REPARTO RIQUEZA CLAVE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA


Persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo la economía y la creación de empleo

Mª Carmen Barrera pone el valor la aportación al diálogo social y a la democracia participativa del CES, en el XXV Encuentro sobre “La situación socioeconómica y laboral en España. Retos: estabilidad y desarrollo sostenible” en la UIMP

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT y Presidenta en Funciones del Consejo Económico y Social (CES) ha destacado el compromiso de este organismo de trabajar “cooperativamente para llegar a diagnósticos compartidos sobre la situación socioeconómica y laboral de España”, que se recogen a través de una Memoria anual.

En la última Memoria, la nº 26, correspondiente a 2018, se destaca que el crecimiento de la economía española, por encima de la media de la UE, ha permitido la reducción de desequilibrios manifestados en la crisis, pero se alerta también que persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo la continuidad del crecimiento y la creación de empleo. “Vulnerabilidades que tienen que ver con el mercado de trabajo, la productividad o la desigualdad”- ha destacado Mª Carmen Barrera.

Actuaciones frente a los cambios estructurales que se avecinan

La Memoria destaca que “hay que afrontar un cambio demográfico que se proyecta en la gran mayoría de las políticas de protección social e identifica tres cambios que requieren actuaciones de carácter estructural en nuestra economía: de lo analógico a la digital, de lo material a lo intangible, y de lo lineal a lo circular”.

Mª Carmen Barrera ha hecho estas declaraciones durante la inauguración del XXV Encuentro del CES de España “La situación socioeconómica y laboral en España. Retos: Estabilidad y desarrollo sostenible”, en el marco de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP). Un encuentro que servirá para profundizar en el estudio del CES y que , contará con representantes del ámbito científico y de instituciones de la UE, dada “la vocación europeísta que caracteriza al CES”.

Construir desde el diálogo

La Presidenta en funciones del CES, tras destacar los 25 años de presencia del CES en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y la colaboración entre ambas instituciones, ha señalado que “la Memoria del CES es uno de los “mejores ejemplos del diálogo social institucionalizado”, en el que agentes sociales, y representaciones de la sociedad civil llegan a acuerdos. El destinatario de estos acuerdos es el Gobierno de la Nación, del que este Consejo es órgano consultivo. Estamos en consecuencia en el terreno de la democracia participativa”.

Ha destacado la aportación de los diferentes representantes que han participado en la elaboración de la memoria del CES, con un reconocimiento especial a Marcos Peña, Presidente del CES durante los últimos 12 años, y “sin cuya aportación sería difícil entender la continuidad en el consenso en la actividad del CES”. Ha sido durante su última etapa como Presidente cuando se ha elaborado la Memoria del año 2018.




La igualdad, imprescindible para aumentar la productividad de las empresas

Cristina Antoñanzas interviene en los cursos de verano de la OIT y la UCM

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha afirmado que la igualdad entre hombres y mujeres, “además de ser un derecho fundamental y una cuestión de justicia, constituye una necesidad social y una necesidad de nuestra economía. La igualdad es imprescindible para que nuestras empresas sean más productivas y competitivas”.

Cristina Antoñanzas ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el curso de verano de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre las brechas de género, donde ha señalado que, sin embargo, “el modelo empresarial predominante no es precisamente el que contempla esta igualdad entre hombres y mujeres gracias, entre otras cuestiones, a la reforma laboral del año 2012”.

La Vicesecretaria General de UGT ha puesto en valor los distintos acuerdos suscritos por los interlocutores sociales europeos sobre esta materia, como “el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2019 de la Comisión Europea o la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 del Consejo de Europa”.

Además, en nuestro país, “la Ley de Igualdad ha supuesto un motor de cambio e impulso para muchas empresas en la realización de diagnósticos de género y del cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo”. En este sentido, “hay que reconocer que la negociación colectiva se constituye en un espacio esencial de la democratización de las relaciones laborales en relación con la igualdad de género”.

Todo ello con el objetivo de “lograr la eliminación de las discriminaciones por razón de sexo y la brecha de género en las relaciones laborales, en el acceso al empleo, en la calidad de las contrataciones, en los salarios, en la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral y profesional, en la ocupación de puestos de responsabilidad, y en la eliminación de la violencia de género”.

Propuestas de UGT

Para Cristina Antoñanzas, “los planes de igualdad son la mejor opción para un desarrollo de la ley más completo e integral. También las medidas de igualdad en los convenios colectivos sectoriales tienen importancia, y desde UGT abogamos por que se creen Comisiones Sectoriales de Igualdad que puedan evaluar la aplicación de las medidas de igualdad en los convenios”.

En este sentido, “para que las medidas y planes de igualdad sean efectivos es necesario introducir en los convenios colectivos, mecanismos de control, seguimiento y evaluación del impacto, de forma que sea posible calificar los resultados e identificar las posibles carencias e incumplimientos”.

Además, ha exigido “una ley de igualdad salarial negociada con los interlocutores sociales que contribuya de forma eficaz a combatir la brecha salarial eliminando la discriminación entre mujeres y hombres; combatir el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, una lacra a día de hoy en nuestro país; y la ratificación, lo antes posible, del Convenio 190 y la Recomendación de la OIT contra la violencia de género en el mundo del trabajo”.

Todo ello “desde la apertura, lo antes posible, de un proceso de Diálogo Social en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que permita abordar todas estas cuestiones y dar cumplimiento a los mandatos que desde Europa hacen a los interlocutores sociales y a los Gobiernos, con el objetivo de alcanzar, lo antes posible, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y social”.



El reparto de la riqueza debe ser el objetivo prioritario de la política económica

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) vuelve a constatar que la participación de los salarios en la renta ha ido perdiendo peso y que el capital ha ido ganando relevancia, en el periodo 2004-2017, algo que también afecta a España.

Asimismo, constata el incremento de las desigualdades en la distribución de la renta. Los aumentos de renta que absorbe el 5% de los trabajadores que más ganan, provoca un descenso de los ingresos que recibe el resto (rentas medias y bajas).

UGT considera que la reducción de los niveles de desigualdad y el reparto equitativo de la riqueza debe ser un objetivo prioritario del próximo Gobierno. Para ello, es necesario: un nuevo marco laboral que incentive el empleo de calidad, reequilibrar la negociación colectiva, una reforma del sistema impositivo para que sea más justo, potenciar el sistema de protección social e incentivar el cambio de modelo productivo.

La OIT acaba de publicar un análisis a partir de la base de datos sobre niveles y distribución de la renta a nivel mundial que servirá de instrumento para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas.

Según el informe, que abarca el periodo 2004 - 2017, globalmente la participación de los salarios en la renta ha ido perdiendo peso, al tiempo que el capital ha ido ganando relevancia. Desde 2004, el peso de las rentas del trabajo en el PIB mundial ha caído del 53,7% al 51,4% en 2017, un descenso de 2,3 puntos porcentuales, similar al registrado por España (-2,1 p.p.).

Destaca también la OIT en su informe el aumento de las desigualdades en la distribución de la renta. En el reparto de los ingresos del trabajo, el 20% de los trabajadores que más ganan aumentó su proporción del 51,4% en 2004 al 53,5% en 2017. En el otro extremo, redujeron su proporción, tanto las rentas medias (cuyo peso descendió del 44,8% al 53% en el mismo periodo), como las rentas bajas (del 3,9% al 3,5%).

El análisis va más allá y considera que los aumentos de renta que absorbe el 5% de los trabajadores que más ganan, repercute de forma negativa provocando un descenso de los ingresos que recibe el resto; así, por cada 1% que obtiene este grupo de subida salarial, las rentas del percentil más bajo caen un 1,6%.

Las tendencias analizadas no sólo se manifiestan en los países en desarrollo, sino en economías clasificadas de ingresos altos, como son Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y España, entre otros. En este sentido, las instituciones europeas, así como los Gobiernos de los países miembros, tienen mucho camino que recorrer en aras de lograr una mayor equidad en la distribución de la renta, ya sea desde el punto de vista funcional (atendiendo a su peso frente a las rentas del capital), como desde el enfoque personal (siguiendo criterios de reparto equitativo de las rentas).

La reducción de los niveles de desigualdad debe ser un objetivo prioritario de la política económica, no solo por una cuestión de justicia social, sino también para sostener el crecimiento de la actividad y la propia viabilidad de nuestro sistema económico. Cada vez existen más evidencias de que la desigualdad corroe el bienestar colectivo. Y en los últimos años se ha puesto de manifiesto que el actual crecimiento económico no es capaz de reducir esas desigualdades, sino que se necesita de una actuación pública deliberada y contundente para modificar esta perversa dinámica, que abarque múltiples ámbitos.

UGT reclama un cambio en las políticas aplicadas en nuestro país, con actuaciones específicas en al menos los siguientes ámbitos:
  • Modificar el marco laboral para perseguir el fraude en la contratación y priorizar la de carácter estable, lo que pasa en primer lugar por revertir la reforma laboral de 2012, que ha generado un incremento de la precariedad y una intensa devaluación salarial.
  • Reequilibrar la negociación colectiva, devolviendo la prioridad a los convenios sectoriales frente a los de empresa y recuperando la ultraactividad (continuidad automática de la vigencia de los mismos mientras no se sustituya por uno nuevo), para que la distribución primaria de la renta (entre salarios y beneficios empresariales) sea más justa.
  • Reformar el sistema impositivo, para obtener más ingresos y aumentar la justicia de las aportaciones, haciendo que paguen más los que más tienen: las rentas del capital, los grandes patrimonios y las grandes empresas. Porque es preciso elevar el nivel redistributivo de los tributos, contribuyendo a paliar en mayor medida el desequilibrio en el reparto de la tarta del crecimiento económico.
  • Incentivar el cambio de modelo productivo para aumentar el peso de la industria, que ocupa mejores empleos y con mejores salarios, y en especial en aquellas actividades que permiten generar mayor valor añadido.
  • Y potenciar el sistema de protección social en sentido amplio (pensiones, prestaciones por desempleo y prestaciones sociales), para que se ofrezcan garantías de renta suficientes a quienes se encuentran fuera del mercado laboral de manera involuntaria o porque han llegado al final de su vida laboral.
Por eso, UGT reclama la conformación ya de un gobierno de progreso, que ponga en el centro de su actuación la reducción de las desigualdades y la mejora de las oportunidades en origen de todas y todos, como única vía para alcanzar de manera sostenida un mayor grado de bienestar económico y social.




UGT apuesta por la necesidad de apoyar a la industria a través de una banca pública

La estrategia de reindustrializar nuestro país ha de formar parte del Pacto por la Industria que sirva para el diseño de una política industrial activa, de estado y coordinada con las Administraciones Autonómicas y Locales, así como consensuada con los agentes sociales 

En referencia al informe publicado por la Autoridad Fiscal sobre la escasa eficacia del programa de reindustrialización y competitividad industrial, desde UGT- FICA queremos insistir en la importancia y la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo en favor de nuestra industria. Recordamos que nos encontramos inmersos en un contexto de esfuerzo continuo, en el marco de un cambio de modelo de crecimiento económico y de transformación profunda de nuestra industria.

Para lo cual consideramos imprescindible que la industria disponga de una financiación suficiente que permita la competitividad de conjunto de la industria en el marco de contexto internacional en el que nos encontramos, en el que potencias como China y EE.UU alcanzan una ventaja competitiva a través de una sobreprotección financiera pública existente en la potencia asiática y una sobre protección existente en las empresas americanas que aparece a través de determinadas políticas fiscales y comerciales.

Dado que España, se rige en materia de política industrial de acuerdo a la normativa comunitaria, es necesario aprovechar los mecanismos que en este marco se acuerdan para fortalecer la industria española y europea y precisamente, una de las medidas de ayuda a la política industrial es la llevada a cabo a través de una financiación suficiente teniendo en cuenta el tamaño reducido de nuestras empresas, pymes y micropymes, pone de relieve una grave dificultad para que las empresas de nuestro país puedan acceder en las mismas condiciones a una financiación que el resto de las empresas con las que competimos. Por ello no consideramos que se ponga en duda a través del Airef este mecanismo de apoyo a la industria.

Desde el Gobierno y la Administración, se deben establecer los cauces económicos que permitan a nuestras empresas competir en buenas condiciones en el complejo marco internacional de la industria.

Desde UGT-FICA, abogamos por la necesidad de apoyar a la industria, a través de una banca pública y/o a través de fondos nacionales o europeos que permitan a nuestra industria financiarse de forma que sean competitivas con el resto de países internacionales. Apostando además por desarrollar una política industrial integrada para toda Europa, que nos permita ganar fortaleza y competir en un mercado global. Los retos de nuestra industria son globales y requieren de una respuesta potente y coordinada que sea capaz de hacer frente desde la órbita europea a la evolución y los cambios estructurales que se producen en el plano internacional y para ello es necesario disponer de bases sólidas donde apoyar los patrones de recuperación y crecimiento y de generar empleos de calidad y con valor añadido que aporten un mayor bienestar social y sitúen a nuestra industria en el lugar que siempre le ha correspondido.

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