NECESIDAD SOLUCIONES EMERGENCIA

“Estamos en una situación de alarma y necesitamos soluciones de emergencia”

Pepe Álvarez: "La mayoría de las empresas españolas no están preparadas para una situación como la actual"

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha participado en el debate del programa El Objetivo, de la Sexta, para analizar las consecuencias laborales económicas que está teniendo el impacto del coronavirus en España.

Pepe Álvarez ha subrayado que “lo que más preocupa al sindicato en este momento es, por un lado, todo lo que tenga que ver con garantizar el derecho a la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras y, por otro lado, que el próximo Congreso de Ministros solucione ya el cambio normativo en la tramitación de los ERTES”.

Agilizar la tramitación de ERTES

“Se trata de un problema que ya está ahí y es necesario, en primer lugar, establecer un sistema exprés para que los ERTES planteados a consecuencia del coronavirus se tramiten de forma rápida y sencilla, en segundo lugar, para que a los trabajadores que sufran estos ERTES no les cuenten para su desempleo y en tercer lugar, para que las personas que no hayan generado desempleo puedan acceder a una prestación” ha explicado.

Afectados, incapacidad por accidente laboral

Álvarez ha destacado que “las personas que estén enfermas o sospechen que lo están, y que se hayan contagiado en la empresa, tienen derecho a coger una baja por incapacidad por accidente laboral. Actualmente hay 3 días para solicitar esa incapacidad y nosotros creemos que cuando el Gobierno apruebe el Decreto estos plazos se alarguen porque estamos en una situación de alarma y necesitamos soluciones de emergencia”.

Además, ha manifestado UGT “ha planteado al Gobierno que si un trabajador forma parte de algún grupo de riesgo, puedan tener derecho a la incapacidad”.

Autónomos, anular el pago de cuotas si se suspende la actividad

En cuanto a la situación de los autónomos, Pepe Álvarez ha subrayado que lo razonable sería que, si no tienen actividad, no tengan que pagar las cuotas. Estamos hablando de comercios que han tenido que cerrar, de taxistas… y nosotros pensamos, además, que el Gobierno debería estudiar la posibilidad de pagarles un subsidio”.

Trabajadoras del hogar

Sobre las trabajadoras del hogar, ha afirmado que su situación es “mucho más complicada” porque algunas no tienen contrato de trabajo, y están en una situación de indefensión total y las que tienen contrato y están trabajando deberían tener las mismas condiciones que un centro de trabajo ordinario. Si hay una persona que está infectada no debe ir a trabajar y, sino, tienen que hacer el trabajo, contando con los elementos de protección que requieran para su actividad”.

Informar a los trabajadores sobre casos en la empresa

Álvarez ha aclarado también que las empresas que están obligando a sus trabajadores a coger vacaciones, están haciendo algo “absolutamente ilegal” y que “las empresas están obligadas a informar a sus trabajadores sobre si hay algún caso de coronavirus, a llevar el caso a los Comités de Salud y Seguridad y a tomar las medidas que correspondan desde el punto de vista de garantizar la seguridad en el puesto de trabajo y, de hecho, sino lo hacen, y hay Comité de Salud y Seguridad en la Empresa, este puede llegar a paralizar la actividad”.

El Secretario General de UGT ha finalizado comentando que es evidente que la mayoría de las empresas españolas no están preparadas para una situación como la actual. “Falta personal sanitario y además arrastramos todavía la situación que viene de la crisis anterior y eso, en este momento, se nota mucho más”.

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Consideran que es muy urgente dar soluciones a las trabajadoras y trabajadores afectados por la crisis del coronavirus

Ambos sindicatos acabamos de conocer el paquete de medidas decretadas tras el Consejo de Ministros. Entre ellas, no figura ninguna relacionada con las que el pasado jueves trasladamos al Gobierno y que, en buena parte, habían sido consensuadas con las organizaciones empresariales.

En estos días se están multiplicando los despidos y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), normalmente de suspensión de la actividad. Miles de trabajadores y trabajadoras se están quedando sin actividad y en muchos casos están perdiendo el empleo. Es el momento de actuar para que la caída de la actividad, producto de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, se canalice por fórmulas distintas a la extinción de contratos. No caben más demoras. Hay que actuar protegiendo a las personas. Y hay que hacerlo ya.

Sabemos que hay que tomar medidas que faciliten el mantenimiento de las empresas, de liquidez, de contención temporal de gastos, pero las trabajadoras y trabajadores no pueden quedarse a la cola de las medidas a tomar. No es justo socialmente, no es conveniente económicamente y no es entendible políticamente.

UGT y CCOO somos conscientes de lo extraordinario y complejo de la situación. El Gobierno se ha visto obligado a ir tomando medidas cada vez más drásticas para evitar la expansión viral del COVID19. Compartimos la necesidad de priorizar de forma absoluta la atención a la emergencia sanitaria. En ese sentido, todo el sistema sanitario español debe ponerse a disposición del interés general y el Gobierno, junto a todas las Administraciones, debe adoptar las medidas que considere adecuadas. Queremos poner en valor el inmenso trabajo del conjunto de profesionales sanitarios, y particularmente el papel de nuestra sanidad pública.

Pero la dureza de estas medidas está teniendo, y más va a tener, un efecto económico demoledor en el corto plazo. En miles de centros de trabajo se está procediendo a despedir trabajadoras y trabajadores, o proceder a ERTE. Es necesario un paquete de medidas de carácter socieconómico y de regulación, que limiten la destrucción de puestos de trabajo y la desaparición de empresas. 

Para ello hay que habilitar un fondo de recursos suficientes que al menos aborde la garantía de protección de las personas afectadas por ERTES, incluso aunque no tuvieran acumulado el tiempo de cotización suficiente.

De la misma forma se van a generar situaciones de emergencia social relacionada con las personas que tengan que cuidar a personas dependientes y tengan dificultades para conciliar esta tarea con su actividad profesional ordinaria. La prestación de servicios de atención a la dependencia en un momento en que los centros residenciales y escolares para personas dependientes están cerrados, es otra necesidad imperiosa, además de garantizar la retribución a las personas trabajadoras que se han visto forzadas a ausentarse del trabajo para el cuidado de familiares, o buscar el canal adecuado para la consideración de una ausencia justificada y sin ninguna consecuencia que pueda perjudicar a su empleo.

Esta situación no va a ser corta con toda probabilidad. Necesitamos en el plazo inmediato medidas que frenen la destrucción de empleo, empresas y, en la medida que sea compatible con las exigencias de seguridad sanitaria, actividad. En un plazo posterior un plan de reactivación e impulso económico, que eviten la prolongación de la crisis y sus consecuencias sociales. 

CCOO y UGT hemos dado muestras de corresponsabilidad con la situación del país en todo tipo de circunstancias. En este momento especialmente difícil vamos a seguir haciéndolo y ofrecemos nuestra disposición al Gobierno y al conjunto de instituciones del país, contando con el concurso de las organizaciones empresariales. Pero exigimos medidas laborales ya. 

Las dos centrales sindicales mantendremos la atención a las personas trabajadoras habilitando todas las vías disponibles, atendiendo por supuesto a lo que recomienden las autoridades sanitarias. Estaremos, como siempre, junto a todas las trabajadoras y trabajadores.

FeSP-UGT ante los ERTES en la Enseñanza Privada y la Discapacidad por los efectos del coronavirus

Ante la situación de incertidumbre que están viviendo miles de trabajadores y trabajadoras del ámbito de la Enseñanza Privada y la Discapacidad, de manera más frecuente en la Educación Infantil pública de gestión indirecta, por los efectos del coronavirus, FeSP-UGT quiere transmitir de forma clara que los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y las suspensiones temporales de contratos, siempre que procedan, se deben hacer de manera ordenada y rápida evitando problemas excesivos. 

Por ello, FeSP-UGT recomienda utilizar los criterios establecidos en el documento consensuado de propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales UGT y CCOO y empresariales, CEOE y CEPYME para abordar, mediante medidas extraordinarias, la problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo de coronavirus: 

"Las organizaciones empresariales y sindicales CEOE, CEPYME, UGT y CCOO hemos elaborado una serie de medidas extraordinarias para formular al Gobierno a fin de cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas del coronavirus. 

Los escenarios en que pueden verse tanto las personas trabajadoras como sus empresas, no encuentran respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de seguridad social. 

Empresas y personas trabajadoras estamos igualmente afectadas por esta situación derivada del coronavirus que ha generado un problema de salud pública. 

Desde esta perspectiva, las organizaciones empresariales y sindicales consideramos que es imprescindible enfocar este asunto desde objetivos comunes que hagan posible la compatibilidad de intereses. 

Por ello, ante la urgencia de la situación y su excepcionalidad, al igual que se ha establecido en otros países, consideramos necesario que se dicte un Real Decreto-ley en el que, además de articular un conjunto de medidas laborales y de seguridad social que den seguridad jurídica a empresas y personas trabajadoras, se habilite un fondo de ayuda extraordinario para cubrir las mismas. 

Se trata de establecer medidas que permitan afrontar esta situación evitando que se originen consecuencias irreversibles para las empresas y el empleo y que garanticen una protección adecuada a las personas trabajadoras. 

Son medidas laborales y de seguridad social, de carácter temporal y excepcional que, en todo caso, deben negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

1. MEDIDAS COMUNES PARA LOS ERTE

• Es imprescindible contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia. 

• Los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no podrán perjudicar en ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo (“contador a cero”) 

• Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas. 

1. Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de Fuerza Mayor

• Cuando se decreten por motivos de salud pública, por parte de las autoridades competentes, estatales, autonómicas o municipales, medidas extraordinarias que afecten a la actividad de las empresas tales como: el cierre o cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, carencia de suministros, entre otras, en aras a la seguridad jurídica en los distintos ámbitos afectados, debe garantizarse la publicidad suficiente y su publicación en un medio oficial. 
•  Estos casos, entre otros, pueden justificar en el ámbito laboral, la existencia de fuerza mayor como causa para los expedientes de regulación temporal de empleo. 
• Sin menoscabo de las garantías jurídicas, el contexto requiere una respuesta ágil y urgente por parte de la Administración, debiendo preverse el aligeramiento del procedimiento y de la documentación a aportar y el carácter potestativo de recabar el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de la Autoridad Laboral. 
• En los supuestos en que la Administración actúe como contratante, debe cumplir las condiciones de las contrataciones públicas. No obstante, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir, cuando la Administración pública adopte la decisión de suspender el contrato deberá comunicarlo, previamente y de manera fehaciente, a las adjudicatarias. En este caso concurrirá la causa de fuerza mayor que justifica el ERTE. No concurrirá esta causa justificativa cuando la administración continúe abonando la prestación de los servicios.

2. Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

• Con carácter extraordinario, resulta imprescindible adaptar la definición de las causas 4 a la situación provocada por el coronavirus, a los efectos de facilitar la tramitación del ERTE correspondiente. Esa redefinición puede contemplar, entre otras, situaciones como la caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de la cadena de suministros, entre otras. 
• La documentación justificativa de este procedimiento debe ceñirse a acreditar la existencia de la causa y su relación con el coronavirus. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, se estima conveniente reducir los plazos. Así: 

• 1. El plazo máximo para la constitución de la comisión representativa no debe superar los 5 días desde la comunicación fehaciente de la empresa de la intención de iniciar el procedimiento. 
• 2. El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores no debe exceder el plazo máximo de 7 días. 
• 3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que debe atribuirse carácter potestativo para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días. 

• En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de consultas debería estar integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible para garantizar la representación y proporcionalidad de los citados sindicatos. En defecto de lo anterior y sin posibilidad de ampliación del plazo, dicha comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa.

• El ERTE acordado o autorizado por estas causas, siempre que la empresa se haya visto obligada a parar la actividad, tendrá efectos retroactivos a la fecha de la comunicación a los trabajadores o sus representantes de la intención de iniciarlo. Los salarios abonados y cotizaciones se repondrán desde dicha fecha con cargo al fondo extraordinario."

UGT y CCOO demandan más protección social para los trabajadores y las trabajadoras afectados por la crisis

Ambos sindicatos exigen el cumplimiento de los protocolos de seguridad en todas las actividades productivas o su cancelación.

Consideran que deben tomar medidas adicionales para impedir los despidos.

Así se lo han trasladado esta mañana por videoconferencia a la Vicepresidenta Tercera, Nadia Calviño, y las ministras y ministros de Trabajo, Industria, Transición, Inclusión y Agricultura, en la que también participaron los presidentes de CEOE y CEPYME.

En primer lugar, UGT y CCOO consideran que cualquier actividad que no esté en condiciones de garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad, debe cancelarse. Es evidente que hay numerosas actividades que no deben paralizarse y otras que tienen que reconvertirse temporalmente.

Unai Sordo y Pepe Álvarez han reclamado más protección para los trabajadores y las trabajadoras ocupados que tienen que trabajar presencialmente, y en especial ha reclamado el suministro masivo de Equipos de Protección Individual (EPIs). Los protocolos de seguridad y las medidas de protección son imprescindibles para los trabajadores de sanidad, la ayuda domiciliaria o las residencias, así como para el conjunto de las empresas que mantienen su actividad, fundamental para mantener sistema productivo incluidos los servicios esenciales.

Ambos sindicatos han mostrado su disposición a colaborar en los procesos de adaptación de la producción de empresas hacia productos necesarios en esta emergencia sanitaria. Equipos de Protección Individual o respiradores son prioritarios. Para ello hemos pedido a la administración que coordine e impulse esa reorientación, así como a las empresas y organizaciones empresariales concernidas. Celebramos la disposición de todas las partes a hacerlo generando economías de escala que hagan más eficaz el proceso.

En segundo lugar, los secretarios generales de UGT y CCOO han demandado al Gobierno medidas de protección social adicional para los trabajadores y las trabajadoras, especialmente para los colectivos más vulnerables y que no están suficientemente protegidos por las políticas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Entre ellos quienes hayan agotado la prestación por desempleo y las empleadas de hogar, demandantes de empleo sin cobertura de prestación alguna, eventuales del campo, sin derecho a protección por desempleo, quienes han tenido que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de menores y mayores dependientes, para los que demandan un subsidio, o las personas con problemas paga pagar el alquiler, para los que han planteado algún sistema de moratoria.

En tercer lugar, ambos sindicatos han reclamado el aumento de las garantías de mantenimiento del empleo, impedir los despidos individuales, condicionar las ayudas adoptadas a que las empresas no destruyan empleo, o encarecer las indemnizaciones de despido para desincentivarlos en la práctica.

Unificar criterios con los ERTE, más recursos para la sanidad y coordinación con la UE

En cuanto a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), han pedido la unificación de criterios sobre la tipología (por fuerza mayor o por causas económicas, organizativas o de producción) así como unificar criterios sobre el silencio administrativo, que no puede equipararse a la validación de los mismos.

Los dos sindicatos nos congratulamos del compromiso adquirido por el Gobierno para facilitar el acceso de los trabajadoras fijos discontinuos -que aun no habían sido llamados a su actividad anual (normalmente por estar vinculado el inicio de su actividad con la semana santa)- para que puedan acogerse a los ERTES que planteen sus empresas y acceder a la prestación de desempleo.

Por otro lado, han reclamado que se movilicen los recursos de la sanidad privada y una mayor participación en la resolución de la crisis, interviniendo si fuera necesario sobre los precios establecidos por la utilización de estas instalaciones. Toda la red sanitaria debe ponerse al servicio del bien común en un momento en el que se habilitan hospitales de campaña o se medicalizan hoteles.

Por último, han insistido en la necesidad de que esta crisis se afronte de una manera coordinada con la Unión Europea y que se movilicen más recursos del BCE y del MEDE. Estamos ante una crisis sustancialmente distinta a la de 2008. Esta afectará de forma simétrica a países del norte, centro y sur de Europa lo que hace previsible una respuesta distinta en la Unión Europea.

Compartimos la demanda del Presidente del Gobierno de impulsar un plan Marshall en Europa, la mutualización de riesgos a través de los eurobonos, el impulso de más inversiones a través del Banco Europeo de Inversión, o la fijación de un seguro de desempleo comunitario. Precisamente por coherencia con todo ello, instamos al Ejecutivo a tomar más medidas que “no dejen a nadie atrás”, y apuesten por el mantenimiento del empleo y las empresas en el corto plazo, y el impulso de la actividad económica en el medio plazo.

Los secretarios generales de CCOO y UGT han demandado que se convoquen reuniones de inmediato con los distintos ministerios que permitan avanzar en estas materias y adoptar acuerdos y decisiones con urgencia.