ESPAÑA NECESITA 1,5 M DE VIVIENDAS PÚBLICAS

España necesita un millón y medio de viviendas públicas

Mari Carmen Barrera apuesta por aumentar la inversión en vivienda para que alcance niveles europeos

“Un estudio realizado por la Fundacion Alternativas detalla que más del 90% de los solicitantes de Viviendas de Protección Oficial apuestan por alquiler asequible con una posterior opción de compra. El sindicato considera que España necesitaría más de un millón y medio de viviendas públicas y que debería establecerse un plazo de ejecución de 10 años para su construcción de manera que cada año hubiera 150.000 nuevas viviendas públicas”. 

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera, ha realizado estas declaraciones durante la apertura de las jornadas sobre vivienda que el sindicato ha organizado en Palma junto al Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma donde ha destacado que “con carácter urgente se debe dar contenido social al parque inmobiliario que posee la SAREB y apostar por la financiación desde entidades con accionariado público como el ICO o, por ejemplo, la actual BANKIA cuyo 60% es del Estado”.

Mari Carmen Barrera ha subrayado la necesidad de llevar a cabo “reformas legislativas urgentes que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada, como un derecho real que se pueda invocar delante de los tribunales y los poderes públicos de manera que las situaciones de desahucio, de lanzamientos por impago o ejecuciones hipotecarias puedan tener un tratamiento diferente al que tienen actualmente judicialmente hablando”.

“Porque aunque ya no se habla de ello en los medios de comunicación, sigue habiendo desahucios en España. De hecho, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial tasa en casi 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y casi 19.000 por ejecuciones hipotecarias” ha recordado.

“Ese es el drama de la vivienda en España al que hay que darle una solución que pasa por unas políticas que, a futuro, consigan dar una respuesta desde lo social, con una participación de la financiación de lo público a través del ICO y con una serie de medidas que doten de transparencia a un mercado absolutamente opaco y que ha favorecido todo tipo de especulaciones y la creación de una tremenda burbuja inmobiliaria” ha añadido.

“Queremos que haya más transparencia, mejor gestión desde lo público, control de precios de los alquileres y que, en definitiva, no haya abusos y que los ciudadanos que necesiten una vivienda en condiciones dignas pueda acceder a ella” ha añadido.

Situar el problema en la agenda política y social

La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha manifestado que, en este momento, “es necesario poner el problema de la vivienda en la agenda política de cara a las elecciones para que, una vez que se celebren los comicios, se pongan en marcha políticas sociales en materia de vivienda”.

“Durante la recuperación económica, entre 2014 y 2018, el precio de las viviendas ha crecido hasta un 26% y el precio de los alquileres hasta un 30%, sin embargo, los salarios han crecido tan sólo un 2,1%. Una situación de absoluta desventaja para los trabajadores porque se puede decir que con la recuperación han crecido los precios de los alquileres hasta 15 veces lo que han crecido los salarios”.

Por eso “es necesario que la inversión en vivienda alcance los niveles europeos y que la dotación de los parques públicos de viviendas sociales alcances cifras como las de Alemania, con un 57%, Holanda, con un 47%, o Inglaterra que tiene hasta un 20% de vivienda social”.

Más vivienda social

Mari Carmen Barrera ha afirmado que “ahora es el momento de potenciar las políticas que convertirán a la vivienda en un bien social, con el importante efecto que esta tiene sobre la integración social y la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y porque cientos de miles de familias en nuestro país no pueden esperar más”.

“Es absolutamente necesario” ha explicado, “que se dote a nuestro país de un parque social de vivienda, gestionado por instrumentos públicos con total transparencia y condiciones igualitarias en todo el país y conseguir que se dote a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y búsqueda de rentabilidad con su tenencia, tratando de implementar una política de precios de alquiler”.

“Además, es imprescindible que haya mayor transparencia de un mercado, el inmobiliario, cuya opacidad ha favorecido el abuso y la especulación. Para ello hacen falta estadísticas públicas, hasta ahora inexistentes, de precios que permitan actuar sobre los mismos, controlando las subidas abusivas a través, por ejemplo, de la creación de un registro estatal de alquileres turísticos para su control impositivo”.

“Hace falta una política mucho más decidida de rehabilitación de viviendas y todo ello con un incremento importante de la financiación de la vivienda ya que, en los últimos años, el gobierno la ha reducido prácticamente a cero. El porcentaje del PIB que se destina a vivienda tiene que alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB pues sin inversión pública no se pueden solucionar los problemas de acceso a la vivienda y de condiciones dignas. Ese es el camino que desde UGT queremos labrar contando con esta jornada como una herramienta más en el mismo.” ha finalizado.

Audio con la intervención de la Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mª Carmen Barrera

Pepe Álvarez emplaza a los partidos políticos a hablar sobre vivienda y garantizar el derecho constitucional frente a los intereses especulativos

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a los partidos políticos que en este proceso electoral hablen del problema de la vivienda y adquieran el compromiso de alcanzar un gran Pacto de Estado para afrontar esta materia desde distintas perspectivas. “No se trata de quitar competencias a las Comunidades Autónomas, ni a los Ayuntamientos, pero sí de ver de qué manera hay un acompañamiento legal estatal y hay recursos estatales, de las CCAA y los ayuntamientos, que nos permitan hacer frente a esta situación insoportable que se vive en nuestro país. Se trata de encontrar un lazo común para acotar el problema actual y sobre todo buscar soluciones de futuro”.

Pepe Álvarez ha hecho estas declaraciones en la jornada sobre vivienda conjunta organizada por UGT, Govern Illes Balears y Ajuntament de Palma, en Palma de Mallorca.

Ha señalado que para UGT la vivienda se ha convertido en uno de los elementos clave, pues los trabajadores y trabajadoras, en muchos casos, no pueden asumir los gastos de vivienda. Ha puesto de ejemplo de que a pesar de que en hostelería se ha negociado un buen convenio, los precios del alquiler en determinadas zonas, como las Islas, hacen imposible que los trabajadores puedan asumir el coste de la vivienda, pues les puede suponer hasta el 80% de su salario. Esto termina repercutiendo en un turismo de calidad y en el conjunto de los ciudadanos.

En este sentido, ha instado a establecer “un parque de viviendas públicas protegidas, no vendibles, ni intercambiables”. Una iniciativa que podría financiarse destinando una parte de la tasa turística, por ejemplo.

El derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre los intereses especulativos

Pepe Álvarez ha recordado que en España se han sumado todos los defectos de un sistema que no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Un derecho recogido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Parece que no hay manera” de posibilitar este derecho. Todos los intentos se agravan ya sea por el alquiler de pisos turísticos, porque los fondos buitres están haciendo su agosto a partir de la especulación con vivienda protegida, que, en muchos casos, previamente se ha vendido a estos fondos. Incluso a veces los tribunales dan una de cal y otra de arena que es lo que viene sucediendo con las últimas sentencias a nivel europeo.

Álvarez ha manifestado que “no se pueden ceder los derechos de los ciudadanos a tener una vivienda digna a otros intereses que tienen un carácter especulativo”.

Por eso, es el momento de dar un giro social a las políticas de vivienda, poner en el centro las necesidades habitacionales de la población, hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible y establecer medidas que faciliten el acceso a los ciudadanos más vulnerables.

UGT defiende un modelo de política de vivienda y de ciudades solidario e integrador, poner freno a la mala praxis de los fondos buitre y de inversión, controlar la especulación que se hace con las viviendas vacías y al auge de las viviendas turísticas y su competencia desleal.

INFORME VIVIENDA

El problema de acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible El acceso a una vivienda digna, debe ser considerado como un importante elemento de integración social. La crisis económica y financiera se ha traducido en una crisis social en la que una parte de la población o bien está observando cómo posibilidad real la pérdida de su vivienda o bien la imposibilidad de acceder a una en régimen de propiedad o alquiler. 

Ello unido a unos bajos salarios y a un mercado laboral precarizado, sobre todo en la contratación (sólo un 6% de los contratos son indefinidos, según el último dato de paro de diciembre pasado), donde no existe una adecuada protección al desempleado y se da una ausencia casi total de políticas activas de empleo, hacen que el problema de acceso a la vivienda sea casi un imposible. 

Señalar la función mitigadora en cuanto a los efectos de la crisis, que tiene el gasto público en vivienda, debilitado en estos últimos tiempos como consecuencia de las medidas de consolidación fiscal tomadas en los años de recortes. 

Así, si el gasto público en vivienda y servicios comunitarios descendió entre 2007 y 2014 del 0,9 al 0,5 por ciento del PIB, el gasto en medidas sociales dirigidas a personas sin recursos pasó de un escaso 0,1% del PIB a un descenso de un -46% en ese periodo. 

Hay que tener en cuenta que muchas situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social se inician o acaban en problemas vinculados con la vivienda. 

Las personas bajo el umbral de pobreza acusan con frecuencia problemas relacionados con la habitabilidad de sus viviendas, entre los que destaca el no poder mantener su vivienda a una temperatura adecuada, el retraso en el pago de facturas de suministros básicos o bien problemas de salubridad. 

Todo ello ha desembocado en lo que ha venido a llamarse “pobreza energética”. Y en este sentido coincide la última Encuesta de Condiciones de Vida (junio de 2018) publicada por el INE que estima que el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,8% de la población residente en España, frente al 22,3% registrado en el año anterior y que los españoles que manifestaron llegar a fin de mes con “mucha dificultad” se sitúa en el 9,3%. 

Siendo, por este orden, las principales carencias: no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año (98,8%); no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (98,5%); no pueden permitirse el mantener la vivienda con una temperatura adecuada (77,8%) y han tenido retraso en el pago de gastos relacionados con suministros de la vivienda principal (66,2%). 

A mayor abundamiento, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en su dictamen sobre “las personas sin hogar”, considera que una política de vivienda ambiciosa en Europa debería de formar parte de los grandes proyectos que procuran empleo y bienestar, dos de los objetivos de los tratados europeos. 

Igualmente es significativo resaltar el esfuerzo, cada vez mayor, que deben realizar las familias a la hora de comprar una vivienda. Con un mercado laboral precarizado y con leves subidas de los salarios, ello ha provocado que el porcentaje de renta bruta por hogar destinado al pago de la vivienda no haya bajado de un 32,1% y que el número de años de renta familiar destinados al pago de la vivienda haya aumentado desde los 6,3 años a principios de 2014 hasta los 7,3 en enero de 2019, siendo aún más preocupante si lo analizamos por CCAA pues Madrid se sitúa en 8,1 años, Cataluña en 8,4 y por encima de ambas se encuentra Baleares con un esfuerzo de 14,7 años. 

Datos todos ellos que nos acercan a cifras cercanas a la época del estallido de la burbuja inmobiliaria (9 años) y lejos de los niveles que los expertos consideran saludables (de 4 a 5 años) o bien Organizaciones internacionales como la OIT, al considerar que no se debería superar el 25% de los recursos familiares destinados a la compra de vivienda. 

Añadir a lo anteriormente señalado el que frente a escenarios de tipos de interés cercanos al 0% en los depósitos y la renta fija a corto y medio plazo, los inversores ven en la compra de vivienda con fines de alquiler y venta, una muy buena inversión, lo cual provoca en los centros de las ciudades y poblaciones turísticas, una subida espectacular de los precios, expulsando a ciudadanos/as con menores recursos económicos hacia zonas de la periferia (o con peor calidad de vida) o bien ven notables dificultades en el acceso a un alquiler digno. Hay que tener prevista una planificación a largo plazo de nueva extensión de suelo urbano para hacer frente a estos problemas. 

En definitiva, el Estado de bienestar en nuestro país ha dejado de lado el acceso a la vivienda, pese a estar recogido en nuestra Constitución. La provisión de vivienda la realiza el sector privado y en régimen de compra, propiciada por el poder público, financiero, familiar y mediático lo cual, podemos decir que en España no existe un mercado del alquiler, ni público ni privado (apenas un 12%, frente a países como Alemania (57%), Holanda (47%) o el Reino Unido (20%)). 

Por su parte las administraciones públicas en el tema de la vivienda social han apostado por las VPO que en la mayoría de los casos no han cumplido su función social (a los pocos años han sido descalificadas, pasando como libres al mercado o en el peor de los casos han sido vendidas a fondos de inversión).

Todo ello hace necesario, de forma urgente, la necesidad de políticas públicas encaminadas a la provisión de vivienda asequible, preferentemente en alquiler, para con ello facilitar el acceso a precios razonables a los colectivos más vulnerables. 

Apuntar que las últimas proyecciones demográficas advierten que hasta 2030 se formarán en España cerca de 1,5 millones de nuevos hogares, todo ello en un contexto de estancamiento poblacional y, salvo que la distribución de la renta sea más equitativa, mejorando con ello los ingresos de las personas más desfavorecidas, muchos de estos hogares no podrán acceder a una vivienda digna sin el correspondiente soporte público en forma de vivienda social, ayudas directas u otros instrumentos análogos. 

Lo cual hace necesaria una mayor coordinación entre las políticas de vivienda y las políticas sociales. 

Es momento, igualmente, de cuestionarse quién debe cobrar las plusvalías que genera el suelo, puesto que salvo el porcentaje de aprovechamiento que se cede a los ayuntamientos el resto lo recibe el titular, quien sin riesgo ni inversión puede generar plusvalías millonarias simplemente por el cambio de uso del terreno. Indicar la falta de estadísticas significativas en materia de vivienda, destacando las correspondientes al mercado del alquiler, donde la exclusiva fuente de información disponible es la procedente de portales inmobiliarios, parte interesada en la evolución del mercado de la vivienda.

Objetivos 

Desde UGT estamos convencidos de que es el momento de poner en valor el grave problema de acceso a la Vivienda, de que se incluya este tema en las agendas de nuestros políticos y con ello dar respuesta a tantas y tantas familias que se han quedado por el camino en esta tremenda crisis económica y financiera que hemos padecido pese a la tímida recuperación que se vislumbra. 

Por ello, dentro de los objetivos, entendemos necesarios, entre otros: 

• Como prioritario, el facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible para todos nuestros ciudadanos/as sin que ello suponga un lastre para toda su vida (como máximo un 30% de los ingresos familiares en el caso de compra y de un 25% en el supuesto de alquiler). 
• Bien sea en propiedad, alquiler u otras fórmulas imaginativas, primando los hogares con niveles de reducidos ingresos.
• Igualmente, importante resulta, la necesidad de buscar soluciones habitacionales tanto a corto como a largo plazo, para aquellas familias víctimas de desahucios, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o el impago del alquiler. 
• Desde la Organización entendemos que se hace necesario un nuevo concepto tanto del territorio como del modelo de ciudad, en el que primen criterios de sostenibilidad, accesibilidad, con variables medioambientales y de cambio climático, con un uso racional del suelo y del agua. 
• Una ciudad en la que se potencie la rehabilitación de sus edificios, sus barrios y todo ello con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. En definitiva, hacer de las ciudades lugares inclusivos, seguros y sostenibles. 
• Abogamos por un mayor impulso por parte de nuestras Administraciones Públicas, vía inversiones presupuestarias, para así tratar de conseguir un Parque de Viviendas Sociales, destinadas preferentemente al alquiler, en donde tenga un papel principal el ICO como colaborador para la financiación de nuevas viviendas o la rehabilitación de las ya existentes. 
• Importante señalar el que en todas nuestras actuaciones en esta materia, debemos asignar a la vivienda un valor de uso y despojarla del carácter de instrumento de inversión y búsqueda de rentabilidad con su tenencia, tratando de implementar una política de precios de alquiler públicos, que sirvan de referencia al sector privado, y una política del suelo favorable a la construcción de viviendas sociales en alquiler, en donde se tenga en cuenta el derecho de superficie como instrumento de esas políticas. 

Y todo ello sería imposible sin unas necesarias reformas legislativas, entre otras: Ley de Arrendamientos Urbanos, nueva Ley de Segunda Oportunidad, reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, etc. 

Así pues, como podemos observar, la realidad social muestra la necesidad acuciante de una política social de vivienda como forma de combatir la pobreza y la exclusión social, unas políticas en las que se ponga en el centro de las mismas las necesidades habitacionales de las personas, unas políticas de vivienda con un nuevo giro para hacer efectivo un derecho tan fundamental como es el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, vinculado al bienestar social y es por ello que desde UGT, estimamos necesario el que se implementen toda una serie de medidas para tratar de hacer eficaz el citado derecho. 

Actuaciones 

• Desde UGT abogamos por una reforma legislativa que incorpore el derecho a una “vivienda digna y adecuada”, cuando se carezca de recursos, de forma que se pueda invocar ante los poderes públicos y ejercitarse ante los tribunales de justicia. 
• En consecuencia, la protección de dicho derecho exigiría su conversión en derecho subjetivo ante situaciones de necesidad. A dicho derecho tendrían acceso todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación. 
• Garantizar el acceso a los suministros básicos como complemento del derecho a una vivienda digna y adecuada, para personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 
• La necesidad de reformas legislativas: Ley Arrendamientos Urbanos; Ley Hipotecaria; Ley de Enjuiciamiento Civil; Socimis (eliminación de ventajas fiscales, prohibición de adquisición de VPO); regulación alquileres turísticos, entre otras, que hagan prevalecer el derecho de las personas a una vivienda digna frente a intereses económicos empresariales y financieros. 
• Resultando necesario la creación de servicios independientes de mediación y arbitraje, entre entidades financieras y personas deudoras que, en caso de desencuentro, puedan imponer planes viables de reestructuración de la deuda, quitas o incluso la dación en pago con efectos resolutorios en los supuestos en que sea imposible dada la situación económica de los trabajadores y trabajadoras. 
• En cualquier caso, para aquellas personas que pierdan su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria, se promoverán mecanismos para que puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler a precios acordes con su nivel de renta. 
• En definitiva, una norma legal de segunda oportunidad que permita que no se expulse de la vivienda, al hogar insolvente, no doloso (de buena fe), en consonancia con los países más avanzados de nuestro entorno. 
• Potenciación de actuaciones estatales para la constitución de Parques Públicos de Alquiler Social en el ámbito de las comunidades autónomas y las entidades locales, gestionados con instrumentos públicos, con la colaboración del ICO en cuanto a su financiación, al objeto de que el alquiler nos acerque a cifras de la UE (17% nacional, frente al 30,8% de la UE). 
• Dichos parques estarían integrados por nuevas viviendas sobre suelo público y de viviendas adquiridas a precios razonables a bancos y a la Sareb. Dentro de este objetivo se hace necesario el evitar que los ayuntamientos y comunidades autónomas acumulen viviendas vacías de forma prolongada. 
• En relación con lo apuntado anteriormente y en aras de ampliar el parque público de viviendas, sería necesaria la cesión por parte de los bancos de aquellas viviendas adquiridas fruto de una ejecución hipotecaria, mediante contratos de arrendamiento asequibles a largo plazo o mediante la compra de los pisos a precios asequibles. 
• Implementar la creación de un órgano coordinador entre todas las administraciones con competencia en materia de vivienda, a fin de maximizar y potenciar la distribución de recursos. Creemos necesaria la presencia de la administración central en la política de vivienda, vía planes plurianuales. 
• Igualmente, en el ámbito de las comunidades autónomas se exigirá la creación de Observatorios de la Vivienda y Suelo, con la participación de los agentes sociales al objeto de elaborar planes de necesidades, evitar especulaciones, seguimiento y control de las medidas y planes de vivienda que se proyecten, etc., abierto a la participación de los profesionales del sector y a la ciudadanía en general. 
• A nivel local, creemos de vital importancia la creación de unos Registros de Solicitantes de Vivienda Protegida, de carácter público, cuya inscripción sea obligatoria para acceder a una vivienda protegida en sus distintas tipologías y modalidades de uso. 
• UGT aboga por una política de vivienda en la que se ponga en valor las peculiaridades del medio rural, como forma de fijación de la población en dichas zonas rurales, mediante ayudas a la rehabilitación, al alquiler, etc. 
• Resulta imprescindible la implantación de una estrategia pública de rehabilitación, que estableciese una mayor conexión entre las políticas urbanísticas, de vivienda y de suelo para conformar una gestión pública más racional de la organización del espacio, prestando especial atención a la recuperación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y la renovación de viviendas y edificios. 
• El suelo y todas las políticas relacionadas con el mismo deben estar orientadas al interés general, implementando todas aquellas medidas necesarias que favorezcan la transparencia y agilidad en todos los procesos relacionados con suelo y vivienda, para evitar prácticas especulativas, velando por su sostenibilidad, la conservación del entorno y el equilibrio de sus usos alternativos. 
• Se hace necesaria la apuesta pública por nuevas fórmulas en materia habitacional: viviendas colaborativas o “cohousing”, viviendas 50. Plus, uso temporal de la vivienda a largo plazo, derecho de superficie, tenencia temporal… 
• Imprescindible resulta la exigencia de unas viviendas en condiciones mínimas de habitabilidad para nuestros mayores: supresión de barreras arquitectónicas, ayudas para instalaciones más eficientes energéticamente, eliminación de la pobreza energética… 
• Apuesta decidida por un aumento del gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5 del PIB, priorizando la vivienda pública, para con ello aproximarnos a niveles de países de nuestro entorno. Para ello se hace imprescindible el que se establezcan objetivos cuantitativos de política de vivienda, desagregados por comunidades autónomas y provincias, consensuados con los agentes sociales.
• Medidas para evitar la burbuja en el alquiler de viviendas, modificando la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos: 
• actualización anual con el IPC para todos los contratos y no solamente para aquellos contratos de hogares de renta reducida (última reforma), 
• impedir la expulsión del arrendatario en caso de venta de la vivienda si el contrato no está inscrito en el registro. 
• Vemos igualmente necesario el que las subvenciones a los inquilinos no deben permanecer mucho tiempo como mecanismo único de ayuda al acceso al alquiler. 
• Exigencia de un “nivel de buena Administración” en las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna, con una gestión eficaz y eficiente en cuanto listas de espera, concesión de ayudas, etc. 
• En materia de fiscalidad, mantener la equiparación fiscal propiedad-alquiler, así como la desgravación a los arrendadores en el Impuesto de la Renta. 
• En cuanto a las administraciones locales, sería deseable el que estas redujesen su excesiva dependencia con respecto a los ingresos procedentes de la nueva promoción de viviendas. 
• Las administraciones locales deben destinar estos ingresos a la promoción de vivienda o suelo, y generar actividad. 
• Una herramienta desde la Administración Pública de ayuda a la promoción de vivienda VPO podría ser retomar tipos impositivos diferenciados de la vivienda libre, por ejemplo, IVA al 4%, como fue hasta el año 2010. 
• En materia de urbanismo, entendemos necesario el aumentar las reservas de suelo para vivienda social, también en suelo urbano. Las plusvalías que genera el suelo, deben revertir en su totalidad al municipio donde se encuentre el terreno. El dueño sólo recibe el montante referente al valor de uso del terreno. 
• Los planes urbanísticos deben incorporar las reservas de vivienda protegida junto con las de vivienda libre. Para favorecer la exclusividad de las personas. las viviendas deben ser de diferente tipología y necesidad, que reflejen la realidad y den respuesta a las necesidades de la sociedad en su conjunto. 
• Sería necesaria en aras a la mejor planificación y logro de objetivos en materia de política de vivienda, una mayor agilidad desde la Administración Pública en la promoción de viviendas protegidas. En la actualidad se está tardando alrededor de 7 años en completar todo el proceso. 
• Dar impulso al sistema cooperativa, (Instrumento útil para rentabilizar la inversión del trabajador para la obtención de la vivienda) en la promoción de vivienda a precio de coste, que consigue reducir los plazos a más de la mitad del tiempo. 
• El tiempo de duración de la calificación debe depender de diferentes factores; y debería ser en función de la diferencia de precio entre el mercado libre y el protegido. 
• En aquellas ubicaciones donde la VPO es el 50% del valor de la vivienda libre, se debería plantear la calificación VPO permanente. 
• En otras ubicaciones, donde la diferencia entre VPO y libre es reducida, situaciones donde el trabajador no puede adquirir en propiedad en el mercado libre por poca diferencia y si con la reducción en el precio del VPO (principalmente por la diferencia de valor del suelo) la duración de la calificación VPO debe ser limitada en el tiempo de acuerdo a la ayuda recibida. 
• Se debería implantar un impuesto directo sobre el valor del suelo urbano y rural, al igual que se hace actualmente con el IBI, pero sobre valores que representen como mínimo el 80% del valor comercial. Un posible comienzo de implantación del sistema sería el establecer una tasa promedio del 2% sobre ese 80% del valor comercial. 
• En aras de una mayor transparencia e información, se hace necesario el establecer por parte del INE una estadística sobre precios de alquiler, con indicadores uniformes para todo el territorio nacional, previo a cualquier medida de fijación de precios máximos en aquellas zonas que, por sus características especiales, se puedan considerar tensionadas por sus altos precios. 
• Con la creación por parte de la administración más cercana, los Ayuntamientos, de registros de demandas de acceso a la vivienda por parte de sus vecinos, con las características de cada demanda.

PROPUESTAS DE UGT

La disponibilidad de una vivienda y la calidad de la misma son elementos imprescindibles para que los ciudadanos puedan desarrollar una vida adecuada. Los problemas derivados de las dificultades de acceso a la vivienda y las posibles soluciones que pueden emprenderse son temas de constante actualidad y de permanente debate. 

No se trata de modas o tendencias; es un problema real y constante que afecta a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas.

Por su repercusión en la sociedad en su conjunto y en los trabajadores y trabajadoras en particular, UGT ha querido poner el foco de atención en el componente social del derecho a una vivienda digna, en las cuestiones que están generando las dificultades de acceso para la mayor parte de la sociedad, y en concreto para los trabajadores y trabajadoras, y los colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades, y las medidas -o la ausencia de las mismas- que se están adoptando para resolver esta situación. 

Prueba del interés y preocupación que mantiene UGT acerca de estos temas son las numerosas resoluciones que nuestros congresos han adoptado al respecto. 

Por eso, y con la intención de discutir acerca de estas importantes cuestiones de candente actualidad -pero sobre todo de enorme importancia para muchísimas personas- UGT ha considerado oportuno celebrar unas jornadas de ámbito estatal, conjuntamente con el Govern de las Illes Balears y el Ajuntament de Palma, que permita debatir las diversas cuestiones que este tema suscita. 

Estas jornadas se celebran en el marco de los debates públicos que la Unión General de Trabajadores ha emprendido con motivo de la celebración del 130 aniversario. UGT no pretende detenerse a realizar solamente un mero análisis de esta situación, sino que estas jornadas constituyan un foro de discusión sobre diferentes puntos de vista al respecto y, lo más importante, que nos permitan hacer proyecciones hacia el futuro y propuestas dirigidas al conjunto de los poderes públicos y a la sociedad en general. 

PROPUESTAS DE UGT EN MATERIA DE VIVIENDA 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le garantice el acceso a una vivienda digna; así figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución España que, además, atribuye a los poderes públicos la obligación de promover condiciones y normas para hacer efectivo ese derecho. El derecho a una vivienda digna resulta un objetivo inalcanzable para una parte de la población y la actuación de las administraciones resulta inaplazable. El acceso a la vivienda no puede ser considerado, exclusivamente, en términos de mercado -oferta y demanda-, dado que, como bien de primera necesidad, el libre mercado no es un mecanismo apropiado de asignación de este recurso (y menos de este derecho), que produce importantes desajustes que dificultan e incluso impiden ese acceso a grupos muy importantes de ciudadanos.

UGT exige la restitución a la ciudadanía de las políticas vivienda, arrancándolas de una vez de sus servidumbres para los intereses financieros y especulativos. Por eso, de forma clara e incuestionable, los poderes públicos deben intervenir y asegurar el acceso a la vivienda como un factor más del Estado de Bienestar, como la sanidad o la educación. Teniendo en cuenta, además, cuestiones tan importantes como la sostenibilidad, la vulnerabilidad, los colectivos más desfavorecidos, la cohesión social y territorial. 

UGT defiende un modelo incluso de política de vivienda y de ciudades, que evite guetos, solidario, integrador y de cohesión, que responda al modelo social que defendemos, en el que las personas sean el centro de atención. 

Por eso, UGT reclama al Estado: 

• Incorporación al ordenamiento jurídico de derecho a una vivienda digna y adecuada de todos los ciudadanos y ciudadanas –incluyendo los suministros básicos-, en igualdad de trato y oportunidades y sin ningún tipo de discriminación cuando se carezca de recursos. 
• Fijar la prevalencia legal del derecho de las personas a la vivienda frente a los intereses económicos o financieros de otras instancias. Como primer paso para mediar en esos intereses es necesaria la creación de un sistema de mediación y arbitraje independiente. 
• Orientar al interés general las políticas de suelo, con medidas que favorezcan la transparencia y agilidad en los procesos relacionados con el mismo y con la vivienda. 
• Aumentar el gasto público en vivienda hasta alcanzar el 1,5% del PIB. 
• Mantener la equiparación fiscal propiedad-alquiler, y la desgravación en el IRPF a los arrendadores. Retomar el tipo impositivo del IVA al 4% para VPO, diferenciado del de las viviendas libres.
• Establecer un impuesto directo sobre el valor del suelo urbano y rural, al igual que el IBI. 
• La calificación de VPO debería durar en función de la diferencia de precio entre las viviendas del mercado libre y las protegidas (debería ser permanente en aquellos lugares donde la diferencia sea del 50%). 
• Inversión en parques de vivienda pública para alquiler social, con la colaboración del ICO y gestionados con instrumentos públicos. A este parque podrían sumarse el parque de viviendas en manos de las entidades financieras por ejecuciones hipotecarias. 
• Impulsar las cooperativas. 
• Encomendar al INE la realización de estadísticas sobre precios de alquiler, con indicadores para todo el territorio.

UGT reclama a las CCAA:  

• Creación de observatorios de vivienda y suelo, con participación de los agentes sociales. 
• Puesta en valor de las peculiaridades del medio rural, como forma de fijar la población. 
• Estrategias públicas de rehabilitación de los que conecten las políticas urbanísticas, de suelo, y de vivienda. 
• Contemplar nuevas fórmulas habitacionales (viviendas colaborativas, uso temporal de la vivienda a largo plazo, derecho de superficie, tenencia temporal…). 
• Fijación de condiciones mínimas de habitabilidad para las personas mayores.

UGT reclama a las corporaciones locales: 

• Creación de registros de solicitantes de vivienda protegida de carácter público, con inscripción obligatoria para acceder a vivienda protegida en sus distintas tipologías y modalidades de uso. 
• Aumentar las reservas de suelo vivienda social (también en suelo urbano). Las plusvalías que genera el suelo deben revertir en su totalidad al municipio donde se encuentre el terreno. 
• Generar planes de ciudades sostenibles, integradores, cohesionadores e inclusivos, respetuosos con el medio ambiente y eficientes energéticamente.