UGT RECLAMA MEDIDAS URGENTES PARA ACABAR CON EL DÉFICIT DE LAS PENSIONES

UGT reclama medidas urgentes para acabar con el déficit de las pensiones

El sindicato valora que el Gobierno transfiera fondos a la Seguridad Social en lugar de endeudarla más

Esta transferencia se realiza con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019, gracias al aumento del 8% de las cotizaciones sociales este año.

Con esta ampliación, el Gobierno cumple la ley en relación a lo que puede extraer anualmente del Fondo de Reserva.

UGT reclama derogar la reforma de 2013, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la viabilidad del sistema, erradicando el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE y destopando las bases de cotización.

La Unión General de Trabajadores valora la transferencia de 600 millones de euros unidos a los 13.830 millones del fondo de las pensiones para pagar la extra de Navidad a los pensionistas, y así utilizar únicamente, y no más, lo que marca la ley en relación al Fondo de Reserva.

Una ampliación que se realiza con cargo a la previsión de mayores ingresos sobre el presupuesto inicial para 2019, ya que las cotizaciones sociales están creciendo este año a un ritmo cercano al 8% y el Gobierno confía en que sigan haciéndolo en los meses de noviembre.

Sin embargo, UGT reclama la consolidación del sistema de la Seguridad Social, eliminando el déficit total, con el fin de garantizar la viabilidad del sistema a corto y medio plazo. Para ello, el sindicato propone la derogación de la reforma de pensiones de 2013, asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, para que en una década no nos encontremos con un sistema de pensiones mínimas; revisar de forma inmediata las fuentes de financiación y financiar el sistema no solo con cotizaciones, sino también con impuestos, sin excluir a ninguna pensión del sistema y con un modelo de financiación para todas.

Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones

Para la revalorización anual de las pensiones, es necesario derogar de una vez el Índice de Revalorización del Gobierno del PP y aplicar la previsión de inflación más una cláusula de revisión a final de año. La fórmula que contiene la reforma de 2013 solo ha servido para rebajar paulatinamente la cuantía de las pensiones y, por tanto, el nivel de vida de los pensionistas. En poco más de diez años, el sistema de pensiones, con la fórmula actual, se convertirá en un sistema de pensiones mínimas.

Revisión de la financiación

El objetivo es restituir el equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social destruido por las políticas que se han adoptado durante la crisis. Para UGT, es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos.

Esto supondría definir una cesta de impuestos cuya recaudación se destinaría en su integridad a financiar el sistema de pensiones. Tendría un carácter finalista: totalmente o con mayoría de impuestos directos (progresiva y redistributiva) y calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia entre ingresos y gastos. Esto permitiría dotar de nuevo el Fondo de Reserva de ingresos suficientes para seguir pagando las pensiones.

Erradicar el déficit

Para UGT, resulta imprescindible acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos de la Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización. Tres medidas que, para el sindicato, ahorrarían decenas de miles de millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con el déficit que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante años con sus políticas.

Además de estos tres ejes, UGT reclama al nuevo Parlamento un cambio de orientación en las políticas que emanen de la Comisión del Pacto de Toledo, con el fin de que las medidas, que deberían ser ampliamente consensuadas, aborden muchos otros aspectos de mejora del sistema, que sirvan para sostener, y no debilitar, el sistema público de reparto, tal y como marca la finalidad con la que nació el Pacto de Toledo.

El sindicato admite que el Gobierno haga uso del Fondo de Reserva por última vez y pedirá al nuevo Gobierno que constituya el compromiso explícito y firme de que en tres meses firme un acuerdo con los interlocutores sociales, comprometiéndose a adoptar las medidas que terminen con el déficit de la Seguridad Social.

UGT exige al Banco de España que no siembre dudas y temores sobre el sistema público de pensiones

El sindicato reclama la derogación de la reforma de 2013 para garantizar las pensiones y asegura la viabilidad del sistema

Está demostrado que los más solidarios, seguros y equitativos son los sistemas públicos, no los privados como favorece el Banco de España.

Organismos oficiales como la AiREF o la Seguridad Social reclaman la derogación de la reforma de 2013 para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones.

El Banco de España insiste en aumentar la edad de jubilación, cuando esto ya está previsto en el Acuerdo Social de 2011.

La Unión General de Trabajadores denuncia la continua obsesión y fijación del Banco de España en relación a las pensiones públicas en nuestro país. Por más que se demuestra que los más seguros, solidarios y equitativos son los sistemas públicos, siempre parece preferir los privados y fomentar temores infundados respecto a la sostenibilidad del sistema público, cuando es justo lo contrario.

Para UGT, la sostenibilidad del sistema público de pensiones está totalmente garantizada, si se deroga de una vez la reforma del año 2013. Lo dicen hasta organismos oficiales como la AiREF y la propia Seguridad Social, que afirman categóricamente que el gasto futuro en pensiones públicas es, con hipótesis razonables y sin esta reforma, totalmente sostenible. Es decir, contando con la jubilación de la generación del “baby boom”, con la revalorización de las pensiones sobre el IPC y con unas tasas de sustitución supuestamente elevadas (algo poco cierto), el gasto en pensiones en 2050 será en España inferior al de 11 países de la UE (la mayoría de ellos de nuestra área occidental).

Pero, para ello, hay que derogar de manera inmediata la reforma que implantó el gobierno del PP en 2013, suprimiendo sus tremendos recortes que, además de innecesarios e injustificados, de aplicarse reducirían las pensiones públicas en España a niveles de pobreza.

Lo que no puede pretender el Banco de España es desarrollar los sistemas de ahorro privado en pensiones utilizando los recortes de las pensiones públicas, ni implementando regresivas deducciones fiscales. Para el sindicato, esto sería inadmisible.

El Banco de España debería defender los sistemas públicos en lugar de modelos de negocio privados

En relación con la necesidad de elevar la edad de jubilación, el Banco de España se vuelve a equivocar. Esa edad ya se elevó hasta los 67 años en el Acuerdo Social de 2011 entre los interlocutores sociales y el Gobierno, si bien manteniendo la jubilación a los 65 años cuando el periodo cotizado es muy largo, y aún estará creciendo hasta 2027.

Para UGT, el problema real está en la diferencia entre las dos edades legales y la edad efectiva de jubilación, mucho más baja debido a la expulsión, contra su voluntad en la inmensa mayoría de los casos, de los trabajadores de más edad que ven recortados a su pesar los derechos de pensiones. Cuestión que, para el sindicato, necesariamente habría que corregir.

Por otro lado, señalar aisladamente el aumento de la proporción de personas que vivirán más años, sin justificar que eso conlleve un gasto insostenible en pensiones, solo conduce a crear una sensación equivocada respecto a la insostenibilidad del gasto en pensiones. Además, el aumento de la esperanza de vida recorta con especial intensidad las pensiones privadas, en tanto que las públicas disponen de muchos más mecanismos para hacer frente a ese efecto sin necesidad de deteriorar las pensiones.

Por todo ello, la Unión General de Trabajadores reclama al Banco de España, organismo público, que se centre en ejercer bien su trabajo, como es la supervisión de las entidades financieras, y abogue más por los sistemas públicos que por los privados, que priman más el interés económico que el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.