, para dar mayor participación en las decisiones a los ciudadanos.
AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN PARA SOSTENER LA INVERSIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES
La contribución fiscal española (35,4%) está 6,3 puntos1 porcentuales del PIB por
debajo de la de la Eurozona (41,7%), siendo también inferior a la del resto de sus
grandes economías: Francia (48,4%), Italia (42%) y Alemania (41,5%).
Si España tuviera una contribución fiscal equiparable a la europea recaudaría 78.500 millones
de euros adicionales. Con ellos se podría saldar completamente el déficit de todas
las Administraciones Públicas en 2019 (35.000 millones) y sobrarían 43.500 millones
con los que se podría cerrar de forma importante la brecha de esfuerzo público con
la Eurozona en sanidad (13.200 millones), educación (6.000 millones) y protección
social (32.000 millones).
Asimismo, la inversión pública se incrementaría un 9% como
parte de estos gastos.
Por tanto, más allá de la imprescindible ayuda fiscal europea a corto plazo para responder al impacto económico y social de la COVID-19, España cuenta con un importante recorrido fiscal estructural para compensar la deuda, impulsar la actividad económica, transformar su tejido productivo y garantizar los derechos
sociales reforzando el Estado de bienestar.
Hay que recuperar de inmediato los 10.500 millones de recaudación perdidos con la
reforma fiscal del PP de 2015-2016 y progresivamente aproximar el nivel de tributación al de Europa. La reforma fiscal propuesta por el Gobierno no solo no recaudará lo suficiente (5.645 millones) sino que, además, su estimación de ingresos está
sesgada al alza.
Son necesarias las nuevas figuras propuestas, como la llamada ‘tasa
Google’ o el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), pero esta última está
injustamente diseñada en tanto deja fuera las principales operaciones de los brokers
y los derivados financieros. Y, en todo caso, el déficit de recaudación de nuestro sistema no se corregirá solo con esas medidas, sino que será preciso abordar reformas
en prácticamente todas las figuras.
El progresivo aumento de la contribución fiscal debe acompañarse, de la intensificación de la lucha contra el fraude, principal fuente de inequidad fiscal, lo que pasa por
reforzar la Agencia Tributaria y por endurecer la normativa antifraude.
Asimismo, debe mejorarse la evaluación de la economía en el uso de los recursos públicos y de la eficacia para alcanzar objetivos y prestar servicios de calidad. También
debe mejorarse la evaluación económica del uso de recursos públicos y de la eficacia
para alcanzar los objetivos marcados y prestar servicios de calidad.
Con tal fin es necesario disponer de una contabilidad de costes homogénea en todos los niveles de la
Administración y dotar de profesionales especializados propios a la AIReF para llevar
a cabo un "spending review" cuantitativo y cualitativo de calidad.
El sistema tributario (impuestos + cotizaciones sociales) no solo adolece de insuficiencia de recursos, además es en su conjunto regresivo, mientras que las figuras
impositivas que pueden incorporar progresividad lo hacen de manera débil.
El 70%
de la recaudación de las Administraciones Públicas se consigue a través de figuras
regresivas, incluidas las cotizaciones sociales, debido a que la base máxima de cotización es muy baja. Si se consideran solo los impuestos, sin cotizaciones, también
preponderan los impuestos indirectos (53%) sobre los directos (47%).
Pero esto no
ha sido siempre así, en 2008 los impuestos directos recaudaban más (52,7%) que los
indirectos (47,3%). Como resultado, las familias española más ricas destinan el 26,3%
de su renta al pago de impuestos, mientras en Alemania dedican el 40,6%, en Italia
el 36,2% y el 28% en Francia.
Los desequilibrios en el esfuerzo tributario se dan igualmente entre las empresas.
Por ejemplo, cuanto mayor es la empresa menor es su esfuerzo relativo en el pago
de cotizaciones sociales, nuevamente debido a que la base máxima está topada.
Por
otro lado, los grandes grupos empresariales pagan muy pocos impuestos en relación
a sus beneficios, lo que da una idea de las excesivas deducciones y beneficios fiscales
en el impuesto de sociedades.
Según la AEAT, los 36 grupos de entidades de crédito pagan impuestos que equivalen al 2,7% de sus beneficios y entre los grupos del
sector de construcción y actividades inmobiliarias es el 1,9%.
En el otro extremo las
pequeñas empresas pagan un 19,1%, la medianas un 14,4% y las microempresas un
14,8%.
La equidad por fuentes y destinos de renta es también muy deficiente. El 48% de la
recaudación la aportan las rentas del trabajo, el 24% del capital y el 30% restante
proceden de los impuestos sobre el consumo.
Con el fin de lograr un sistema tributario suficiente, equitativo y progresivo proponemos los siguientes cambios en:
IRPF
- Integrar la base del ahorro en la base general con los mismos tipos y tramos.
- Crear nuevos tramos de renta por encima de los 60.000 euros, elevando sus tipos marginales.
- Elevar el porcentaje de imputación de las viviendas a disposición de los propietarios distintas de la habitual situadas en zonas tensionadas.
- Eliminar el método de estimación objetiva por módulos para la declaración del rendimiento de actividades económicas.
- Revisar para eliminar deducciones, reducciones y exenciones regresivas.
- Mantener los tres tipos del IVA en tanto que compensan la regresividad del impuesto y no pueden considerarse beneficios fiscales.
- Gravar todos los bienes y servicios básicos de la vivienda habitual (gas, electricidad, calefacción, etc.) con el tipo superreducido o reducido aprovechando los márgenes de la Directiva comunitaria y poniendo un límite máximo a los consumos.
- Impulsar en Europa la posibilidad de recuperar un tipo incrementado para los bienes de lujo.
- Establecer un impuesto mínimo del 15% sobre el beneficio contable.
- Eliminar el régimen de consolidación de grupos.
- Limitar a cuatro años la compensación de pérdidas con beneficios futuros o descontar deducciones fuera del ejercicio.
- Revisar y recortar las deducciones y exenciones.
- Equiparar la tributación de las SICAV y SOCIMI a la del resto de empresas.
- Eliminar la posibilidad de que tributen en Sociedades en lugar de en IRPF, de aquellas que no tengan más de 5 trabajadores y que no demuestren que tienen una actividad mercantil continuada.
- Eliminar el beneficio de la doble imposición internacional de dividendos para filiales situadas fuera de la UE.
- Imposibilidad de recibir ayudas públicas para cualquier empresa que tenga filiales en paraísos fiscales.
- Recuperar para la Hacienda estatal la definición de la base y el establecimiento de los tipos impositivos que deben ser progresivos, dejando la recaudación para las comunidades autónomas. En su defecto, establecer un suelo impositivo para todas la comunidades autónomas con el fin de evitar la competencia fiscal entre ellas.
- Aumentar las limitaciones a la exención del patrimonio ligado a la actividad empresarial e introducir el valor catastral para la valoración de los bienes inmuebles.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Recuperar para la Hacienda estatal la definición de la base y el establecimiento de los tipos impositivos que deben ser progresivos, dejando la recaudación para las comunidades autónomas. En su defecto, establecer un suelo de impositivo para todas la comunidades autónomas con el fin de evitar la competencia fiscal entre ellas.
- Establecer también un tipo máximo marginal del 70% para las grandísimas fortunas, superiores a 1.000 millones de euros, para impedir la concentración de poder y promover con su recaudación la igualdad de oportunidades entre los jóvenes.
Cotizaciones sociales
- Destopar la base máxima al tiempo que se mejora la contributividad.
- Que los trabajadores autónomos coticen por sus bases reales
Lucha contra el fraude
- Ampliar el delito fiscal, eliminando que la regularización de la deuda exima del delito penal, que pueda ser considerada una eximente o que prescriba.
- Ampliar los plazos recaudatorios para la Seguridad Social.
- Establecer que la obligación de que todas las transacciones entre empresas se hagan por medios electrónicos, y para los particulares las que estén por encima de 200 euros.
- Duplicar los recursos físicos y humanos de la AEAT.
La duplicación de la AEAT es, además,
una política que se autofinancia.
Por último es necesario establecer unas normas fiscales internacionales que eviten
la erosión de las bases imponibles y la localización de beneficios en paraísos fiscales
o jurisdicciones de baja tributación. Para ello proponemos:
- Abandonar la regla de la unanimidad en la UE en temas fiscales.
- Promover un tipo efectivo mínimo homogéneo en el impuesto de sociedades, como ya existe en el IVA. Establecerlo sobre el resultado contable, por ejemplo, del 15%.
- Estrechar la vigilancia internacional sobre las operaciones vinculadas.
- Establecer la obligación de declarar los impuestos que pagan en otros países aportando copia de su impuesto de sociedades para todas las empresas que operan en España.
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