BALANCE 2018 UGT

Balance del año 2018

UGT considera que 2018 ha iniciado el camino para la erradicación de las políticas de austeridad y recorte, pero ha tenido un recorrido corto en resultados, dada la situación política actual.

El sindicato destaca algunos de los logros alcanzados este año en el marco del diálogo social como el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2010, la importante subida del Salario Mínimo Interprofesional y el acuerdo para la subida salarial de los empleados públicos.

Sin embargo, es preciso acelerar cuestiones vitales para redistribuir la riqueza como la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral; un pacto en pensiones que blinde el poder adquisitivo los pensionistas (para ello hay que derogar la reforma de 2013) y políticas que faciliten la redistribución de la riqueza y permitan avanzar hacia un modelo económico más justo e inclusivo, que no deje a nadie atrás.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020, alcanzado en el marco del diálogo social bilateral, entre empresarios y sindicatos, representa una nueva etapa, es un acuerdo vital para la recuperación salarial, especialmente de los sueldos más bajos, pues establece una subida generalizada para todos los salarios, pero, sobre todo, recoge la reivindicación sindical de establecer 1.000 euros de salario mínimo al mes en todos los convenios. UGT requiere de los empresarios una mejor aplicación y cumplimiento de los contenidos del AENC.

Este acuerdo ha marcado un año 2018 en el que se ha iniciado un camino para erradicar las políticas de austeridad y recorte. Un recorrido marcado por dos semestres diferenciados, a raíz de la moción de censura, presentada por el PSOE y que puso fin al mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el primer semestre de 2018, y tras el acuerdo de subida del SMI de diciembre de 2017, se avanzó muy poco en el marco del diálogo social, a excepción del acuerdo sobre empleados públicos 2018-2020, para mejorar salarios, recuperar empleo público y ampliar la negociación colectiva.

En el segundo semestre, el nuevo Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, gracias a los apoyos de 180 diputados frente a 169 (PP, Ciudadanos, Foro y UPN) y una abstención (Coalición Canaria), ha emprendido un camino ilusionante, pero muy complejo.

Ilusionante porque se ha mostrado abierto a deshacer políticas de recortes y austeridad, pero complejo dada la situación política actual y la fragilidad parlamentaria que impera. La mesa del Congreso, controlada por el PP y Cs, ha obstaculizado distintas iniciativas de política social (sirva de ejemplo, la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos, promovida por los sindicatos, y que ha sido vetada 21 veces). Además, en el Senado la mayoría absoluta del PP se ha mostrado contraria a cualquier política que lleve el sello socialista, lo que está impidiendo la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 más expansivos y justos, tal y como refleja el Plan de Estabilidad, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados.

Desde UGT se reconoce el gran esfuerzo del nuevo Gobierno para serenar la situación política, un elemento fundamental para la convivencia del conjunto del país y la propia economía.

Asimismo, hay que señalar el impulso que se ha dado al Diálogo Social y el voluntarismo para establecer políticas que faciliten la redistribución de la riqueza, entre ellas, se inscribe la importante subida del SMI, a 900 euros al mes por 14 pagas, el acuerdo alcanzado para mejorar la protección social de los autónomos, la nueva Convocatoria para relanzar la Formación para el Empleo, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, la propia subida del sueldo de los funcionarios (aunque este acuerdo venía de atrás, pues se cerró con el anterior Gobierno del PP) o la revalorización de pensiones conforme al IPC.

En su defecto está que el Gobierno a veces se ha precipitado en anunciar medidas, antes de consensuar e implementar las políticas adecuadas en este sentido. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el anuncio de la desaparición del diésel y de los coches de combustión, en un futuro no muy lejano, que ha suscitado alarma social y ha afectado de manera muy importante al sector de la automoción.

Otra lacra del año 2018, que no se debe pasar por alto, sigue siendo la siniestralidad laboral, un problema enquistado que sigue creciendo. Se registraron casi un millón de accidentes hasta el tercer trimestre del año, cerca de 9.500 más que en el mismo periodo del año anterior, y se mantiene la media de dos muertos al día por el simple hecho de ir a trabajar. Una cuestión ineludible que hay que abordar ya y que se interrelaciona con la alta temporalidad y precariedad de los puestos de trabajo.

Cambiar la normativa laboral ya

Es urgente derogar la reforma laboral, pero mientras hay que cambiar, cuanto antes, los aspectos más lesivos de la misma. Son propuestas tratadas en la mesa de diálogo social, y que están muy avanzadas. En este sentido, hay que recuperar el subsidio para mayores de 52 años, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación (con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal) o el control horario (es decir la obligatoriedad de registrar la jornada laboral para evitar el uso indebido o fraudulento de los contratos)

Aspectos esenciales que hay que poner en el haber de esta legislatura y que deberían resolverse antes de que finalice el mes de enero.

UGT continuará exigiendo en 2019 un contrato de relevo universal, no solo para la industria manufacturera, tal y como entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Es una cuestión de justicia social, de igualdad y repercutirá en el bien de la economía española, facilitando el relevo generacional en el empleo en unas condiciones dignas.

Garantizar y blindar el poder adquisitivo de los pensionistas

Asimismo, el Gobierno debe dar cumplimiento a otros aspectos fundamentales que facilitarán la redistribución de la riqueza. En este sentido, el sindicato considera, que hay que ir más allá de una revalorización de las pensiones conforme al IPC y exige la derogación de la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno del PP, que condena a los pensionistas presentes y futuros, a un empobrecimiento continuo y permanente, mediante el Factor de Sostenibilidad. Una demanda sindical y social, que ha sido y es defendida no solo en el marco del diálogo social, sino también en la calle, desde que, en septiembre de 2017, UGT y CCOO iniciaron las marchas por las pensiones dignas.

Más agenda social y regeneración democrática

En 2019 hay que seguir avanzando en la recuperación de las libertades y los derechos sociales y laborales, que fueron hurtados bajo la excusa de la crisis, promoviendo un nuevo contrato social, desde el diálogo y la negociación. Esto implica continuar luchando contra la precariedad y la inestabilidad en el empleo, combatir la pobreza y la desigualdad creciente, buscar, en definitiva, el bienestar de las personas, objetivo prioritario de cualquier política económica.

En 2019 hay que enarbolar de nuevo la bandera de la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y oportunidades, para erradicar todo tipo de discriminaciones. Así, UGT seguirá defendiendo, entre otras materias, una ley de igualdad salarial, medidas para acabar contra todo tipo de violencia contra la mujer (en todos los ámbitos, pero especialmente en el laboral) reforzar la protección por desempleo, el Estado de Bienestar, una reforma fiscal integral, más justa y equitativa (esto implica el establecimiento de nuevos impuestos, como la Tasa Google o la Tasa Tobin) la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y la derogación de la Ley Mordaza, que sigue limitando la protesta social.

En definitiva, el 2018 ha sido un año de anuncios con alguna resolución en los últimos meses, pero 2019 tiene que ser un año en el que finalmente se desmonten las políticas lesivas para los ciudadanos. Debe ser un año que permita un crecimiento económico más inclusivo, en el que se reparta la riqueza y se cree empleo de calidad y con salarios dignos.