ACUERDO SOBRE AUTÓNOMOS

El Acuerdo sobre autónomos representa un salto cualitativo

Pepe Álvarez presenta a Eduardo Abad en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, que ha presentado al Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-UGT), Eduardo Abad, en Nueva Economía Fórum, ha resaltado su labor en la defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores autónomos y en el reciente acuerdo con el Ministerio de Trabajo para mejorar la protección de este colectivo. “Una de sus preocupaciones ha sido denunciar la injustificada desigualdad en la protección social de los autónomos y la búsqueda de soluciones”- ha dicho.

Álvarez ha destacado, asimismo, el papel de UGT en la consecución de este acuerdo, que significa un antes y un después para las trabajadoras y trabajadores autónomos y que supone una mejora sustancial de sus prestaciones sociales”.

Asimismo, ha puesto en valor la reivindicación sobre la figura del autónomo “como contestador y generador de empleo”.

Los autónomos esenciales para la economía y la creación de empleo

Eduardo Abad, durante su intervención, ha reivindicado el papel de los pequeños empresarios, autónomos y profesionales en la economía y la creación de empleo de calidad.

Ha denunciado la insuficiencia de la Ley de reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y la necesidad de reformar el Régimen de Seguridad Social (RETA) para hacerlo más justo y luchar contra las políticas de bonificación de cuotas, la denominada tarifa plana, que ha contribuido a fomentar el fraude en la contratación a través de la figura del “falso autónomo”.

Abad ha manifestado que “las medidas acordadas entre las organizaciones de trabajadores autónomos representativas y el Ministerio de Trabajo supondrán un salto cualitativo en materia de protección social”. Sin embargo, en materia fiscal “aún está todo por hacer”.

“Las deducciones a las que tienen posibilidad de acogerse las Sociedades en nuestro país han incrementado la brecha fiscal y, por eso, la fiscalidad tiene que ser prioritaria en la agenda política”.

“La protección social, la justicia contributiva y la ruptura de la brecha fiscal son los grandes retos a superar” - ha finalizado.

INTERVENCIÓN EDUARDO ABAD

Muy buenos días a todos y todas, 

Que sirvan mis primeras palabras para agradecer al FÓRUM EUROPA su amable invitación a participar en este foro que sin duda es referente de opinión en el ámbito económico, político y social de nuestro país. 

Muchas gracias Pepe por tus palabras, sin duda alguna la UGT en su conjunto y en particular la comisión ejecutiva que lideras estáis participando activamente en los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo autónomo, apoyando de manera incondicional y demostrando además la complicidad y el compromiso con nuestra organización. 

Felicidades porque este año, además, celebráis el 130 Aniversario de la creación de la UGT, referente en la lucha por los derechos de los trabajadores y de la sociedad civil en nuestro país Muchas gracias también a la secretaria de Estado de empleo, a la directora general de trabajo autónomo y al director general de migración por acompañarme hoy en este acto. 

Agradecer la asistencia de todas las personalidades, de mis compañeros y de los secretarios generales de las UPTAS territoriales, y como no, muchas gracias a todos y todas los que habéis venido esta mañana a escucharme. Como muchos de ustedes sabrán, soy autónomo desde que tenía 20 años, es decir, conozco de primera mano el trabajo por cuenta propia y la situación del colectivo al que represento, no soy ajeno a la realidad que los millones de trabajadores y trabajadoras sufren día a día. 

Sin duda, la capacidad de creación de riqueza del colectivo de los pequeños empresarios, autónomos y profesionales representa la mayor contribución al PIB de nuestro país, por encima de la aportación de la contratación pública desde las administraciones o de la generación de riqueza de las medianas y grandes empresas. 

Sin dicha aportación y participación en la economía de este siglo sería difícil vertebrar una sociedad moderna y equilibrada, siendo la iniciativa de las personas que formamos este colectivo de pequeños empresarios y autónomos una aportación a la riqueza social y económica que debe ser reconocida y valorada. 

Nuestro colectivo está compuesto en la actualidad por más de 3.250.000 autónomos, de los cuales aproximadamente 800.000 son comerciantes; 378.000 pertenecen al sector de la construcción; 325.000 hosteleros; 300.000 trabajadores por cuenta propia del sector técnico y científico; 266.000 autónomos agrarios y de un sinfín de actividades principalmente ligadas a los servicios a la ciudadanía, en su conjunto, el mundo del trabajo autónomo aporta al mercado de trabajo mas de 4 millones de activos. 

Tenemos un déficit importante que es la escasa presencia de autónomos en el sector de la Industria, lo que sin duda perjudica los objetivos españoles comprometidos para 2020 en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España. Sin duda la capilaridad en la vida económica de nuestro colectivo le convierte en pieza fundamental de la economía, actor principal en la vertebración de la sociedad productiva y generadores de empleo de calidad.

Nuestro Régimen de Seguridad Social (RETA) ha cumplido ya 50 años, a lo largo de este tiempo se han tomado decisiones dirigidas al establecimiento del marco protector una vez finaliza la vida laboral del trabajador por cuenta propia, el establecimiento del subsidio de jubilación es el mejor exponente de ello. 

No es hasta el año 2007 con la entrada en vigor del Estatuto del trabajo autónomo, a través de la Ley 20/2007 de 11 de junio, cuando, de una forma clara y concreta, se fijan los derechos y las obligaciones de los autónomos que ejercen su actividad económica como personas físicas y se recogen mejoras sustanciales en protección social. Posteriormente, en el año 2009 se aprueba el real decreto por el cual se desarrolla la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), siendo en el 2010 cuando se establecerá el marco de la Ley 32/2010 de cese de actividad. 

Desde entonces hemos ido conociendo diversas modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo y la aprobación de otras normas, como la Ley de Emprendedores o la de Segunda Oportunidad, pero en general todas ellas han quedado lejos de las expectativas creadas.

Así, un año después de la aprobación de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo ha quedado sobradamente demostrada la insuficiencia de las medidas adoptadas en la misma. 

Si bien se han desarrollado algunos cambios de cierto calado, la ausencia de una reforma en profundidad del actual sistema contributivo de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social y la situación por la que atraviesa nuestro sistema en términos económicos, hace que los trabajos que se desarrollen en el primer trimestre del 2019 sean imprescindibles para fijar los pilares fundamentales de la modernización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que será de aplicación para más del 17% de los cotizantes a la Seguridad Social. 

Es por tanto fundamental que encontremos nuevas fórmulas de protección social y de equilibrio presupuestario en el sistema público, abriendo para ello un dialogo permanente con las organizaciones representativas, estableciendo un marco de negociación participativo y plural, sin obviar a los ya existentes, que sin duda tendrán que refrendar las decisiones que en el se adopten. 

Algunas medidas han sido, entre otras, las siguientes: La aplicación de una base mínima cualificada para los denominados autónomos societarios o administradores de sociedades, así como para aquellos autónomos que cuentan con más de diez trabajadores bajo su dependencia. 

El legislador ha decidido esta medida más por la intuición de que este segmento debe estar en el tramo más alto de renta que realmente por la certidumbre empírica de este hecho. Este modelo de cotización de los autónomos societarios no responde, pues, a criterios correctos. Se han modificado las edades a partir de las cuales se limitan las posibilidades de cambios en las bases de cotización de acuerdo con los nuevos plazos de cálculo de la base reguladora y edad de jubilación, con ello se continúa intentando evitar la denominada “compra de pensión”. 

El que se tengan que seguir tomando medidas en este sentido demuestra la deficiente regulación del conjunto del sistema que en ningún caso responde al principio contributivo. Se han articulado medidas que intentan limitar el esfuerzo de cotización de los autónomos en pluriactividad o que cotizan al tiempo en más de un Régimen de Seguridad Social, así como para los autónomos colaboradores, y para otros colectivos que por su naturaleza tienen carácter parcial, pero estas medidas no son más que pequeñas vendas que intentan ocultar las verdaderas heridas que sufre el sistema. 

La posibilidad de cubrir las contingencias profesionales, el reconocimiento de las prestaciones por maternidad o paternidad y la posibilidad de jubilación anticipada dos años antes de la legal, son buen ejemplo de ello. Así pues, podemos afirmar que, al menos en materia de cotización, el RETA no responde a los principios básicos inspiradores del sistema que son los de un sistema contributivo, universal y solidario. 

Como bien es sabido, el modelo responde más bien al principio de voluntariedad y selección de pago, lo que permite al contribuyente hacer un traje a medida de su aportación de acuerdo con su interés de regular el esfuerzo financiero.

Pero este principio de voluntariedad se vuelve en contra de los segmentos más débiles del colectivo que se ven obligados a pagar sobre bases de cotización superiores a las del régimen general, por encima del salario mínimo interprofesional (SMI) y del IPREM, y todo ello para conseguir una recaudación sobre las espaldas más débiles económicamente para compensar la escasa recaudación en los niveles de renta superiores que pueden planificar su contribución y lo hacen muy por debajo de sus rendimientos reales, permitiéndoles de esta manera trasladar esos recursos a sistemas de ahorro privado y acumulación patrimonial. 

Es por lo tanto un sistema injusto, que hace que casi un millón de autónomos tengan una presión de cotización alta frente a otro casi millón que ha visto suavizada esta imposición desde hace años. Ante esta evidencia, hace tiempo que algunos Gobiernos, tanto de la Administración General del Estado, como de las CCAA, han venido promoviendo políticas dirigidas a compensar el alto coste de entrada en el sistema para los más jóvenes en particular. 

Estas políticas se han basado en la regulación de determinados modelos de bonificación de las cuotas a la Seguridad Social a través de las Políticas Activas de Empleo y en buena parte cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Esta tendencia se ha consolidado con la actualmente denominada tarifa plana. 

Las políticas desarrolladas por las distintas Administraciones en este sentido son sin duda un arma de doble filo, puesto que es cierto que mejoran el acceso a la actividad por cuenta propia, pero se produce un efecto llamada a los emprendedores, y en la mayoría de los casos la tasa de supervivencia de sus negocios no supera los 15 primeros meses de vida. Estas políticas han contribuido a una perversión en el mundo del trabajo tradicional, puesto que han fomentado el fraude en la contratación a través de la figura denominada “falso autónomo”. 

No podemos incorporar autónomos al mercado de trabajo que no respondan a la naturaleza propia del desarrollo de una actividad perfectamente identificable. No queremos que el prototipo de crecimiento en nuestro colectivo responda a un joven con una mochila pedaleando por nuestros pueblos y ciudades.

Los cambios económicos y sociales que se están produciendo no son ajenos a los autónomos, solamente será posible que nos adaptemos a ellos si somos capaces de conjugar políticas que respondan a un nuevo modelo. 

Para ello es fundamental tomar como referencia la cuarta revolución industrial y la obligada participación del trabajo autónomo en ella. Los nuevos hábitos de consumo del gran público y la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación son elementos que tenemos que incluir en nuestro ADN, sólo lo podremos hacer si desarrollamos nuestra capacidad de innovación y desarrollo, y sólo lo conseguiremos a través de un plan de formación que se adapte a las necesidades sectoriales de los autónomos. 

En el entorno actual en el que se generaran los negocios, el principal reto de nuestro colectivo de autónomos y profesionales, es ser capaces de adaptarnos a los cambios constantes en cada uno de nuestros mercados y actividades. 

La digitalización, los nuevos modelos de negocio global, los cambios rápidos en hábitos y modelos de consumo, entre otros, son retos donde deberemos crear nuestras oportunidades de futuro. Sólo con la colaboración y con el apoyo de los actores que puedan impulsar nuestro proceso de adaptación a estos cambios, seremos capaces de crear oportunidades. 

Por otra parte, estamos llamados a ser los grandes protagonistas en la lucha contra la despoblación en el ámbito rural, en la medida en la que seamos capaces de prestar servicios de calidad a la población en los pequeños núcleos de habitantes, pero para ello también necesitamos que evolucione positivamente la implantación de los medios tecnológicos en este ámbito. 

La puesta en marcha de actividades ligadas a la protección y explotación de los recursos naturales será sin duda una de las principales bazas para conseguirlo, al igual que los servicios que se tienen que prestar a las personas mayores en estas áreas geográficas. Es por tanto necesario establecer un nuevo marco jurídico y económico global. 

Por un lado, la reforma del RETA debe permitir integrar a más personas en el sistema y no que su consecuencia sea una huida de este. Es una respuesta a la “economía sumergida” no un incentivo de ésta. Debe articularse en plazos transitorios suficientes para que no produzca resultados indeseados o modifique las condiciones efectivas en las que se ejerce la actividad. 

En ningún caso puede representar una disminución de la recaudación a medio plazo y tiene que estar basada en un objetivo de déficit cero, teniendo en cuenta que este objetivo está relacionado con el número de contribuyentes y con su capacidad real de renta, por lo que no sólo se trata de hacer un simple análisis matemático o actuarial, sino de abordar un conjunto de medidas que promocionen el emprendimiento, aseguren el relevo generacional y mejore las condiciones de vida y renta de los autónomos españoles. 

La Cotización progresiva de acuerdo con los ingresos reales, debe establecer unas bases diferenciadas de acuerdo con los tramos de ingresos del autónomo. Tenemos que asegurar que la mayoría de nuestro colectivo, más de dos millones de trabajadores por cuenta propia, con ingresos netos inferiores a treinta mil euros apenas vean modificado su esfuerzo contributivo, establecer un mínimo contributivo; obligatorio para los que ejercen una actividad económica con ingresos que no superen el umbral del SMI y establecer tramos especiales para aquellos que por sus condiciones económicas favorables tendrían que tener una base de cotización mínima superior a la exigida en estos momentos. 

Las medidas acordadas recientemente entre las organizaciones de trabajadores autónomos representativas y el Ministerio de Empleo supondrán un salto cualitativo en materia de protección social, la universalidad de la prestación por contingencias profesionales, el cese de actividad, la formación y sobre todo la bonificación del 100% de la cuota a partir del segundo mes para los autónomos que estén de baja por contingencias comunes marcarán un antes y un después. Además, en el ámbito fiscal sin duda está todo por hacer.

Una fiscalidad que castiga a las economías mas débiles es sin duda alguna una fiscalidad injusta. Las deducciones a las que tienen posibilidad de acogerse las sociedades en nuestro país han incrementado la brecha fiscal que existe entre los sujetos que desarrollan una actividad económica. 

Sirva como ejemplo de desigualad las deducciones existentes. Grande son las diferencias entre las empresas que tributan a través del impuesto de sociedades y los autónomos que lo hacen a través del IRPF. 

Tomemos como referencia el simple hecho de las deducciones por gastos de manutención, o los gastos de los suministros necesarios para el desarrollo de una actividad económica cuando se realiza en el domicilio del contribuyente: agua, energía, internet, etc., y realicemos la comparación, seguramente nos asombraríamos o incluso nos escandalizaríamos. 

Por lo tanto, esta es una materia pendiente de modificación que exigimos se ponga como prioritaria en la agenda política Miles de autónomos que tributan a través del conocido sistema de módulos observan con incertidumbre y preocupación la falta de estabilidad fiscal a la que están sometidos puesto que en los últimos años se vienen estableciendo prórrogas a los límites de facturación sin que se haya puesto encima de la mesa una alternativa clara y concreta a este sistema contributivo. 

La consideración de gasto por parte de la sociedad de las cuotas a la seguridad social de los socios, la implementación y ejecución de la Ley de morosidad y una normativa distinta en la aplicación del criterio de IVA de caja que permita al autónomo no ingresar el IVA hasta no cobrar efectivamente la factura emitida, serían cambios que nos permitirían seguir avanzando. Nuestro colectivo ve con preocupación el futuro. 

Los indicadores económicos están desgranando un cambio radical en la forma de hacer negocios. La cuarta revolución industrial esta haciendo temblar los cimientos de lo conocido, la forma de consumir, trabajar, de vivir. Nosotros no podemos volver a perder el tren de la competitividad por no habernos formados, no podemos seguir perdiendo posibilidades de crear nuevas iniciativas económicas por no disponer de los instrumentos jurídicos necesarios, no podemos enfrentarnos a la globalización sin disponer de las armas necesarias para combatir a los tiburones de la economía que simplemente entiende de cuentas de resultados. 

Tenemos que ser los protagonistas de la generación de la nueva economía rural, queremos ser los vertebradores de los territorios menos poblados, queremos ser los que contribuyamos a la habitabilidad en los entornos despoblados. 

Queremos que cada posibilidad de generar un negocio responsable sea estudiada y atendida como si se tratase de una gran multinacional, porque para una pequeña población cada vez que se instala una actividad económica en su ámbito tiene como efecto directo un impacto similar al que puede producir una gran empresa en una ciudad. 

Necesitamos el fomento de nuevas estructuras económicas organizativas que nos permitan competir y crecer, las agrupaciones de interés económico, las cooperativas de trabajo autónomo, la economía circular, son ejemplos que, si cumplen con los requisitos legales establecidos, serán modelos en los cuales establecer el futuro. 

Nosotros queremos participar de las oportunidades que nos brinda las nuevas tecnologías para mejorar todos y no sólo unos cuantos. El año 2019 será decisivo para el trabajo autónomo. La protección social, la justicia contributiva y la ruptura de la brecha fiscal son las grandes asignaturas pendientes, los grandes retos a superar. Trabajaremos para construir un futuro sólido y duradero para el colectivo, y para que sea reconocida y valorada nuestra aportación y participación en la economía de nuestra sociedad.