REGULACIÓN Y POLÍTICAS PARA PROTEGER AL CONSUMIDOR

Más regulación, políticas específicas y crear juzgados especializados para proteger a los consumidores

15M, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

UGT, con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra el 15 de marzo, exige una política específica y diferenciada para el consumo, con suficiencia económica y con poder de decisión. El objetivo es que los consumidores españoles tengan los mismos derechos que sus homólogos en la UE. Hay que tener en cuenta que el número de reclamaciones al año supera el millón y afecta, entre otros muchos sectores, a la telefonía, los servicios bancarios o la electricidad.

El sindicato demanda la creación de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero, y una regulación de la economía colaborativa, así como una normativa que ampare las acciones colectivas y la creación de juzgados especializados en consumo, con unos procedimientos más ágiles que los actuales.

Exige la presencia institucional de las organizaciones sindicales en los Consejos de Consumidores y Usuarios, tanto a nivel estatal como en el conjunto de las Comunidades Autónomas y entes locales, en aras de impulsar los cambios normativos necesarios y políticas globales de carácter transversal.

El viernes 15 de marzo, celebramos a nivel global el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y desde UGT, queremos hacer un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que ésta sea una jornada reivindicativa, recordando y tomando conciencia de nuestra condición de consumidores y consumidoras, del papel que desempeñamos en la vida social y económica y de la necesidad de una lucha diaria, activa, defendiendo y exigiendo unos derechos que la ley nos ampara y que debemos de ampliar.

Todas las conquistas sociales, y esto lo sabemos muy bien los trabajadores y trabajadoras, se han conseguido a través de duras luchas. Es por ello que se hace necesario en esta materia, un consumidor mejor preparado e informado, puesto que solo así podremos realizar elecciones responsables y sostenibles de consumo. Pero junto a la información, resulta imprescindible un movimiento social que reúna a todos los consumidores y consumidoras para que todos juntos, reivindiquemos nuestros derechos, canalizándolos a través de las asociaciones de consumidores y usuarios, como legítimas defensoras de los mismos.

Muchas cosas se han conseguido desde que allá por 1984 se aprobase la primera ley de consumidores y usuarios pero aún más, si cabe, son las metas por alcanzar y no nos resignaremos a que los consumidores y consumidoras de nuestro país tengan menos derechos que nuestros homólogos de la Unión Europea, menos aún que tengan que ser los Tribunales de Justicia de la Unión quienes marquen la agenda de nuestros políticos en derechos de consumo. Es por ello que, entre otras muchas cuestiones y de manera inmediata, nos parece imperioso el que se legisle para la creación de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero; al igual que exigimos una regulación del fenómeno de la economía colaborativa que tanto está distorsionando las relaciones laborales; vemos igualmente necesario una normativa que ampare las acciones colectivas así como la creación de juzgados especializados en consumo con unos procedimientos más ágiles que los actuales, entre otras muchas cuestiones.

Desde UGT creemos que es el momento de reivindicar una política específica y diferenciada para el consumo, con suficiencia económica, por parte de las administraciones con competencia en la materia. Una política singularizada, con poder decisor, máxime si tenemos en cuenta el número de reclamaciones (más de un millón al año) y los sectores afectos: telefonía (facturación, portabilidad, bajas…); servicios bancarios (hipotecas, comisiones y gastos…) o electricidad (facturación), entre otros muchos.

Igualmente, en aras de la defensa de los intereses económicos y sociales que nos son propios como Sindicato, exigimos la presencia institucional en los órganos de representación de los Consejos de Consumidores y Usuarios, tanto a nivel estatal como en el conjunto de las comunidades autónomas y entes locales. Todo ello en aras de impulsar los cambios normativos necesarios para redefinir el consumo y los nuevos hábitos de consumo, mediante políticas globales, de carácter transversal dentro de las administraciones públicas, exigiendo de ellas una mayor implicación, coordinación y suficiencia en la materia.