MOVILIZACIÓN ELECTORAL PARA RECUPERAR DERECHOS Y LIBERTADES

UGT y CCOO llaman a la movilización electoral para recuperar derechos y libertades

10 Propuestas para el Giro Social

Harán llegar a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales temas que afectan a la vida de las personas y deberían centrar los debates

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han presentado el documento “10 Propuestas para el Giro Social”, un decálogo de temas que consideran fundamentales para la vida de los trabajadores y trabajadoras, y para la ciudadanía en general, y sobre los que consideran que deberían centrarse los debates de la inminente campaña electoral para las próximas elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Para el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, la próxima convocatoria electoral es “realmente trascendente” para conseguir que la próxima legislatura sea “de verdad, en la que se nos devuelvan derechos y libertades” porque “hay algunas cosas que hemos conseguido, pero los elementos fundamentales de las reformas laborales, de los recortes no nos los han devuelto, y en ese sentido está todo por hacer”.

¿Dónde está el PP en materia de pensiones?

Entre las diez propuestas figuran, efectivamente, la derogación de las reformas laborales así como la derogación de la reforma de pensiones aprobada unilateralmente por el Gobierno del Partido Popular. En este sentido, y a preguntas de los periodistas en relación con declaraciones del asesor del PP Daniel Lacalle, Álvarez ha afirmado que “es absolutamente impresentable que se utilice y se hable del sistema de pensiones con tanta frivolidad. En todo caso, ha introducido suficiente incertidumbre como para que hoy haya muchas personas que se pregunten si el PP está en el Pacto de Toledo, está en la posición que ha mantenido tradicionalmente, o quiere ir a un sistema de pensiones en el que el elemento fundamental sea la privatización. Y tampoco he oído al señor Casado desmentir que sea así”.

Álvarez -con lazo azul con motivo del Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo- ha pedido a las fuerzas políticas asistentes al acto celebrado en la Plaza de Ópera de Madrid (PSOE, Cs, Podemos, IU, PCE, Compromís, y Actúa) un compromiso de que darán “soporte a aquellas propuestas posibles que nos acerquen al 100 por cien” en nuestras posiciones.

Más transparencia, más democracia, menos cloacas

El Secretario General de UGT ha desgranado durante su intervención algunas de las propuestas que plantean las organizaciones sindicales, afirmando que “no nos sirve esperar a un nuevo Estatuto de los Trabajadores, queremos cambios antes. ¿Es tan difícil de entender esto? No podemos seguir con la situación en la que están los despidos colectivos, tiene que volver a ser causalizados y contar con la intervención de la autoridad laboral”. 

“Es una gran frustración – ha señalado- que no se haya conseguido derogar los elementos fundamentales que nos privan de libertades; la ley mordaza continua vigente, la penalización a los piquetes de huelga continúa vigente, hoy no se puede ejercer el derecho de huelga en España de manera libre, y eso es insoportable”. 

El Secretario General de UGT ha concluido su intervención con una exigencia de transparencia y de acabar con las cloacas del Estado, porque “para poder vivir en libertad, para poder desarrollar nuestra acción sindical en libertad, para que no nos calumnien cada día, necesitamos una policía al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Imaginaros si es importante en estas elecciones no quedarse en casa”.

“Nosotras necesitamos que haya una votación mayoritaria, acabar con la desigualdad que hay en nuestro país, y eso se hace votando. A quien queráis, no vamos a pedir el voto para nadie, pero, en todo caso, ser conscientes de que, en función de donde vaya el voto dependerá nuestro futuro, el de nuestros hijos y de nuestros nietos” ha concluido. 

VIDEO DECLARACIONES PEPE ÁLVAREZ

VIDEO INTERVENCIÓN PEPE ÁLVAREZ

INTRODUCCIÓN:

Atravesamos una situación en la que la economía crece de manera notable desde hace cinco años, pero de ello no se está beneficiando la mayoría social de nuestro país. 

La bonanza económica está generando cuantiosos beneficios para las grandes empresas y un aumento muy importante de las grandes fortunas y de las rentas más elevadas, pero no está repercutiendo con la misma velocidad e intensidad sobre el grueso de la población, y en especial sobre los que sufrieron con mayor intensidad los rigores de la crisis y de los recortes. Crece el PIB, pero no el bienestar social, de manera que no se reducen los elevados niveles de desigualdad y pobreza que soportamos. 

Las restricciones y recortes en salarios, pensiones y todo tipo de políticas sociales fueron generales desde 2010. La precariedad laboral no ha dejado de crecer desde entonces. Sin embargo, en el momento de la recuperación económica, se ha producido el desvío de sus beneficios hacia ámbitos que no tienen que ver con el interés general y no reponen los derechos arrebatados. 

El triunfo de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy entre mayo y junio de 2018 y la conformación de un nuevo gobierno del PSOE, pese a la heterogeneidad de lasfuerzas políticas que la apoyaron, abrió una ventana de esperanza para la mayoría de la sociedad, y sobre todo para quienes siguen sufriendo los efectos de la crisis. 

El cambio de Gobierno brindaba la oportunidad de ver revertidas las reformas más agresivas impuestas por los gobiernos del PP y recuperados, cuando menos, parte de los derechos arrebatados, así como de aplicar políticas económicas diferentes, que abandonaran definitivamente la austeridad extrema que tanto sufrimiento causó, y pusieran en el centro de su objetivo la mejor de la calidad de vida de las personas. 

En este novedoso contexto, CCOO y UGT emplazamos al nuevo Gobierno para que se activara el Diálogo Social, y en este marco se han estado abordando cuestiones tan significativas como son la reversión de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y la derogación de la reforma de las pensiones impuesta por el PP. 

Se ha conseguido acordar alguna medida especialmente importante para cientos de miles de personas como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, o la subida del SMI, pero con la convocatoria de elecciones generales se ha visto frustrada la tramitación de algunos de los acuerdos que habíamos alcanzado en las mesas de negociación en materia de reforma laboral, de manera que los elementos centrales de las reformas siguen vigentes. Ahora, la convocatoria electoral ofrece la oportunidad de dar un nuevo cambio en las políticas de nuestro país, en favor de aquellos sectores sobre los que ha recaído con todo su peso la crisis, pero que no han gozado de las bonanzas de la recuperación. 

Desde el sindicalismo confederal y desde nuestra autonomía sindical, queremos hacer un llamamiento contundente a la movilización electoral, decir a todas las trabajadoras y trabajadores, porque aunque todos los procesos electorales son importantes, las elecciones del día 28 de abril no son unas elecciones cualquiera. 

En estos momentos existe un riesgo cierto de involución en los derechos laborales, sociales e incluso fundamentales,sise abren paso las propuestas de determinadas opciones políticas. Estamos en un contexto en el que es necesario reforzar la democracia, la igualdad, la cohesión social y la convivencia; y eso se hace votando, y haciéndolo a los grupos que llevan en su programa actuaciones progresistas. Por eso, UGT y CCOO instamos a todos los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales a que asuman e integren nuestras propuestas en sus programas electorales, que quedan resumidas en este DECÁLOGO, y a que actúen en consecuencia cuando, con posterioridad, se conforme el próximo Gobierno

1.- Por un nuevo modelo productivo sostenible 

A pesar de la recuperación económica el paro sigue siendo el principal problema de este país, el porcentaje de desempleo sigue situándose en un 14,45% y nuestro mercado de trabajo sigue sosteniéndose en los sectores menos productivos y en las condiciones de trabajo precarias, y una disminución del gasto destinado a políticas de empleo. 

Se hace necesaria la potenciación de un modelo económico que tenga en cuenta los cambios tecnológicos que se están produciendo con criterios de eficiencia económica y social y de atención integrada al medio ambiente. Por ello, es necesario:

• Un Plan Estratégico para la Industria que haga frente a la desindustrialización que sufre nuestro país desde hace décadas. Está política industrial también debe contemplar el desarrollo de las actividades de servicios de alto valor añadido que mejoran la competitividad de las empresas españolas basada en la creación de valor, y no en la reducción de los costes laborales.
• Desarrollar una política incentivadora de la inversión, con apoyo a la Innovación, la Investigación y Desarrollo, alcanzando el objetivo de, al menos, un 3% del PIB de la UE en Investigación y Desarrollo (I+D). Ello debe conjugarse con una ambiciosa política de formación y cualificación de las trabajadoras y trabajadores.
• Establecer una Banca Pública de suficiente magnitud, como sucede en muchos países europeos.
• Impulsar una Transición Energética y Medioambiental hacia un modelo de Economía Circular en nuestro país, convirtiéndonos en una sociedad más eficiente en el uso de recursos naturales.
• Movilizar el potencial de las zonas rurales como motor de desarrollo e innovación para alcanzar la cohesión social, territorial y económica en Europa. En particular, implementar un Plan de Empleo de Regeneración y Cuidado del Entorno Natural.

2.- Empleo de Calidad: Derogar las Reformas Laborales y acabar con la Precariedad laboral 

Las reformas laborales de 2010 y 2012, han supuesto un ataque directo a los derechos de las personas trabajadoras, y a la herramienta básica de generación de derechos, la negociación colectiva, generando un mercado de trabajo con altos niveles de temporalidad, bajos salarios, trabajos a tiempo parcial no deseado, rotación en la contratación, importantes diferencias en las condiciones laborales de hombres y mujeres y el aumento de relaciones laborales atípicas y con escasos derechos. 

Por ello es necesario: 

• Derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, de forma que se recuperen los derechos laborales arrebatados a las trabajadoras y trabajadores. 
• Impulsar un consenso en torno a un modelo de relaciones laborales más democrático, moderno y eficiente que potencie la contratación indefinida y salarios dignos. Ello exige apostar por el dialogo social y devolver a la negociación colectiva un papel central, restablecer los equilibrios y la plena autonomía de las partes. 
• Perseguir y sancionar todas las formas de precariedad laboral: temporalidad abusiva y fraudulenta, tiempo parcial involuntario, horas extras, falsos autónomos, becarios que encubren una relación laboral. Y recuperar la causalidad en la contratación temporal.
• Establecer un Estatuto de las prácticas no laborales, en el que se regule de manera más efectiva aquellas prácticas que realicen estudiantes y aprendices durante su período formativo, y suprimir las prácticas extracurriculares, cuya fórmula se ha demostrado que es un fraude para contratar a personas rebajando sus derechos y condiciones laborales.
• Recuperar la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa
• Regular la subcontratación para evitar su utilización como instrumento de abaratamiento de la mano de obra y de empeoramiento de las condiciones de los trabajadores al margen de la negociación sectorial o de la empresa receptora de los servicios (reforma del art. 42 del ET).
• Desarrollar el estatuto Básico del Empleado Público para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas. Cumplir los acuerdos de Función Pública: recuperación de los derechos arrebatados durante la crisis, recuperar el empleo perdido, y reducir la alta tasa de temporalidad, para garantizar más y mejores servicios públicos.
• Impulsar un Plan de choque por el empleo de calidad que sitúe a la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía real como los principales objetivos de la política económica de nuestro país. 
• Duplicar la dotación presupuestaria para políticas activas de empleo para poder hacer frente a los retos que tiene nuestra sociedad y nuestro tejido productivo, respecto a fenómenos potencialmente disruptivos como la digitalización. 
• Poner en marcha una Política y un Plan de acción contra el trabajo forzoso y un Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral que, entre otras medidas, incluya el incremento de las sanciones administrativas y penales en el caso de delitos contra los derechos de los trabajadores, tipifique el trabajo forzoso y garantice la protección y reparación de las víctimas, documentando, en su caso, a las de nacionalidad extranjera en situación irregular. 
• Establecer nuevas formas de organización del tiempo de trabajo, que permitan hacer compatible la vida profesional y la vida privada. 
• Exigir el cumplimiento de la normativa en materia de contratación de las personas trabajadoras con discapacidad, garantizando la cuota reserva del 2%, 
• Promover la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
• Luchar contra el fraude laboral en las plataformas digitales.

3.- Recaudar más y de manera más justa 

Los ingresos públicos por impuestos y cotizaciones sociales en España son bajos con relación a los que obtienen los países más avanzados de Europa. Esto implica que tenemos que tener una fiscalidad más progresiva para sostener el gasto público, que también es bajo en términos relativos. Los impuestos nos garantizan unos servicios públicos de calidad, como la educación, la sanidad, la atención a la dependencia o a las personas en desempleo, a los cuales una gran parte de la población no podría acceder si se suministraran sólo por criterios de mercado. 

Para lograr esos objetivos, se debe: 

• Impulsar una reforma fiscal integral que reduzca en la próxima legislatura a la mitad el diferencial de presión fiscal que tenemos respecto a la UE, y que contemple: 
• Aumentar la tributación sobre el capital y sobre la renta del trabajo de los salarios más elevados. 
• Elevar la presión fiscal real del impuesto de sociedades para las grandes empresas. 
• Recuperar unos impuestos sobre sucesiones y sobre el patrimonio con capacidad recaudatoria y mayor homogeneidad a nivel estatal. 
• Acometer un plan de choque contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida.
• Promover a nivel europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y contra la elusión fiscal de las grandes empresas transnacionales.

4.- Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación 

Son muchas las desigualdades que por razón de sexo y de género se siguen produciendo. 

Por tanto urge abordar entre otras las siguientes medidas: 

• Reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres; para ello es imprescindible aprobar, e implantar de forma efectiva, una Ley de Igualdad Salarial, negociada con los interlocutores sociales 
• Establecer una práctica educativa transformadora, desde la perspectiva de género 
• Desarrollo de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, con una especial atención a las medidas educativas, preventivas y de sensibilización, y con una dotación presupuestaria suficiente, que permita un cambio de mentalidad social, que nunca se ha puesto en práctica nise han hecho las inversiones necesarias. 
• Propiciar la corresponsabilidad como una cuestión de conjunto de la sociedad. 
• Desarrollar e implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con una dotación presupuestaria suficiente y adecuada. 
• Avanzar en las políticas de igualdad de género, como herramienta clave para erradicar la violencia contra las mujeres, y la discriminación laboral y social que padecen. 
• Dotar estructuras y recursos públicos suficientes que permitan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y el cuidado de las personas en situación de dependencia. 
• Equiparar los permisos de las y los progenitores. Que sean de carácter subjetivo e intransferible, para contribuir a la corresponsabilidad y a la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres

5.- Impulsar las políticas sociales y de lucha contra la pobreza: 

Implantar un suelo de gasto social en la Constitución Establecer en la Constitución Española, un suelo de gasto social que permita el mantenimiento de niveles de protección suficiente en sanidad, educación, vivienda, protección por desempleo, servicios sociales y pensiones para toda la ciudadanía; aproximando nuestro gasto social per cápita con los países centrales de la UE, de forma que en los próximos 4 años se reduzca a la mitad el actual diferencial en esta materia. 

Para ello es preciso: 

• Derogar la reforma de 2011 del art. 135 de la Constitución. 
• Desarrollar un Plan Coordinado de erradicación de la Pobreza. 
• Establecer una Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y garantice unos ingresos básicos para atender las necesidades más esenciales a las personas que carecen de empleo y, en su caso, para los familiares a su cargo. 
• Reformar de forma integral el sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extensivo. El objetivo debe ser que todos los trabajadores en paro perciban una prestación, contributiva o asistencial, y formación u orientación para encontrar trabajo. Es necesario, revisar al alza tanto las cuantías de las prestaciones como su duración. 
• Configurar el derecho a la vivienda como derecho fundamental. 
• Apostar por las viviendas públicas de alquiler, a precios asequibles. 
• Impulsar un acuerdo entre las Administraciones Públicas y el sector financiero para acabar con los desahucios de primeras viviendas siempre que no haya una alternativa habitacional para los desalojados. 
• Propiciar en el ámbito energético, un acuerdo con las Administraciones Públicas y las grandes empresas oligopolistas delsector eléctrico para establecer mínimo social de suministro que permita combatir la pobreza energética

6.- Garantizar la viabilidad y la suficiencia de las pensiones públicas 

La reforma de 2013 estableció medidas dirigidas a recortar de forma creciente y acumulada las pensiones públicas a lo largo del tiempo. Corregir esta situación y garantizar para todos los pensionistas actuales y futuros unas pensiones suficientes y dignas es un objetivo claro. 

Para ello reforzar la estructura de los ingresos y abordarla evolución del gasto desde criterios de contributividad y no de reducción simple de coberturas,son herramientas necesarias.

• Recuperar el Pacto de Toledo y el acuerdo político y social, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, viabilidad y suficiencia del sistema público de pensiones a largo plazo, actuando sobre la política de ingresos. 
• Derogar la reforma de 2013, el factor de sostenibilidad y el índice de Revalorización del 0,25%, medidas que tienen como objeto reducir las pensiones del presente y del futuro, hasta recuperar la situación anterior a esa reforma; y establecer por ley la garantía del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización con el índice de precios de consumo. 
• Garantizar la financiación suficiente del sistema de pensiones preferentemente a través de las cotizaciones sociales, aportando con impuestos financiación a medida que sea necesario. 
• Completar la separación de fuentes del sistema de pensiones con el objetivo de que las cotizaciones sociales se destinen a financiar la parte contributiva del sistema, y la no contributiva, incluyendo gastos de gestión, así como los demás gastos que no le corresponde sostener a la Seguridad Social, se financie con cargo a impuestos generales

7.- Garantizar unos Servicios públicos de calidad 

Desde nuestras organizaciones se apuesta de forma decidida por servicios públicos de calidad. 

Para ello exigimos: 

• Incrementar sustancialmente los recursos públicos en Sanidad, Educación, Vivienda, Protección Social y Ayuda a la Dependencia. 
• Implantar un Sistema Público de Servicios Sociales, como parte fundamental del cuarto pilar del Estado de Bienestar, con prestaciones y servicios suficientes. 
• Aplicación de forma real de la Ley de Dependencia, incrementando la intensidad de los servicios y la cuantía de las prestaciones, y estableciendo la compatibilidad entre algunas de ellas. 
• Derogar la LOMCE, y sustituirla por una Ley educativa asentada en un pacto social y político por la educación, con la participación no solo de las fuerzas políticas sino del conjunto de la comunidad educativa y por lo tanto con los sindicatos como representantes legales del profesorado, que haga efectivos los principios de equidad, excelencia y mejora de resultados educativos y que potencie y defienda la escuela y la universidad públicas.

8.- Intensificar la lucha contra la siniestralidad laboral y desarrollar un sistema que garantice la salud integral de los trabajadores 

Los distintos ciclos económicos suelen acompañar un aumento o disminución de las cifras de siniestralidad en un país como el nuestro, en el que los avances reales en las políticas de prevención de riesgos laborales son insuficientes por más que las normas preventivas están adaptadas al eje comunitario. Dos trabajadores cada día no vuelven a casa de su trabajo por un accidente laboral. 

Corregir esta situación requiere:

• Implementar planes y campañas de Inspección que corrijan realmente los incumplimientos constantes a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales vigente.
• Promover en las empresas una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales, a través de la realización de las evaluaciones de riesgos, incluyendo los psicosociales y la implantación de las medidas preventivas derivadas de las mismas. 
• Establecer un sistema objetivo de clasificación por gravedad de los accidentes de trabajo.

9.- Asegurar la igualdad de trato y oportunidades 

La realidad de personas que, por cualquier circunstancia personal y/o social, encuentran dificultades para que sea efectiva la igualdad en el mercado de trabajo y en la sociedad, requiere de políticas y medidas que hagan frente a la discriminación y a situaciones de desventaja que pueden desembocar en la exclusión y en la segmentación social. Más aún cuando el rastro de la crisis ha agudizado las desigualdades preexistentes. 

Por ello, es imprescindible: 

• Aprobar una ley de igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación de aplicación para todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales y/o sociales que garantice la igualdad en los ámbitos públicos y privado, y de forma especial al empleo y la protección social. 
• Extender a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, víctimas de explotación laboral o sexual, delitos de odio o de tráfico de seres humanos, la posibilidad, real y efectiva, de acceder a una autorización para residir en España. 
• Iniciar una política orientada a facilitar el retorno de quienes han emigrado al exterior, sea cual sea su nacionalidad con medidas específicassegún los perfiles y que incluyan, en el marco del Diálogo social la reincorporación o inserción en el mercado de trabajo español. 
• Garantizar los derechos de las personas LGTBI, asegurando contextosseguros y favorables para diversidad sexual y la identidad de género que impidan la discriminación en cualquier ámbito de la sociedad.

10.- Mejorar la calidad de nuestra democracia 

Revertir las regresivas reformas legales de los últimos años, que criminalizan la protesta y vulneran derechos fundamentales, así como adoptar las actuaciones precisas para construir un sistema económico más eficiente y sostenible, y una sociedad más democrática e igualitaria. 

• Derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza). 
• Derogar el art. 315.3 del Código Penal, que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga. 
• Exonerar a todos los trabajadores y trabajadoras procesados y/o condenados por participar en una huelga. 
• Derogar la Ley 41/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
• Derogar la Ley 10/2012, de tasas judiciales. 
• Adoptar un plan integral para una justicia moderna, eficaz y de calidad. 
• Derogar la modificación de la Ley de Extranjería que permite el rechazo de inmigrantes en frontera, vulnerando convenios y tratados internacionales.