UGT NO TOLERARÁ UN ATAQUE A LA EDUCACIÓN

UGT no va a tolerar el ataque al derecho a la educación que están sufriendo los docentes y los centros

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT apoya las declaraciones y las medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celáa, en relación a la imposición del ‘pin parental’ y no va a tolerar el ataque que algunas organizaciones y partidos políticos alejados de los principios constitucionales están dirigiendo al profesorado de los centros educativos.

UGT considera intolerables las acciones que algunas comunidades autónomas como la Región de Murcia están adoptando en relación al ‘pin parental’, una iniciativa que pretende que los padres del alumnado tengan que autorizar la asistencia del alumnado a actividades complementarias en el centro escolar, ya que supone una medida de imposición dirigida a socavar el derecho a la educación y pretende condicionar los proyectos educativos de los centros docentes y su programación anual.

Desde UGT, se quiere recordar que ya existen mecanismos suficientes recogidos en la Ley de Educación que regulan con precisión la autonomía de los centros y los sistemas de desarrollo y control de los proyectos educativos de los centros docentes, su programación general anual e incluso las competencias reguladas legalmente de los órganos colegiados o de su profesorado.

El Sector de Enseñanza manifiesta que el ‘pin parental’ no solo es ilegal, sino que es una injerencia ante la labor que desarrollan los profesionales de la educación en los centros y supone un grave ataque al derecho del alumnado a una educación que permita su desarrollo integral.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT hace un requerimiento a las Administraciones educativas y reclama el apoyo y la cobertura jurídica para los equipos directivos y los docentes de los centros educativos, tras la polémica surgida en relación al denominado ‘veto parental’.

UGT apoya las declaraciones y las medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celáa, en relación a la imposición del ‘pin parental’ y no va a tolerar el ataque que algunas organizaciones y partidos políticos alejados de los principios constitucionales están dirigiendo al profesorado de los centros educativos.

Las propias comunidades autónomas que promueven el ‘pin parental’ han reconocido que no existe adoctrinamiento en las aulas y tampoco se tiene conocimiento de denuncia alguna al respecto. La iniciativa pretende ser una medida de imposición dirigida a socavar el derecho a la educación tratando de condicionar los proyectos educativos de los centros docentes y su programación anual.

Los docentes y los equipos directivos deben tener la seguridad de que cuentan con el apoyo de sus Administraciones educativas. De no ser así, el clima escolar de los centros se podría ver afectado. Al mismo tiempo, podría quedar resentida la libertad de los docentes para abordar aspectos educativos que inciden en el derecho del alumnado para recibir una educación integral.

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT pide una respuesta contundente frente a las agresiones que pueden estar sufriendo los profesionales de la educación por realizar actividades que tienen como objetivo el desarrollo integral del alumnado, y reclama a las Administraciones educativas el apoyo y la defensa jurídica de los equipos directivos y de los docentes. 

El pin parental es una incitación al odio y a la segregación

UGT LO RECURRIRÁ SI PRETENDEN IMPLANTARLO EN MADRID

UGT recurrirá el pin parental si pretenden implantarlo en Madrid, ya que vulnera el derecho del alumnado a una educación integral y transgrede los principios constitucionales y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado.

Nuestro sistema educativo se basa en la defensa del principio de igualdad y respeto contenidos en el Preámbulo y en el Título I de Derechos y Libertades de la Constitución Española. Por ello, el Estado es garante de una educación basada en el respeto a dichos derechos. Por tanto, por encima de cualquier planteamiento personal o familiar contrario a los mismos, se encuentra la responsabilidad colectiva de garantía de una educación basada en la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por este motivo, la educación afectivo-sexual forma parte de los currículos que los centros y su profesorado tienen la obligación de defender y enseñar. El pin parental no puede negar dicha formación a ningún alumno o alumna, sean de centros públicos o privados, y es ilegal el hecho de impedirlo, por cuanto es contrario a la normativa vigente.

No podríamos aceptar que cualquier familia negase a su hijo o hija asistir a una clase por la etnia, religión o inclinación sexual del docente, que quisiera la separación por etnias en diferentes aulas o se negase a que estudiase la II República por diferencias ideológicas con el planteamiento que de la misma se hace en el currículo.

El pin parental es una incitación al odio y la segregación, contrario a un sistema democrático basado en la diversidad y el respeto, incita a la confrontación violenta y vulnera nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una forma encubierta de objeción de conciencia y conviene recordar a quienes se sientan tentados por el mismo que no hace muchos años ya se ejerció la objeción respecto a la asignatura de “Educación para la ciudadanía” y el Tribunal Constitucional sentenció en contra, perjudicando al alumnado que optó por no cursarla.

UGT defiende la diversidad como una riqueza personal y social y acata la legislación vigente. Las leyes están para cumplirlas y si se discrepa deberá lucharse por cambiarlas por los medios democráticos establecidos y el pin parental no es uno de ellos.

Racismo institucional para limitar y condicionar los proyectos educativos de los centros

Hace ya algunos meses que el partido de extrema derecha Vox y entidades ultra católicas afines, iniciaron una campaña de acoso a los y las profesionales que trabajaban en materia de protección a víctimas de violencia machista, en materia de igualdad de género, y también respecto a los derechos y colectivo LGTBI. 

Después nos presentaron su discurso sobre lo que denominan el “PIN parental”, que, tal como ellos lo definen, responde a la obligatoriedad de los centros educativos en pedir autorización a las familias respecto a la educación que reciben sus hijos e hijas. 

En realidad este PIN que proponen sólo constituye un limitado derecho de veto de las familias sobre algunas materias impartidas por los centros educativos, en concreto, la educación sexual, la coeducación y la sensibilización contra la discriminación por orientación sexual. Aunque es una petición de Vox, debemos recordar que el “PIN parental” se ha impuesto en Andalucía y Murcia, gracias al apoyo de otros dos partidos políticos, PP y Ciudadanos. 

Así mismo, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la entidad ultraconservadora Hazte Oír, dio un paso más allá, de su conocido autobús homóbo, y comenzó en septiembre una campaña enviando 23.000 ejemplares del impreso que denominan “PIN parental” a la dirección de los centros educativos con un libro titulado ‘Dejad a los niños en paz. Una respuesta ciudadana al adoctrinamiento de género’.

Y aquí nos encontramos, discutiendo sobre si es razonable pensar que las familias deben tener derecho a decidir sobre la educación que reciben sus hijos. 

En cualquier movimiento de acción, la historia ya nos ha enseñado que se produce un movimiento de reacción, afortunadamente; y en este sentido, la movilización, contra este radicalismo reaccionario que pretenden incidir, condicionar y fiscalizar los proyectos educativos de los centros y su programación general anual e incluso las competencias reguladas legalmente de los órganos colegiados o de su profesorado establecido en la Ley educativa, ya está en marcha con cantidad de ejemplos de centros educativos que se manifiestan en contra y de forma más organizada a través de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, quienes el 4 de noviembre a través de un comunicado exigíamos “una repulsa unánime contra todas aquellas organizaciones o partidos políticos que anteponen su interés particular y reaccionario al interés superior del menor y su derecho a la educación, y solicitando reuniones, por la vía de urgencia con la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, y con los diferentes partidos políticos del arco parlamentario”.

«La conducta no racista y discriminatoria se fomenta y logra desde el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia»

Por supuesto, desde la Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de la UGT (FeSP-UGT) compartimos, como miembros de la Plataforma, su denuncia y demandas, pero además en este artículo queremos hacer una reflexión y hacer un poco de historia para recordar de donde nos vienen estos lodos. 

 Recordemos que para propagar cualquier práctica racista o que ampare la discriminación de cualquier colectivo, la élites y movimientos ultraconservadores, van tejiendo un discurso que para tener calado entre la ciudadanía debe ser presentado como coherente, y dicha coherencia como verosímil, es decir, debe haber una relación entre causa y consecuencia, aunque la coherencia no responda a la realidad, y además hay que mantenerlo en el tiempo para que poco a poco, mentira tras mentira, repetida muchas veces se convierta en casi verdad.

Lo cierto es que si miramos hacia atrás, España ya tuvo una materia que abordaba todos estos contenidos en la educación, Educación para la Ciudadanía, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista, como cumplimiento de los objetivos y contenidos marcados por el Programa Mundial de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos y las directivas y recomendaciones del Consejo de Europa . Dicha asignatura fue rechazada desde el principio por la jerarquía católica y el PP, hasta que finalmente en el año 2012, una vez en el gobierno, el PP la eliminó como asignatura y la sustituyó por una asignatura de educación cívica y constitucional, una asignatura ‘libre de cuestiones controvertidas’ y ‘no susceptible de adoctrinamiento ideológico, según explicaba el Ministro Wert.

Ya en ese año, desde el sindicato nos preguntábamos por qué el Gobierno del PP elegía como una de las primeras acciones en materia de educación (en un momento de duras políticas de recorte en el sistema educativo) la modificación de la asignatura Educación para la Ciudadanía. 

La razón no era otra que el PP, antes en la oposición y ahora en el Gobierno, y bajo la presión de los sectores más conservadores de la iglesia católica; seguía entendiendo la educación asignada a la escuela, exclusivamente, como la transmisión de conocimientos, reservando a la asignatura de religión y al ámbito privado la educación en valores y la educación para la ciudadanía. No le interesaba que el alumnado se formara y reflexionara sobre igualdad. 

En cualquier caso, nos viene bien recordar qué incomodaba de la asignatura Educación para la Ciudadanía a la derecha española en el año 2012. Haciendo un análisis detallado de las modificaciones propuestas en el Proyecto de Real Decreto de modificación del RD 1513/2006 y del RD 1631/2006, sobre los objetivos y contenidos de la asignatura, vemos que:

• La eliminación de conceptos y contenidos respecto al reconocimiento de la diversidad en los modelos familiares y la diversidad en la orientación sexual.
• Omisión total de los aspectos emocionales y afectivos como parte del aprendizaje y desarrollo personal.
• Eliminación del estudio y reflexión sobre las causas que provocan la violación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad.
• Eliminación del estudio y análisis de la desigualdad de género. Se eliminó de los objetivos cualquier referencia a este ámbito.
• Por último, la descabellada idea contenida en el proyecto de Decreto, vinculando el concepto de nacionalismo a exclusión social (nacionalismo excluyente), colocado además en el mismo párrafo donde se aludía al terrorismo, a los Estados fallidos, y al fanatismo religioso. Constituía tal dislate que tuvo que ser retirado, como consecuencia de la protesta de la Generalitat de Cataluña.

Estamos ante un momento diferente, porque ahora los voceros del discurso se llaman Vox y entidades afines, pero todo forma parte de una política iniciada hace muchos años por la derecha en España. Quizá, aprendamos ahora que para ellos es fundamental manejar bajo sus ideales el sistema educativo y empecemos entonces a entender lo importante que es preservarlo y garantizar su funcionamiento de calidad para todos y todas. 

Tal y como se reconoce en las declaraciones y documentos a nivel internacional y en el seno de la UE, la conducta no racista y discriminatoria se fomenta y logra desde el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia; valores y condiciones estas que deben ser enseñados, inculcados y comunicados desde la educación formal, en las escuelas, institutos y universidades, mediante la educación no formal, y también en el hogar y en el lugar de trabajo.

Como vemos, nada nuevo en el discurso neoliberal que solo ve al alumnado como capital económico, al alimentar la desigualdad entre unos y otros, frente al fin último de la educación, que es más bien la calidad de la vida humana, donde no solo debemos ser técnicamente competentes, sino también eticamente responsables. 

Sí estamos ante un momento diferente, porque ahora los voceros del discurso se llaman Vox y entidades afines, pero todo forma parte de una política iniciada hace mucho tiempo por la derecha en España. Quizá, aprendamos ahora que para ellos es fundamental manejar bajo sus ideales el sistema educativo y comprendamos lo importante que es defender e invertir en una educación ética, porque solo la ética, ha sido desde los anales de la historia, la conciencia vigilante y combativa ante todo adoctrinamiento.

Defendamos, desde todos los rincones y posiciones, y por supuesto, desde nuestro sindicato, la educación en igualdad, la lucha contra la violencia de género y el discurso del odio y alcemos la voz para contrarrestar las influencias que conducen al temor y la exclusión de los demás, ayudando a los niños y niñas y jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independientes y de razonamiento crítico y ético porque solo así podremos cambiar el mundo.