JUSTICIA Y TRANSPARENCIA EN MERCADO INMOBILIARIO

Más justicia y transparencia al mercado inmobiliario

Las medidas en materia de vivienda y alquiler son mejorables, pero recogen muchas reivindicaciones planteadas por UGT

UGT valora la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del proyecto de ley sobre medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, pues recoge muchas de las reivindicaciones y medidas defendidas por el sindicato para dotar de transparencia al mercado inmobiliario y equilibrar la relación entre el arrendador y el arrendatario.

Una norma, por supuesto, mejorable, pero en la buena dirección para dar un nuevo sesgo social a las políticas de vivienda.

Especialmente destacable es la medida, largamente reivindicada por UGT, de elaborar una estadística oficial, a nivel nacional, sobre los precios de los alquileres, a partir de la cual las administraciones con competencia puedan actuar para establecer índices de precios máximos en las zonas más tensionadas por los elevados precios de los alquileres.es la elaboración de una estadística oficial, a nivel nacional, sobre los precios de los alquileres, a partir de la cual las administraciones con competencia puedan actuar para establecer índices de precios máximos en las zonas más tensionadas por los elevados precios de los alquileres.

Otras cuestiones vitales son que la renovación anual del precio del alquiler se referencie al Índice de Precios al Consumo (IPC); preservar el carácter social de las Viviendas de Protección Oficial (VPO); o la regulación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendente a regular los pisos turístico.

UGT valora que el Gobierno, pese a la cercanía de las elecciones, no abandone su agenda social e incorpore dentro de sus prioridades la aprobación del fallido RD Ley 21/2018, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, cuyo contenido coincidía con muchas de las reivindicaciones de nuestro sindicato. Una norma necesaria, aunque mejorable, para equilibrar la relación tan desigual que existía entre las partes (arrendador/arrendatario).

El Proyecto de RD Ley, pese a no conocerlo en profundidad, parece que pretende incorporar, entre otras medidas, la elaboración de una estadística a nivel nacional que recoja los precios de los alquileres, y que, a partir de ella, las CCAA y los Ayuntamientos, administraciones con competencias en vivienda, establezcan índices de precios máximos en aquellas zonas más tensionadas por sus elevados precios de los alquileres.

Una propuesta que planteó UGT, a principios, del pasado mes, en la última reunión mantenida con la Secretaria General de Vivienda, Helena Beunza, al no entender que no existiese una auténtica estadística oficial relativa al mercado de precios de los alquileres, y que estas cifras fuesen suministradas por dos portales inmobiliarios, de los cuales uno es propietario de un fondo de inversión inmobiliario. La elaboración de esta estadística oficial debe ser un paso previo al establecimiento de unos índices de precios máximos que tienen que elaborar las administraciones con competencia en la materia.

El objetivo debe ser dotar de transparencia a un mercado que ha estado dominado por la especulación y la opacidad, algo que se opone frontalmente al concepto de una verdadera política social, como debe ser el tema de la vivienda. Sólo con transparencia se imposibilitarán las operaciones fraudulentas, o de dudosa legalidad o ética, que pueblan este mercado.

Otras medidas fundamentales

Junto a esta medida, UGT considera imprescindible que la renovación anual del precio del alquiler, se referencie al Índice de Precios al Consumo (IPC) y no se deje a voluntad de las partes, en este caso a la parte más fuerte, el arrendador.

Por otro lado, es fundamental que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no pierdan su carácter social y que su régimen se prolongue durante toda la vida útil de las mismas. El sindicato demanda que las próximas que se construyan, se destinen al alquiler, para crear un auténtico y fuerte parque de viviendas sociales en alquiler.

UGT considera, además, imprescindible una regulación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendente a regular los pisos turísticos, un mercado donde plataformas intervienen transformando, sin regulación ninguna, pisos de alquiler en pisos turísticos, a largo plazo. Debería regularse, entre otras, la exigencia de que basta con el 60% del voto en las comunidades de propietarios para impedir la presencia de dicho tipo de viviendas en un edificio.

En definitiva, el Sindicato entiende que es el momento de realizar unas políticas en las que se ponga en el centro de las mismas las necesidades habitacionales de las personas. Políticas de vivienda con un nuevo sesgo social para hacer efectivo el derecho fundamental a una vivienda digna, adecuada y accesible, capaz de poder ser invocado ante los poderes públicos y ejercitable ante los tribunales de justicia.

Es por ello, por lo que UGT anima al actual Gobierno a que, de aquí a las elecciones generales, incluya en su agenda social, además de la vivienda, temas tan fundamentales como son la reforma laboral o la derogación de la reforma de pensiones del PP de 2013, algo que ha sido objeto de clamor social en las calles.