DEBATE PROYECTO DE LEY REFORMA EDUCATIVA

PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000029). 

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Finalizamos con el punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación y Formación Profesional. 

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, muy buenos días a todas y a todos. Comparezco hoy para presentar, justificar y explicar los contenidos fundamentales del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, tal y como está previsto que se haga en esta Cámara en el trámite de decisión parlamentaria sobre la norma. 

Las reformas que contiene este proyecto de ley corrigen lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2012, del 20 abril, en concreto, en lo que afecta a los docentes de la enseñanza pública no universitaria. Las medidas de carácter excepcional que tomó el Gobierno anterior en aras de la estabilidad presupuestaria hicieron que el sector público, en particular el profesorado, tuviera que soportar enormes cargas que generaron numerosas protestas. Esta sencilla norma que hoy presentamos va destinada a corregir esos recortes que están causando un profundo daño a nuestro sistema educativo. 

La derogación del incremento de un 20% en la ratio de alumnos por aula, el aumento del mínimo de la parte lectiva de la jornada del personal docente y los diez días de plazo para proceder a una sustitución supone una clara mejora de las condiciones de trabajo del profesorado no universitario, como iré argumentando en esta intervención. 

Para que las administraciones educativas competentes puedan aplicarlas el próximo curso 2019-2020, deben aprobarse con antelación suficiente, de modo que puedan ser tenidas en cuenta en la organización y planificación del próximo curso escolar. Señorías, estoy segura de que compartimos todos que el peso del sistema educativo recae fundamentalmente sobre el profesorado, pues de él depende el éxito del sistema y con ello el futuro de los niños y jóvenes que acuden a nuestros centros. 

Por eso, es de la mayor importancia que puedan hacer bien su labor con unas condiciones que les permitan la suficiente dedicación a sus alumnos, atendiéndoles directamente y planificando su enseñanza. 

Que los profesores dispongan de unas condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor docente favorece el aprendizaje y la formación de sus alumnos, y estas condiciones dependen, entre otros factores, del número de alumnos a los que deben atender simultáneamente, que les debe permitir la dedicación suficiente a cada uno de ellos y también estructurar su tiempo de trabajo, el tiempo que pueden dedicar a cada una de sus tareas, que no son solo las lectivas sino también las de planificación, preparación o formación. 

El Gobierno pretende devolver al sistema de forma gradual la normalidad y los recursos recortados durante la crisis económica. Por eso, presento ahora este proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que es sometido hoy a aprobación en esta Cámara. 

Es una medida que no es testimonial, tiene indudable transcendencia con objeto de restituir la dignidad del profesorado público, que bien lo merece. El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, pretendía conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. 

De acuerdo con tal expresión de motivos se justificaron tales medidas definidas como excepcionales por la coyuntura económica del momento. Dado que esta norma fue aprobada por el anterior Gobierno con valor de ley por la urgencia y necesidad de la situación, precisa otra del mismo rango legal para su derogación. 

Como no se dan en este momento las circunstancias de urgencia y necesidad que fija la Constitución para aprobar un real decreto-ley, el Congreso de los Diputados es competente para aprobar una norma legal que derogue los efectos y medidas restrictivas de la norma de 2012 y volver así a la normalidad. Teniendo en cuenta la favorable evolución de la situación económica del país y la aprobación posterior de otras normas con incidencia en aspectos a los que se refieren las medidas aprobadas en su día, resulta ineludible la revisión y actualización de aquella norma de 2012. 

La contención del gasto público en una coyuntura económica desfavorable no justifica, señorías, el deterioro que han ocasionado estas medidas en la calidad de la educación y la tarea docente. En todo caso, desde 2016, incluido, el PIB ha superado el que había antes de la crisis, es decir, llevamos, con este, tres cursos en los que el argumento económico ya no se justifica. 

Si sus señorías me lo permiten, describiré brevemente la norma que hoy se presenta a la Cámara. El proyecto cuenta con un único artículo, con las tres medidas que les he adelantado: habilitar a las administraciones educativas para adoptar las medidas necesarias en lo que afecta a las ratios, al establecimiento de la jornada lectiva del personal docente y derogar de manera inmediata el periodo de carencia de las sustituciones. 

El artículo 2 del real decreto-ley de 2012 permite elevar hasta en un 20% las ratios máximas de alumnos por aula establecidas en la LOE cuando las leyes de presupuestos no autoricen la incorporación de personal de nuevo ingreso o se establezca una tasa de reposición de efectivos inferior al 50%. 

Pero el hecho de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018 establecieran ya una tasa de reposición del 100% para el acceso a los cuerpos docentes en las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, lleva ya implícita la asunción de que la situación económica coyuntural que motivó la aprobación del real decreto-ley haya quedado superada. 

Por tanto, resulta innecesario mantener la medida. Debo señalar que la supresión de esta medida no tiene impacto en el gasto público, según lo dispuesto por las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos años…  de las que ha sido responsable el Ejecutivo anterior, con lo que queda resuelta una de las principales dudas sobre la inexistencia de incremento en el gasto público manifestada en su momento. Por el contrario, el mantenimiento de esta medida sí tendría un alto impacto en la garantía de los niveles de calidad de la enseñanza, que se ven afectados con el aumento de alumnos por aula.

La segunda de las cuestiones a derogar del mencionado real decreto-ley es el artículo 3, el incremento del mínimo de la parte lectiva de la jornada del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Educación en centros públicos, hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil y de veinte horas en las restantes enseñanzas. Es este un aspecto que venía siendo reglamentado por cada Administración educativa. 

Aunque el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima docente en sus sentencias 26/2016 y 54/2016, entre otras, ante el cambio de coyuntura económica parece razonable revertir la situación y que sean las administraciones educativas las que dispongan del mismo margen para reglamentarla del que disponían antes de 2012. 

Esto no afecta a la jornada laboral de los docentes, que se mantiene en los mismos límites que para el resto de los empleados públicos. Cada Administración educativa va a poder adoptar la decisión que considere más adecuada. 

Desde las primeras transferencias en materia de educación hasta el año 2012, señorías, fueron las comunidades autónomas con competencias educativas las que determinaron la parte lectiva de la jornada del profesorado y no se generó ningún problema, precisamente porque esta competencia favorecía la responsabilidad del autogobierno de las comunidades autónomas. Tampoco esta medida supone incremento de gasto público. 

Cuando se adoptó en 2012 no se redujo a las comunidades autónomas un solo euro de los fondos para su financiación, no se revisaron las valoraciones de los reales decretos de traspasos de funciones y servicios, no hubo reducción en concepto alguno, supuso un más amplio margen de ahorro de gasto para las comunidades. 

Ahora, esta norma que les presento implica que aquellas que quieran revertir la medida puedan hacerlo dentro de su autogobierno, igual que hicieron en el viaje de ida. Así que sumemos aquí también los esfuerzos gubernamentales para poder incrementar los recursos de las administraciones territoriales a través de las negociaciones de techo de gasto con la Unión Europea y otros derivados del establecimiento de nuevos fondos de financiación o nuevas sendas presupuestarias. Hagamos, señorías, el esfuerzo de aprobar una Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 más social, como está procurando este Gobierno. 

La tercera y última de las cuestiones que es preciso derogar del Real Decreto-ley 14/2012 se refiere al artículo 4, que incluye que el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos, dos semanas reales desde la situación que dio origen a dicho nombramiento. 

Como en los casos anteriores, la disposición final décima quinta de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, establecía ya unos supuestos para proceder inmediatamente al nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los titulares en los siguientes casos: cuando el profesor sustituido preste atención a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; en centros docentes que tengan implantadas menos de dos líneas educativas; cuando imparta docencia en segundo curso de bachillerato; cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles en las comunidades autónomas que lo regulen. 

También en este caso la modificación en los presupuestos de 2016 alivió la situación de las administraciones educativas, especialmente por lo gravosa y dura que fue aquella medida para la organización de la actividad ordinaria de los centros educativos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Más allá de su hipotética contribución a la eficiencia de los recursos públicos ha producido repercusiones negativas para la eficacia organizativa de los centros docentes así como sobre la calidad de la enseñanza y la atención al alumnado. 

Debo asimismo señalar que la justificación económica es la misma que en el apartado precedente. Voy concluyendo, señorías. A primeros de septiembre el anteproyecto fue conocido por el Consejo de Ministros, aunque esta ministra ya había expuesto previamente informe sobre su contenido. 

Además de su presentación ante la Conferencia sectorial de las comunidades autónomas y la Mesa sectorial sindical, ha sido sometido a trámite de información pública, según dispone la normativa. El Consejo Escolar del Estado, de conformidad con su ley y reglamento, emitió informe al igual que los ministerios de Hacienda, Política Territorial y nuestra propia secretaría general técnica. 

El proyecto fue acompañado de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo que contiene un resumen ejecutivo con la oportunidad de la propuesta, su análisis jurídico, el de impactos competenciales, económico y presupuestario, de género, en la infancia, familia y otros. Comprende la oportunidad de la propuesta, el contenido, análisis y tramitación, entre otras consideraciones. 

En todo caso, el Real Decreto-ley 14/2012 consolidó la reducción del gasto público educativo que se venía produciendo desde 2010; solo la suma de los recortes de 2013 y 2014 sobre los recursos destinados en 2012 superaron, señorías, los 3200 millones de euros, lo que suponía un 6,9% respecto del total de 2012. Todo ello en un contexto de incremento en el número de alumnos, más de 80000 alumnos en los dos cursos siguientes al de la norma. 

Esos fueron los efectos. Señorías, los sistemas educativos no pueden ofrecer respuestas imprecisas, tienen que ofrecer las mismas posibilidades de educación a todo el mundo, a todos y a todas las jóvenes; respetar la diversidad y satisfacer todos los tipos de demandas. La atribución de los recursos debe sobre todo reflejar claramente las decisiones colectivas correspondientes a los arbitrajes que cada sociedad efectúa para asegurar su desarrollo económico, social y cultural. Nosotros y nosotras, señorías, tenemos ahora la responsabilidad de elevar la calidad de nuestra educación porque elevar la calidad de la educación es elevar la mejora económica, social y política del país. Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno. 

La señora MARTÍN LLAGUNO: Señora presidenta, señorías, los señores del Gobierno vienen hoy aquí con un proyecto de ley que yo creo que va a entrar en los anales de la historia de esta Cámara por su pomposidad. Voy a leer textualmente el título: proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Cualquier persona que no esté en el mundo parlamentario, cuando lee esto, entenderá que esto va de tratar de modernizar las circunstancias, los contextos en los que los maestros y los profesores ejercen su trabajo. 

Cualquier español de buena fe a lo mejor se pensaba que con este proyecto el Gobierno del Partido Socialista había hecho propósito de enmienda y había decidido que iba a poner encima de la mesa el debate de cómo mejorar el tema de la formación docente, el de inducción docente, desempolvando, por ejemplo, el proyecto del mir educativo que hizo Rubalcaba en su día y que presentó con Ángel Gabilondo. 

O que el doctor Sánchez en algún momento ha pensado que se había equivocado levantándose del pacto educativo y que iba a hacer aquí lo que la comunidad educativa demanda desde hace años, un desarrollo del estatuto docente, por ejemplo; mejora de la calidad educativa. O que la ministra de Educación, entre los mítines de los viernes, había pensado que podrían traer un proyecto de ley para la mejora de la formación continua o de la carrera profesional, que es algo que cuando uno habla con maestros y profesores piden. 

Pero no, nada de eso. El Gobierno del PSOE no trae absolutamente nada de eso. De hecho, lo que nos propone con esta ley de tan pomposo nombre es pura y llanamente una derogación en la línea del no es no. (Aplausos). Es eso. Podía haber puesto derogación y habríamos acabado antes. En concreto, como ha explicado la ministra, la derogación de los artículos 2, 3 y 4 del título I del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

Antes de empezar a valorarlo, a mí me dice mucho que la primera medida propositiva que trae el Gobierno socialista en materia educativa a esta Cámara sea derogar los errores del Partido Popular. (Aplausos). 

Esto es lo que hay, es un flashback al pasado como si desde el año 2006, que dicen que las condiciones eran buenas, hasta ahora no hubiera pasado nada en este país. Volvemos al zapaterismo, y esas son las mejoras de las condiciones de los docentes en este país. 

Eso es lo que el PSOE trae como propuesta educativa en este contexto. Pero es que, además, lo hacen con un proyecto fake, con un tongo, con perdón, al que ya nos tienen acostumbrados, porque nos han metido, con una lectura única y de urgencia, una cosa que ya está. Es que lo que vienen a proponer que se derogue de facto ya está derogado, y le voy a explicar por qué. 

Aunque es verdad que se necesita una estabilidad jurídica —ahora le voy a decir que es en lo único que coincido con su proyecto, que se necesita una estabilidad jurídica— para cuestiones normativas, lo cierto, señora Celáa, es que, en lo que se refiere al artículo 2, que elevaba las ratios, si usted se ha leído los Presupuestos Generales del Estado de 2016, 2017 y 2018 que negociamos nosotros cuando estaba el Partido Popular, ya contemplaron la reversión de las tasas de reposición y la reposición del cien por cien en el acceso a los cuerpos docentes. 

Por tanto, ese recorte que estaba en el decreto de facto ya estaba derogado. Otra cuestión es que ustedes en las comunidades autónomas donde han gobernado o donde han dejado gobernar a sus socios nacionalistas no gestionen adecuadamente y no lo hayan aplicado en la práctica, pero eso es otra cosa. (Aplausos). 

El artículo 3, que regula las horas lectivas docentes, ya ha sido anulado en la práctica totalidad por todas las administraciones educativas. Dígame una sola comunidad en la que siga vigente, aparte de Ceuta y Melilla, que dependen de usted. Muévalo. El artículo 4, referido a la sustitución de los profesores interinos en centros públicos, ya había sido rectificado en los presupuestos generales de 2016 y si no se cumple es por lo mismo, insisto, porque se hace una gestión nefasta por parte suya o por parte de sus socios. 

Pero lo más grave no es que nos quieran dar gato por liebre pensando que se van a colocar medallas en cosas que ya están hechas, que es una cosa un poco surrealista; lo más grave es que ni siquiera han tenido la decencia de establecer ni un solo plazo para llevar a cabo las medidas que dicen que van a hacer. (Rumores). 

En fin, que esto no es más que una propuesta de fuegos artificiales a la que, lamentablemente, ya nos tiene acostumbrados el Gobierno de los falcon, de las manos y de las fotos. (Aplausos). Pero hay más, porque, para más inri, todo esto lo hacen con el método PSOE en temas legislativos, que es el método de la imposición, que es el diametralmente opuesto al consenso, y yo lo digo para que se sepa. 

Porque desde que se levantaron de la Mesa del pacto educativo, ustedes le han cogido en el ámbito de la educación el gusto a tratar de hacer las cosas porque ustedes lo valen, sin llegar a acuerdos, sin sentarse con los sindicatos, sin sentarse con los grupos parlamentarios y haciéndolo muy rápidamente. 

Le voy a hacer una pregunta: ¿De qué tiene miedo de sentarse a negociar? ¿Por qué tramitar por vía de urgencia y con lectura única estas cuestiones que afectan tan radicalmente a la comunidad educativa de la que tanto les gusta hablar? Señores del Gobierno, nosotros apoyamos la modificación de los artículos, como les he dicho, para dar una estabilidad normativa y para dar garantías jurídicas. Pero hay una diferencia importantísima entre ustedes y Ciudadanos, nosotros no nos conformamos y nosotros no creemos que las condiciones docentes de 2006 sean las que los profesores tengan que tener, hay que mejorarlas. 

Por eso, señores del sanchismo, nosotros sí hemos hecho los deberes desde un punto de vista constructivo, buscando mejorar las cosas siempre, como hacemos Ciudadanos en educación, con una sonrisa, tratando de llegar al consenso y de mejorar la educación de este país. Les hemos hecho los deberes y hemos presentado una enmienda a la totalidad constructiva, que creo que ustedes incluso podrían votar, dejando de lado su propia proposición de ley. 

Porque, ¿qué plantea nuestra enmienda a la totalidad? Por un lado, cogemos los artículos referidos a la educación que ustedes han puesto y efectivamente los dotamos de un marco normativo y los queremos derogar, pero no solo eso, porque nosotros queremos conseguir una garantía de igualdad de las condiciones de docencia y de las condiciones de aprendizaje de todos los niños de este país y por eso hemos puesto cuatro puntos fundamentales. 

En primer lugar, en nuestra enmienda a la totalidad les pedimos, proponemos y queremos que se desarrolle el estatuto básico del docente en el plazo de seis meses. Los maestros o profesores llevan años pidiéndolo, sean valientes, pónganse a trabajar y háganlo. (Aplausos). En segundo lugar, les pedimos que la Administración central —usted lo ha dicho, hay sentencias del Tribunal Constitucional; es su trabajo— desarrolle en un marco normativo básico la definición de hora lectiva. No se puede hacer una distribución de créditos si no se sabe cuánto y qué es la hora lectiva. 

Desarrollen el concepto de hora lectiva y fijen un mínimo de horas lectivas igual para todas las comunidades autónomas porque lo que están haciendo es disparar con pólvora ajena y generar más desiguales educativas, haciendo dejación de funciones a la que ya nos tienen acostumbrados. (Aplausos). En tercer lugar, les pedimos también que establezcan las condiciones mínimas y básicas para las ordenaciones de las listas de interinos en este país. 

No puede ser que, dependiendo de la comunidad autónoma donde un interino esté, tenga unos criterios o tenga otros. Sean ustedes valientes, hagan un marco regulatorio general y que luego cada comunidad autónoma sobre la base de esos criterios ordene sus listas. Señores del PSOE y del Gobierno, han traído este proyecto y vuelven a hablar de modificación de la Lomce y del consenso social. 

Estoy preocupada, muy preocupada porque, de verdad, ustedes viven en una permanente enajenación, en un día de la marmota constante al pensar que el consenso se capitaliza por ciencia infusa y ustedes vienen con el consenso de casa y creen que pueden hablar en nombre de la comunidad educativa. Esto no va así. Para conseguir el consenso, se tienen ustedes que sentar con ellos, tiene que hablar con ellos, como hemos hecho nosotros. 

La enmienda a la totalidad que les traemos no es una enmienda que hayamos hecho nosotros en nuestros despachos porque estamos imbuidos del conocimiento sobre la educación; la hemos negociado con los sindicatos, es lo que piden muchos sindicatos. Por tanto, le pido que, aunque a mí no me escuche ni me crea, escuche y atienda la enmienda que les hemos propuesto, porque es razonable, es de sentido común y va a mejorar, esta sí, las condiciones reales de la docencia y el aprendizaje de los niños en este país sin generar mayores desigualdades, que es el grave problema que tenemos. (Aplausos). 

Y porque, además, volverían ustedes al sentido común, volverían a ese momento, en ese flashback, en el que se levantaron de ese pacto educativo que ustedes mismos pidieron. Consideren las enmiendas que les hemos presentado, apóyenlas, porque de verdad van a mejorar la docencia y la enseñanza en España. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díez. 

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta. Señora ministra, tienen razón algunos grupos de esta Cámara cuando señalan que cualquiera que pueda leer el título de este anteproyecto podría pensar que lo que contiene es ni más ni menos que la más profunda revolución respecto al ejercicio de la docencia y las condiciones del profesorado, pero, lamentablemente, quien continúe leyendo observará que la realidad es otra. La verdad es que este rimbombante título esconde un proyecto de ley sin ambición ninguna. 

De las medidas que el Gobierno trae a esta Cámara, dos de ellas ya están siendo aplicadas en similares términos a los que el propio proyecto de ley solicita; una totalmente, la referida a las ratios —como ha señalado la propia ministra—, y otra parcialmente, la referida a las sustituciones del profesorado. Por cierto, cuando ustedes vuelven a hacer referencia a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, en relación con la ratio alumno-aula, en primer lugar, esconden que antes y después de la Lomce ya se permitía un incremento de un 10% del número de alumnos, tal como refiere el propio artículo 87 de esa ley. 

En segundo lugar, puesto que el incremento de las ratios estaba condicionado a la tasa de reposición del profesorado —una tasa de reposición que cuando el anterior Gobierno socialista en 2011 abandonó el Gobierno estaba en un 35% y desde el año 2016 con el Gobierno del Partido Popular es del 100%—, no solo se ha vuelto a los términos establecidos en la normativa básica, sino que en la práctica las ratios se encuentran por debajo de lo que establece la propia ley, sobre todo, señorías de Podemos, en la enseñanza pública. 

Baste algún ejemplo. Mientras que la normativa básica establece que las ratios pueden ser de 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria, la realidad es que la media en nuestros colegios y aulas es de 21,9 alumnos en primaria y 25,4 en secundaria. Señorías, nuestras ratios no solo están por debajo de lo que establece la propia normativa básica aun con la aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, sino que se encuentra en la media de la OCDE. 

De hecho, algunos países de nuestro entorno con mejores resultados en el sistema educativo que nosotros tienen medias muy superiores en relación con el número de alumnos en el aula; por ejemplo, en Reino Unido hay 26 alumnos en primaria. 

Por tanto, ese discurso incendiario de destrozo de la enseñanza pública y de hacinamiento en las aulas que a veces hemos escuchado por parte de determinados sectores radicales basta con referirlo a la realidad para encuadrarlo en la más absoluta y total falsedad. (Aplausos). Señorías, nada nuevo aporta este proyecto de ley a las condiciones de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. No son estos los retos a los que debe enfrentarse el sistema educativo si lo que se quiere es incrementar su calidad ni mucho menos son las cuestiones más relevantes en relación con el profesorado. 

Lo más significativo y a la vez preocupante de este proyecto de ley es la referencia a las condiciones laborales del profesorado y, más específicamente, al número de horas lectivas que debe desempeñar el mismo. Lo digo en estos términos —preocupante— porque esta redacción del proyecto demuestra con claridad que el Gobierno de España renuncia explícitamente a ejercer sus competencias en lo que constituye la piedra angular para la mejora de la calidad del sistema educativo, que es el profesorado. (Aplausos). Esa es la realidad, señorías. 

El proyecto de ley que el Gobierno somete a debate delega en las comunidades autónomas las condiciones laborales para el ejercicio de la docencia y lo hace a pesar de que este ejercicio corresponde a una profesión regulada como garante de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación y, en cuanto garante de un derecho fundamental, el derecho a la educación, competencia del Estado. 

Además, lo hace en una clara contradicción con la propia exposición de motivos del proyecto de ley, que sí hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016, que han avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes; una cuestión, por otra parte, demandada por la inmensa mayoría del sector educativo y, específicamente, por los docentes y plasmada en los propios acuerdos del Consejo Escolar del Estado. 

De ahí, señorías, el sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta a la iniciativa del Gobierno. Es una enmienda que comienza a definir en términos muy claros lo que debe ser la gran reforma pendiente en relación con el profesorado, fundamentada en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de derechos y en la igualdad de obligaciones. 

Señora ministra, ustedes han marcado un terreno de juego muy poco ambicioso en relación con este proyecto de ley y, a pesar de ello, este grupo parlamentario no ha presentado una enmienda a la totalidad a su texto. En primer lugar, porque, como antes le he señalado, parte de las medidas contempladas no necesitaban de este proyecto de ley, porque en la práctica su aplicación actual corresponde a la normativa anterior al Decreto 14/2012. 

En segundo lugar, porque somos los primeros interesados en suprimir algunas de las medidas contempladas en el decreto del año 2012, algunas ya revertidas por la vía de los hechos, como antes le he señalado. Y además queremos que nos entiendan perfectamente. 

Somos plenamente conscientes del enorme esfuerzo —jamás nos cansaremos de agradecérselo al conjunto de la sociedad española y específicamente al profesorado— que supuso la aplicación de dicho decreto; un decreto que era un hecho excepcional ante un momento excepcional y que ustedes mismos, señorías, han reconocido en el proyecto de ley. 

Además, ese esfuerzo y la aplicación de medidas que combinaban calidad, eficacia y eficiencia han permitido que el sistema educativo no se haya resentido en los momentos más duros de la crisis económica que asolaba nuestro país. 

El sistema educativo no está peor, señorías, que en el año 2011, está mucho mejor que en el año 2011. Es más, a los profesores debemos agradecerles en buena parte que hoy nuestro país tenga unas tasas de abandono educativo temprano del 18,2%, desde luego más cerca de ese 15% que nos marca Europa… (Rumores). 

Les decía que estamos más cerca de ese 15 % que la Unión Europea nos marca para el año 2020 y, desde luego, muy alejados de ese 28 % que heredó el anterior Gobierno del Partido Popular. Al menos, tendrá que reconocer, señora ministra, que la herencia que usted ha recibido es mucho mejor que la que recibieron sus antecesores (aplausos), y no solo en relación con el abandono educativo temprano, sino también en relación con el profesorado. 

Hoy hay más profesores en la enseñanza no universitaria que cuando comenzó la crisis, 21 529 profesores más, y esos, por cierto, se sientan mayoritariamente en la enseñanza pública, porque el 70,7 % son profesores de la enseñanza pública; eso, señorías, que algunos de ustedes se empeñan a situar dentro de las desgracias del Gobierno del Partido Popular. Nada de desgracias, señorías de Podemos, mejores resultados, mejores profesores y más igualdad de oportunidades. (Aplausos). 

Los propios sindicatos lo reconocen. Los propios sindicatos señalan que, fruto del acuerdo en relación con la convocatoria de la oferta pública de empleo y al plan de estabilización del sector público, este curso hay un 4,4 % más de docentes que el curso anterior. 

Señorías, el hecho de que nosotros creamos en el profesorado y en el papel fundamental que este juega en la calidad del sistema educativo ha pesado también en la decisión de no presentar una enmienda a la totalidad sobre la base de su limitada y poco ambiciosa propuesta, entendiendo que les correspondía a ustedes dar forma legal a lo que ya se estaba produciendo por la vía de los hechos, pero lo que no podemos dejar pasar es que ustedes, con su norma, rompan de facto los cuerpos nacionales del profesorado, ya que ceden sus competencias al arbitrio de lo que decidan las comunidades autónomas, diseñan un profesorado con diferentes derechos y obligaciones y dan un paso más hacia la ruptura definitiva del sistema educativo español. En esto, señoría, no podemos estar de acuerdo, imposible estar de acuerdo, y además lo lamentamos profundamente. 

La igualdad de derechos, deberes y oportunidades de los docentes ha de estar presente en cuantas decisiones asuma el Gobierno. Para nosotros esto es innegociable. No basta, además, con una recomendación… (Rumores). 

No basta, además, con una recomendación, como así establece la enmienda negociada entre el Partido Socialista y el Grupo de Podemos —poca ambición ha tenido el Grupo de Podemos en este caso—. Las competencias del Estado consisten en desarrollar las que le son propias, y más si hacen referencia a derechos fundamentales. 

El poder del Estado reside en impulsar la iniciativa legislativa y en cumplir y hacer cumplir la ley, no en recomendar. Si tan importantes les parecen a ustedes las mejoras en las condiciones del profesorado —a nosotros sí nos lo parecen, porque un buen profesor incide hasta en un 30% en el rendimiento de los alumnos—, esa igualdad de oportunidades y esa mejora de las condiciones tendrán que decidirse sobre todo el profesorado, venga de donde venga, resida donde resida e imparta sus clases en el centro donde lo haga. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). 

Señora ministra: financiación. Si dejan en manos de las comunidades autónomas la decisión de la jornada lectiva se evitan asumir un compromiso presupuestario, ustedes, que reclamaban un 5% del PIB, y su grupo, que se levantó del pacto de Estado por la educación, porque ustedes saben que la reducción de la jornada implica una contratación mayor de profesores y que eso implica mayor inversión, inversión que requiere una financiación adecuada y suficiente, tal y como dice la enmienda del Partido Popular, y que también debe asumir el Estado. Señorías del Grupo Ciudadanos, nos vamos a abstener en su enmienda a la totalidad. 

Seguro que ustedes y nosotros coincidimos con los objetivos, pero les debo decir con claridad que técnicamente hay algunas cuestiones que no se pueden asumir con un proyecto de ley de este perfil, en todo caso, en un desarrollo posterior. Si aspiramos a ser Gobierno, y nosotros aspiramos a serlo, tenemos que ser rigurosos tanto en la técnica reglamentaria como en el desarrollo que delimita el ámbito competencial. Señora ministra, finalizo. 

El profesorado requiere algo más de este proyecto, requiere una apuesta decidida por el diseño de la carrera profesional, por un cambio en el sistema de acceso y por un impulso a su reconocimiento personal, económico y profesional. Hace algunos años ustedes y nosotros estuvimos de acuerdo con un cambio en el sistema de selección, nos pusimos de acuerdo en el mir educativo. Hoy me temo que ustedes son rehenes de sus socios de Gobierno y ni siquiera esa defensa de los cuerpos nacionales del profesorado… (Rumores).  … se encuentra entre sus prioridades. Lo lamento profundamente, de verdad. Creemos que la educación es una cuestión de Estado, y mientras ustedes renuncien a ella, me temo que con nosotros no podrán contar. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo. 

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta. Señora ministra, ya era hora. Casi siete años después de la imposición —imposición, señora Moneo— del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de la racionalización del gasto público en el ámbito educativo no universitario —nada rimbombante, por cierto—, los docentes y los centros educativos van a poder recuperar las condiciones en las que se encontraban antes del año 2012. 

Señora Martín, como siempre me toca empezar por usted. Que nos hable del día de la marmota… Tiene bemoles el asunto, cuando usted, sistemáticamente, va trayendo a cualquier debate educativo los mismos temas. Ahí sí que nos encontramos con el día de la marmota (aplausos), porque si no nos lo meten de una manera, nos lo meten de otra, pero todo va orientado a la obsesión por la recentralización del sistema educativo, cosa que, lamentablemente, le están plagiando también los compañeros de la bancada del Partido Popular. 

Creo que eso no beneficia absolutamente a nadie. Miren, nos vamos a centrar en lo que importa, que es el profesorado, la ratio y las sustituciones. Este proyecto de ley, por fin, va a acabar con ese incremento del 20% de la ratio en los centros educativos que ha supuesto nada más y nada menos que la ratio en educación infantil y primaria haya llegado a treinta alumnos por aula, que en educación secundaria haya llegado a treinta y seis y a la barbaridad de que en bachillerato se haya llegado a cuarenta y dos alumnos. 

Eso ha supuesto que en la educación pública se haya aumentado la ratio nada más y nada menos que un 7,5%, frente al 2,6% en la enseñanza concertada. Por cierto, no es nada casual tampoco que la ratio solo se haya incrementado sustancialmente en la pública y no tanto en la concertada. Señor Sánchez, coincidimos con usted en que esta medida del Partido Popular puso a España en la situación de tener la segunda ratio más alta de toda la Unión Europea. 

Esta medida ha ido en contra de aquellas leyes que desde el año 2008 han apuntado en una tendencia completamente distinta, que es bajar la ratio, pero usted sabe que, con las ratios que le acabo de exponer y con ese número de alumnos por aula, eso es absolutamente inasumible en estos momentos en el sistema educativo español por el coste tan elevado que tiene. 

Sin embargo, vamos a seguir avanzando en otras medidas, no le quepa ninguna duda. La segunda medida que se aborda en este proyecto de ley va a ser algo esencial para la escuela rural …  y básica para el normal funcionamiento de los centros educativos. Se trata de las sustituciones, de las que, por cierto, se ha hablado muy poco esta mañana. Como bien saben, los profesores recurrían a dos semanas para poder ser sustituidos ante cualquier nombramiento o notificación de baja o ausencia del profesorado. 

Esto en la escuela rural es esencial, porque en la mayoría de los centros educativos no hay recursos suficientes para cubrir esas sustituciones, y eso impide el normal funcionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en nuestras escuelas. En último lugar, este proyecto de ley va a recuperar los derechos laborales del profesorado, seriamente dañados por ese real decreto impuesto por el señor Wert … , que hay que recordar que impuso un mínimo de veinticinco horas lectivas al profesorado de educación infantil y primaria y de veinte horas lectivas al profesorado de secundaria, lo que dificultaba muy seriamente las condiciones laborales, porque con más horas lectivas, con más alumnos y alumnas por aula es muy difícil atender a la diversidad del alumnado y a la individualidad de cada uno de los alumnos que se necesita en el sistema educativo. Entonces sí se impuso este decreto, señora Moneo. (Rumores).

Se impuso; lo impuso el señor Wert. Ahora, con este proyecto de ley, se está debatiendo entre todos los grupos parlamentarios. Creo que hay una diferencia sustancial en la que se está buscando el consenso y la negociación. Afortunadamente, las comunidades autónomas, a partir del próximo curso, van a poder tener a su disposición la reducción del horario lectivo, de la ratio en sus centros y también, como decía anteriormente, del periodo de sustituciones. 

Señora Moneo, no vamos a apoyar la enmienda sobre la reducción de los horarios lectivos en la educación privada y concertada. Francamente, no entendemos a qué obedece, porque frente a la reducción de 20000 profesores en la educación pública en este período, en el mismo tiempo, en la misma época, en la época de los recortes, curiosamente, se han incrementado en 19000 los docentes en la enseñanza privada o concertada. Por algo será. 

Desde luego, yo creo que no han sufrido los recortes de igual forma. Sin embargo, sí vemos que es necesario, señor Sánchez, establecer de alguna manera una recomendación de un número orientativo de las horas lectivas en el sistema educativo, y por eso les hemos presentado una propuesta de redacción en una enmienda transaccional que esperamos que nos acepten. 

No entendemos tampoco que planteen la cuestión de la enseñanza concertada, señora Moneo, porque es algo que sus consejeros no abordaron en ningún momento en el debate de la conferencia sectorial, posiblemente porque ellos saben, y lo saben bien, que afecta a la negociación colectiva y que son las comunidades autónomas las que tienen plena competencia para poder negociar sus propios convenios colectivos. 

Yo creo que en esta Cámara, en el Congreso, ni podemos ni debemos entrar en este debate que es competencia de las comunidades autónomas y de la negociación colectiva. Ahora bien, señora Martín, ya no nos sorprende en absoluto que no vea la importancia de lo que suponen estas medidas para el sistema educativo. 

Una vez más demuestran el absoluto desconocimiento de cómo se encuentran los centros educativos desde la imposición del Real Decreto 14/2012. Yo le recomiendo que hable con profesores del aula, no simplemente con sindicatos y representantes sindicales; le recomiendo que visite los centros educativos; le recomiendo que hable con los profesores y que le digan lo que ha supuesto el incremento de la ratio, el incremento de las horas lectivas en su quehacer diario, que claramente ha perjudicado el apoyo a los alumnos más vulnerables, la atención a aquellos alumnos que tienen necesidades de un apoyo educativo con el que no han podido contar porque no han podido tener suficiente apoyo del profesorado, como el sistema educativo debe garantizar. 

Pero ustedes, una vez más, a su libro, y nos han vuelto a traer hoy aquí lo que nos han venido trayendo en debates anteriores: la fiscalización de la inspección educativa, la nacionalización del proceso de sustituciones del profesorado, una vez más debatido y rechazado… 

Ahora nos piden una nueva ley que, como bien sabemos, ya está en el horno, y nos piden también una nueva ley sobre profesorado en la que, como bien ha dicho la ministra en ocasiones anteriores, ya se está trabajando de manera seria y abordándola con el profesorado que es con quien se tiene que abordar. Señor Miquel, no vamos a apoyar la enmienda para derogar la disposición adicional trigésimo octava. 

Lo abordaremos, cuando toque, en el momento de la reforma de la ley que está a punto de ser registrada y que esperamos que ni unos ni otros tengan la capacidad de vetar en la Mesa del Congreso. (Aplausos). Esperemos que así sea. 

Hoy toca hablar del profesorado, hoy toca reconocer el merecido sacrificio que han hecho en estos últimos siete años y, por eso, hoy este proyecto de ley se tiene que centrar en lo que verdaderamente es esencial, en reconocer todo el esfuerzo que a lo largo de estos siete años ha tenido que producirse en la educación española, fundamentalmente en la educación pública, siendo los profesores los protagonistas de todo este proceso. 

Después de siete años de esta imposición, señora Moneo, señora Martín, les pido que reconozcan por fin el daño producido a la educación española, un daño absolutamente irrecuperable, un daño que tiene que ser reparado, como decía el señor Olòriz, un daño que también ha afectado seriamente no ya al profesorado en general, sino también al profesorado interino, al que usted hacía referencia, porque hay que recordar que en ese real decreto se restringía el acceso a la Función pública y que ello ha supuesto un incremento del 25% de la interinidad en el sistema público español. 

Es cierto que se ha reducido mínimamente, pero, desde luego, ha producido una tremenda precariedad e inestabilidad, que es precisamente todo lo contrario de lo que se necesita en el sistema educativo. En definitiva, el mayor número de horas lectivas, el incremento de la ratio y las serias dificultades para las sustituciones de profesorado han sido y son los factores que perjudican seriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Finalizo, señorías. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, el apoyo de los grupos parlamentarios a este proyecto de ley que sí apuesta por la mejora de las condiciones del profesorado y del conjunto del sistema educativo. Esperamos que en esta ocasión el Partido Popular muestre más responsabilidad que la que demostraron sus consejeros de Educación cuando dieron la levantada en la conferencia sectorial. De Ciudadanos, ya sabemos que ni está ni se le espera y que su apoyo al profesorado es más de boquilla y mucho más de zancadillas. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).