UGT RECLAMA REVALORIZAR PENSIONES CONFORME AL IPC PARA 2020

UGT reclama revalorizar las pensiones conforme al IPC para 2020

Es necesario derogar cuanto antes la reforma de las pensiones del Partido Popular.

Hay que recuperar el consenso político y social en materia de pensiones.

Es fundamental corregir cuanto antes el déficit de la Seguridad Social y dotar de calidad a las pensiones en España.

La Unión General de Trabajadores considera positiva la revalorización de las pensiones del 0,9% planteada en el Plan Presupuestario del Gobierno enviado a Bruselas puesto que es superior al 0,25% previsto en el IRP, pero aboga por una proposición de ley que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que en enero se apruebe una subida en base al IPC.

Además, el sindicato destaca que es necesario que el próximo Ejecutivo recupere el consenso político y social en materia de pensiones para corregir, cuanto antes, el déficit de la Seguridad Social, y dar mayor calidad a las pensiones que hay en nuestro país, a través de la derogación de la reforma de pensiones de 2013 que hizo el Partido Popular de manera unilateral, y que supone el recorte de las pensiones- en 20 años se pueden recortar hasta un 40%.

A ese respecto, el sindicato quiere resaltar varias cuestiones:

1.- La subida prevista para el próximo año es una vez más superior al 0,25% de la aplicación del IRP de la reforma de pensiones de 2013, y viene a sumarse a los incrementos en la dirección del IPC, aprobados en 2018 y 2019. Con ello, las pensiones vuelven a la senda de mantenimiento del poder adquisitivo que nunca debieron abandonar.

2.- Una subida de esas características supone la suspensión por tercer año consecutivo del IRP aprobado en la reforma del Partido Popular de 2013. Una suspensión que no ha encontrado opiniones negativas en las fuerzas políticas españolas, lo que indica que ya se ha asumido que el mecanismo de financiar las pensiones a base de recortes (que fue la orientación de aquella reforma) es insostenible, injusto e innecesario, como ha puesto de manifiesto la Opinión que a comienzos de este año dirigió la AIREF al Gobierno.

3.- En consecuencia, se debería proceder a la derogación del IRP, porque no tiene sentido que un mecanismo ya obsoleto sea el que permanezca en la Ley, y a su definitiva sustitución en el marco de un acuerdo político en el Pacto de Toledo y un acuerdo en el Diálogo Social por un nuevo sistema de financiación sostenible del gasto en pensiones.

4.- Por otro lado, hace falta aprobar una regla cierta y estable de revalorización anual de las pensiones, de forma que se les otorgue seguridad, certeza y claridad en la forma en que se van a aplicar sus revalorizaciones anuales. En este momento, aún no se conocen los detalles que conducen a la decisión de que la revalorización sea del 0,9% (cuando la previsión del deflactor del consumo privado, en media anual, es del 1,6% según el Plan Presupuestario aprobado), lo que además exigiría la adopción de algún tipo de mecanismo de recuperación de las desviaciones de la inflación que por el momento no existe.

5.- Debe despejarse cuanto antes el procedimiento legal que se utilizará para aprobar la subida de las pensiones para 2020, de forma que los pensionistas puedan percibir dicha subida desde el primer mes del año.

Es urgente un acuerdo para acabar con el déficit de las pensiones y garantizar su poder adquisitivo

Mari Carmen Barrera en el III Congreso Internacional y XVI Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS)

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha participado hoy en el III Congreso Internacional y XVI Nacional de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) “Por una pensión de jubilación, adecuada, segura y sostenible” donde ha intervenido en el panel dedicado a “Los desafíos de las pensiones de jubilación. Las respuestas de los interlocutores sociales y la concertación social”.

Mari Carmen Barrera ha subrayado que “los desafíos inmediatos son el restablecimiento del equilibrio financiero de la Seguridad Social, -causado por la crisis pero también por la destrucción de empleo, la precariedad y la devaluación salarial- y la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 por injustificada y lesiva”.

Para reestablecer el equilibro de la Seguridad Social, Barrera ha manifestado que “es necesario que las cotizaciones sociales se destinen a pagar las prestaciones contributivas. No tiene sentido que la Seguridad Social tenga excedente de cotizaciones en el sistema de prestaciones por desempleo, y que con ello el Estado esté indebidamente pagando los subsidios asistenciales y las políticas activas de empleo, mientras que las cotizaciones no llegan en el sistema de pensiones”.

“Las cotizaciones deben ser para pagar prestaciones, y los gastos de personal y funcionamiento de la Seguridad Social han de ser a cargo del Estado (como en todos los ministerios). También el Estado debe hacerse cargo de las políticas de subvenciones a la contratación. Medidas que, en conjunto, y según cálculos de la AIReF, alcanzan los 16.500 millones de euros”.

“Además, es fundamental corregir la infra cotización de los que más ganan. Que se haga con un plazo, progresivamente, pero que se haga. El déficit de la Seguridad Social habría desaparecido si las cuentas se echan bien y sobe todo, si cada uno paga lo que le corresponde y cada parte ingresa lo que tiene derecho” ha señalado.

Acuerdo Social asentado en el Pacto de Toledo

Mari Carmen Barrera ha destacado que “todo esto debe ser objeto de un acuerdo rápido en la negociación de los IISS con el Gobierno que se forme, porque empresas y trabajadores ya están pagando lo suficiente como para que no haya déficit en la Seguridad Social”.

“Esta es la base sencilla y clara que proponemos para un acuerdo en el Diálogo Social que en un plazo limitado de ejercicios acabe con el déficit creado por la crisis e imposible de cerrar sin un nuevo paso adelante en la clarificación de la financiación de la Seguridad Social y la separación de fuentes” ha afirmado.

“Un Acuerdo Social que debe encontrar su asiento en las Recomendaciones del Pacto de Toledo, incluso de forma más concreta que en el pasado. Con un Gobierno formado y superada la inestabilidad política, estaríamos ante la posibilidad de cerrar un acuerdo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo, porque había ya antes de las elecciones un consenso claramente mayoritario” ha explicado.

“Los sindicatos y los empresarios lo apoyaríamos, lo facilitaríamos y le daríamos cobertura. Construyendo, una vez más, una ‘coherencia articulada’ entre diálogo social y consenso político en favor de los pensionistas”.

“Por todo ello, es urgente que nos pongamos a trabajar de forma coordinada y organizada todas las partes: los sindicatos y los empresarios con el Gobierno, y las fuerzas políticas en el Parlamento (en conexión y coordinación con los IISS) para dar forma, base y asiento material a una reforma a favor de los pensionistas y de la definitiva sostenibilidad del sistema de pensiones” ha finalizado.

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