UGT LLEGA A UN ACUERDO CON EL COLEGIO EDUCADORES SOCIALES

FeSP-UGT y el Consejo de Colegios Oficiales de Educadores Sociales unen esfuerzos en pro de la educación social

FeSP-UGT y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) han firmado hoy un acuerdo en virtud del cual trabajarán conjuntamente para regular la educación social y conseguir intervenciones socioeducativas profesionales y de calidad en todo el ámbito estatal.

Las dos organizaciones comparten el interés, la dedicación y la preocupación por la coyuntura social, laboral y académica en la que se circunscriben las acciones/intervenciones socioeducativas con personas en los ámbitos de la reforma juvenil y la protección de menores y la atención a personas con discapacidad, desarrolladas a través de entidades al servicio de la Administración o directamente desde las diferentes Administraciones públicas.

Según el documento suscrito por Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, y Lourdes Menacho, presidenta del CGCEES, ambas partes consideran necesario afrontar con decisión y garantías, para los actuales y futuros profesionales de estos sectores, la regularización de la profesión a fin de establecer de manera definitiva las condiciones laborales, tareas, funciones y formación académica de quienes desarrollan su actividad profesional en este sector.

Pese a que desde los años 80 las comunidades autónomas han ido asentando un modelo más moderno de gestión y organización en la atención a niños/as, adolescentes y personas con discapacidad, no se han concretado todavía las funciones, titulaciones y perfil de los/las profesionales de estos sectores en el ámbito de la educación, y en particular en la Educación Social.

En el convenio suscrito, FeSP-UGT y CGCEES reivindican la categoría profesional de Educador/a Social como la del/de la profesional que lleva a cabo la atención directa especializada con los/as usuarios/as y sus familias en el ámbito de la intervención socioeducativa, así como en otros grupos profesionales y áreas funcionales. Asimismo, instan a hacerlo a las Administraciones públicas y a las entidades colaboradoras que gestionan centros, programas y/o recursos en estos sectores.

Las dos organizaciones consideran necesario establecer mecanismos para que quienes desempeñan actualmente su labor profesional en este ámbito y tengan una antigüedad igual o superior a dos años mantengan sus puestos de trabajo –como categoría a extinguir- con las mismas funciones y retribuciones salariales hasta que cumplan los requisitos académicos para ser reclasificados a la categoría de Educador/a Social.

Al tiempo, las nuevas contrataciones deberían realizarse bajo la categoría de Educador/a Social, con los requisitos legales establecidos para el desempeño de la profesión en todas las CCAA: diplomados/as, graduados/as en Educación Social y habilitados/as colegiados/as por cualquiera de los colegios profesionales de educadoras y educadores sociales del Estado.

El acuerdo también contempla, entre otras medidas, el apoyo a la creación de una ley del derecho a la Educación Social, garantía de unas intervenciones socioeducativas de calidad, que redunde en su efectividad y en el impacto en los/las usuarios/as, y evite el intrusismo profesional y la precarización del colectivo.