GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Un acuerdo social para garantizar las pensiones

Mari Carmen Barrera interviene en una jornada sobre personas mayores y Estado de Bienestar organizadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT.

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha reclamado la necesidad de “llegar a un acuerdo social que garantice, de una vez por todas y para siempre, la sostenibilidad del sistema de pensiones en nuestro país”.

Mari Carmen Barrera ha realizado estas declaraciones durante la jornada “Las personas mayores y el Estado de Bienestar. Por un envejecimiento activo”, organizada por la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT) en León, donde ha recordado que la situación de la Seguridad Social “no ha cambiado, ya que continuamos con un déficit de entre 15 y 18.000 millones de euros, que es preciso solucionar”.

“La reforma de pensiones del año 2013 es inviable”, ha asegurado. “Está deslegitimada e invalidada. Ha sido fuertemente contestada en la calle, el Congreso ha suspendido su aplicación, la Comisión del Pacto de Toledo ha llegado a un consenso para suprimir el Índice de Revalorización y volver al mantenimiento del poder adquisitivo, y la mayoría de las fuerzas políticas están ya convencidas (como defendía UGT) de que hay que buscar una nueva vía para asegurar el sostenimiento futuro de las pensiones”.

Un nuevo modelo que se aleje de la reforma de 2013

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha abogado por “un nuevo modelo, alternativo a esa reforma, para financiar el sistema de pensiones. Un modelo realista y que se base en el reciente informe de la AIREF, que manifiesta la necesidad de suprimir el déficit actual en un periodo temporal muy corto y definir la financiación del déficit futuro cuando crezca el gasto, con la jubilación de la generación del baby boom”.

Un nuevo modelo que, para Mari Carmen Barrera, debe partir desde el diálogo social, que “garantice la suficiencia del sistema de pensiones sin recurrir a los insostenibles mecanismos de recorte; que se base en la reforma de 2011, también firmada por los empresarios; que suprima el déficit actual y lo equilibre para más de una década; y que deje establecida la dirección en la que se deben ir adoptando las medidas necesarias para hacer frente en el futuro al incremento del número de pensionistas”.

“El problema no es que el nivel de gasto sea insoportable”, ha considerado, “sino que es un poco mayor que el nivel de ingresos. Hay que aumentar el PIB y los ingresos, reducir el gasto y que, de forma temporal, los ingresos por cotizaciones se complementen con un porcentaje del PIB”.

Garantizar los derechos de las personas mayores es una prioridad

Antoñanzas interviene en las jornadas “Las personas mayores y el Estado de Bienestar”

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha intervenido hoy en unas jornadas sobre “las personas mayores y el Estado de Bienestar”, organizadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, en León, donde ha reivindicado que “la sociedad no puede dejar de lado a las personas mayores, que deben continuar siendo parte activa”.

Cristina Antoñanzas ha señalado que “el hecho de envejecer ya no significa ser “viejo” ya que las condiciones de salud y bienestar junto con la prolongación de la esperanza de vida provocan el retraso paulatino de lo que tradicionalmente conocemos como vejez”.

Antoñanzas ha subrayado que, “si algo caracteriza a nuestra estructura demográfica, actualmente, es el peso poblacional de las personas mayores de 65 años”, una tendencia que va en aumento puesto que la esperanza de vida en España es de 83,1 años. La más elevada de la UE”.

“Según datos del INE, una de cada cinco personas es mayor de 65 años, (el 19,07% de la población total), o lo que es lo mismo, 8.908.151 personas, de las que más del 57%, es decir, 5.068.440, son mujeres. De ellos más del 32% tenía 80 o más años (2.871.595), edad a partir de la cual es probable que aparezca alguna situación de dependencia”.

“De manera que, las personas mayores de 65 años superan a las que se encuentran en edades comprendidas entre los 0 y los 14 años (7.392.864), un hecho que nunca se había dado en términos poblacionales. A 1 de enero de 2018, por cada niño entre 0 y 14 años había 1,2 personas mayores de 65 años” ha destacado.

“El envejecimiento de la población” ha explicado “se constituye como uno de los acontecimientos sociales de nuestra época y va a suponer un gran reto: asegurar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores que, en 2033 el 25,2 % de la población superará los 65 años”.

Las políticas relacionadas con los mayores deben ser prioritarias

Cristina Antoñanzas ha subrayado que “las políticas relacionadas con los mayores y con el envejecimiento activo deben estar como una prioridad en la agenda política, y tener su reflejo en el gasto social, incrementándose las partidas económicas para ofrecer una mejor cobertura a través de servicios y prestaciones públicas suficientes, y se garanticen sus condiciones de acceso y disponibilidad”.

“Para ello”, ha afirmado, “es fundamental garantizar el poder adquisitivo de las personas mayores a través de sus pensiones así como desarrollar una política integral de protección y cobertura de las necesidades de las personas mayores, tanto de las que cuentan con un buen estado de salud y que son independientes, con actuaciones como la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo; como de aquellas que por ser más longevas o por gozar de una salud o tener su capacidad más reducida, necesitan de una atención más intensa e individualizada, como la protección a las situaciones de dependencia”.

“En definitiva, mejorar el bienestar, el buen trato y fortalecer y garantizar los derechos de las personas mayores y exigir medidas legales y económicas que plasmen esa realidad como concepción progresista de la sociedad y bajo ningún concepto debemos permitir que gobiernos conservadores recorten los derechos conquistados en igualdad” ha finalizado.

Es necesaria una Ley que garantice protección específica a los mayores

Adela Carrió ha clausurado las jornadas “las personas mayores y el Estado de Bienestar”

La Secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió, ha clausurado las jornadas sobre “las personas mayores y el Estado de Bienestar”, organizadas por la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, en León, donde ha destacado la necesidad de “repensar cómo estamos protegiendo a nuestros mayores y si los instrumentos actuales son válidos, ya que en el último decenio ha habido grandes avances en las políticas relativas al envejecimiento y no obstante, la discriminación y la exclusión social continúan”.

“El envejecimiento de la población” ha explicado, “ha conllevado la introducción progresiva de nuevas políticas y programas principalmente relacionados con el desarrollo de los sistemas de salud, seguridad social, servicios sociales o bienestar. Pero si hacemos un análisis de la legislación, no sólo no existe una política integral que aborde de forma transversal los derechos de las personas mayores y que les proteja y les asegure su bienestar”.

Adela Carrió ha resaltado que “el aumento de la longevidad constituye un gran desafío para nuestro tiempo y si no se realiza una adaptación a estas tendencias demográficas será muy difícil lograr un futuro sostenible y seguro en el que las personas de cualquier edad lleven una vida plena”.

“Las personas mayores contribuyen al desarrollo económico y social, pero siguen siendo discriminadas y excluidas de la sociedad” ha comentado, “por eso debemos superar prejuicios para conseguir una población activa social y económicamente, que esté protegida y envejezca lo más saludablemente posible”.

“En este sentido, es necesario, entre otras cosas, incentivar la participación de los mayores en la sociedad, -factor clave para el desarrollo social- y promover iniciativas que estimulen su actividad, pero también es fundamental garantizar el poder adquisitivo de las personas mayores”.

Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores

Por todo ello, Adela Carrió ha señalado la necesidad “una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice una protección específica a los mayores y contemple los ámbitos de salud, vivienda, protección económica, jurídica, cultura y ocio”.

“Una ley que garantice la protección y el ejercicio de los derechos de las personas mayores, la no discriminación por razón de edad, la igualdad de oportunidades y atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad, la participación activa de los mayores en todos los ámbitos desde el social como el político, al privado como es el familiar, y bajo una perspectiva intergeneracional y que considere el hecho del envejecimiento como un logro y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia, se garantice la mejor calidad de vida”. 

“Asimismo”, ha finalizado, “es imprescindible desarrollar actuaciones y estrategias sociales y políticas que afronten las situaciones que viven los mayores y lo que van a vivir; debemos adelantarnos al futuro inmediato que se presenta, debemos abordar líneas de intervención para combatir la soledad y minimizar sus riesgos y consecuencias”.