UGT LAMENTA EL FALLO DEL SUPREMO SOBRE LAS HIPOTECAS

 

       

Un fallo que genera desconfianza en la Justicia

La Unión General de Trabajadores lamenta la decisión del Tribunal Supremo de dar marcha atrás en la doctrina que marcó hace unos días y cargar sobre el cliente el pago del impuesto sobre la hipoteca.

Un fallo difícil de entender que genera desconfianza en la Justicia porque, de nuevo, se ha puesto del lado de los más poderosos.

El alto tribunal, que lleva dos días deliberando ha decidido recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre y quién pagará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) será la parte más débil (el cliente) y no sobre los bancos o prestamistas, pues son ellos quienes en la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para así poder ejercitar la acción ejecutiva y préstamo. Con este nuevo cambio de criterio, se genera otra vez incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Justicia.

UGT entiende que se ha dado una imagen muy negativa de la justicia al aparecer ésta permeable a las exigencias de los grandes poderes económicos de este país. El sindicato considera que jueces y tribunales a la hora de impartir justicia deben decidir en derecho y no ateniéndose a las posibles consecuencias económicas que sus decisiones pudieran acarrear, ya que todo ello conlleva, igualmente, una falta de confianza del ciudadano normal en su Administración de Justicia, puesto que pudiera llevar a pensar que no va a recibir un mismo trato.

Momento de reflexión para la banca

UGT entiende que es un buen momento para que el sector financiero reflexione sobre los últimos escándalos del sector (cláusulas suelo, preferentes, etc.), rectifique e intente ganarse ese perdido poder reputacional, puesto que todo ello afecta a la profesionalidad y buen hacer de todos sus trabajadores y trabajadoras, tan depauperados en estos últimos años con una sangría ingente de pérdida de puestos de trabajo: alrededor de 82.000 desde 2008; un tercio de oficinas cerradas a nivel de Europa son de nuestro país y concretamente 563 en lo que llevamos de 2018.

Es por ello que, UGT aboga por medios alternativos de resolución de conflictos en esta materia: con métodos ágiles, que protejan de manera eficaz los derechos de consumidores y usuarios y con decisiones vinculantes, al igual que ocurre en países de nuestro entorno, dada la poca eficacia que poseen los actuales reguladores (Banco de España y la Comisión del Mercado de Valores), lo cual aboca a los consumidores a que tengan que emprender acciones judiciales.

Es importante y por ello urgimos a nuestros legisladores para que legislen en la futura Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (más conocida como Ley Hipotecaria) una normativa más garantista, con mayor seguridad jurídica en el sector, con especial protección a la parte más débil: el consumidor.

Recae sobre los trabajadores y las trabajadoras

UGT, que analizará con detalle los argumentos que esgrime el Supremo para justificar este fallo, seguirá trabajando para defender los intereses de los ciudadanos y, en concreto de los trabajadores y trabajadoras que son los que proporcionalmente soportan un mayor peso de esta decisión. Para el sindicato, este fallo supone un paso atrás en la consideración de la vivienda como un valor social y refuerza el carácter especulativo de un bien que debería tener una consideración social al hacer recaer sobre los ciudadanos estos impuestos.

Además de generar incertidumbre, esta decisión agrava el problema de acceso a la vivienda que tiene este país. UGT siempre ha reclamado la necesidad de configurar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, como un auténtico derecho subjetivo, inviolable, no solo de los poderes públicos, sino ante los tribunales de justicia en igualdad de trato, oportunidades y sin ningún tipo de discriminación.

UGT y CC.OO. convocan concentraciones el sábado 10 a las 18:00 horas

Ambas organizaciones consideran indignante la sentencia del Tribunal Supremo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad, además de poner en cuestión la independencia del poder judicial con la “rectificación” a su primera sentencia. Para UGT y CCOO esta decisión revela, asimismo, la inacción del poder político que en dos años no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de ley hipotecaria.

El poder judicial ha protagonizado un espectáculo bochornoso que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país. Más aún, el fallo emitido en el día de ayer pone en cuestión la misma calidad de nuestra democracia al deteriorar dos de sus pilares: la independencia del poder judicial y el principio de igualdad ante la ley.

La decisión del Tribunal Supremo es indignante no sólo porque va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero sino porque ésta ha venido forzada por un replanteamiento del fallo que previamente había dado a conocer el tribunal competente con toda legitimidad, poniendo en cuestión la independencia del poder judicial. Gestión tan infame de esta “rectificación” no se resuelve pidiendo disculpas.

El proceso también ha puesto en cuestión la inacción del poder político ya que el proyecto de ley hipotecaria, donde tendrían que estar reguladas estas cuestiones, lleva dos años en sede parlamentaria pendiente de tramitación. Así la ausencia de iniciativa desde la política es responsable del exceso de protagonismo de los tribunales en la regulación de la cosa pública.

En estas condiciones es indispensable exigir responsabilidades a quien desde el poder judicial ha tomado la decisión de la reconsideración de la sentencia del tribunal competente metiendo al país en este despropósito y velar por la independencia de la justicia y exigir medidas y la pronta tramitación de una Ley Hipotecaria que preserve los intereses de la ciudadanía.

Con esta finalidad, UGT y CCOO hacemos un llamamiento a la ciudadanía a expresar su indignación y exigencias a través de la movilización social. El próximo sábado a las 18:00 ante el Tribunal Supremo en Madrid y antes las Audiencias Provinciales y TSJ de las principales capitales de provincias.