10 PROPUESTAS PARA RECUPERAR 10 AÑOS DE RECORTES
La Cumbre Social presenta su balance sobre la última década
La Cumbre Social Estatal, formada por más de 120 organizaciones sociales y sindicales, ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados su balance sobre los diez años de crisis y recortes sociales y sus propuestas para recuperar y ampliar el Estado de Bienestar.
Por parte de la Unión General de Trabajadores ha intervenido la Secretaria Confederal, Adela Carrió, que ha recordado que la cumbre “se creó hace diez años para exigir un cambio de políticas que permitiera salir de la crisis que ya veníamos sufriendo en 2008. Desde el inicio de la crisis se han ido adoptando medidas que han desregulado los derechos y el Estado de Bienestar. Han priorizado cuadrar las cuentas públicas y el déficit a las personas”.
“Para combatir esto”, ha señalado, “la Cumbre Social siempre ha estado activa, presentando declaraciones sobre la exigencia de unas políticas adecuadas para revertir todos aquellos derechos que se nos han ido recortando y movilizando a miles de ciudadanos y ciudadanas. Todo se ha justificado con la crisis y, realmente, quien ha perdido ha sido la ciudadanía”.
Por ello, “en el último plenario de la Cumbre detectamos que era muy importante hacer un análisis de qué había pasado en la sociedad en estos diez años. De ahí ha salido el documento “Una década perdida. Análisis de 10 años de recortes”, que analiza el impacto de la crisis y denuncia las políticas que durante estos años han erosionado nuestro Estado de Bienestar, arrastrando a miles de familias a la pobreza, deteriorando los servicios públicos y recortando derechos y libertades con la excusa de la crisis”.
Propuestas
Y un segundo documento, que recoge “10 propuestas para recuperar 10 años de recortes”, medidas que, según Adela Carrió, “son imprescindibles para revertir las desigualdades sociales y alcanzar un Estado de Bienestar socialmente justo e igualitario, con unos derechos sociales básicos garantizados y protegidos por los poderes públicos”. , sobre todo la pérdida de Estado de Bienestar, que ha arrastrado a miles de familias a la pobreza, que ha deteriorado los servicios públicos, ha recortado derechos y libertades con la excusa de la crisis.
En este sentido, la Cumbre Social propone medidas relacionadas con el empleo digno y de calidad; protección social universal; pensiones dignas; sanidad pública y universal; educación de todas y para todas; una política fiscal para acabar con las desigualdades; calidad de vida digna; justicia y libertades públicas; una sociedad igualitaria y sin discriminación, y un aumento y mejora de la cooperación, la inmigración y el refugio.
“Hemos trasladado estos documentos a los grupos políticos porque queremos que sirvan de guía tanto para la confección final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, como para las elecciones municipales del año que viene”, ha afirmado Adela Carrió, “con el fin de que se tenga en cuenta las necesidades más acuciantes de la sociedad y se resuelvan sus problemas en esta fase de expansión económica”.
1. EMPLEO
Con la llamada crisis de la deuda europea, las instituciones internacionales (Fondo Monetario, Banco Central Europeo y Comisión Europea) condicionaron la asistencia financiera a países como Grecia, Irlanda, Portugal o España a la adopción de una serie de medidas encaminadas a reducir el déficit público. La ayuda financiera se supeditó también a la implantación de cambios importantes en la regulación de los mercados laborales.
Las reformas, similares en los distintos países, no respondían a necesidades detectadas sino a un programa ideológico que vio la crisis como una oportunidad histórica para recortar derechos sociales. En España, la reforma laboral más grave se produjo a través del Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero, convalidado posteriormente por la Ley 3/2012, de 6 de julio. Con anterioridad, la Ley 35/2010 había introducido cambios para facilitar el despido y dar mayor protagonismo a los convenios colectivos de empresa.
Vistos en perspectiva, los cambios de 2010 fueron tímidos en comparación con lo que supuso la reforma de 2012. La Ley 3/2012 eliminó los salarios de tramitación y bajó las indemnizaciones de los despidos individuales. En relación a los despidos colectivos se suprimió su autorización administrativa y se ampliaron las causas económicas justificativas con el fin de favorecer los intereses empresariales.
Tras estas modificaciones aumentó la destrucción de empleo fijo. Si en la primera fase de la crisis (entre 2008 y 2011) el 90% de los 2,2 millones de puestos de trabajo perdidos eran de carácter temporal, en la segunda recesión la destrucción de empleo afectó también a la mano de obra con contrato indefinido.
Entre el primer trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2014, el 60% de los 1,5 millones de empleos eliminados correspondían a trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido. La reforma laboral de 2012 también intentaba bajar los salarios. Se trata de un objetivo al que la exposición de motivos de la Ley 3/2012 se refería eufemísticamente como “adaptación de los salarios a la productividad y la competitividad empresarial”, y que está muy relacionado con los cambios realizados en la negociación colectiva, como la prioridad aplicativa del convenio de empresa en cuestiones salariales, la supresión de la ultraactividad o la facilidad para que las empresas modifiquen los salarios pactados.
El discurso oficial justificó la devaluación salarial sobre la base de que era el medio para impulsar las exportaciones. Se consideró que la salida de la crisis estaba en el comercio exterior. Desde el movimiento sindical se apuntó que éste era un argumento erróneo porque el crecimiento del sector exportador reactiva solo una parte de la economía, alcanza a un número reducido de personas y empresas, y se filtra poco al resto de la sociedad. La evidencia sobre la devaluación salarial es abundante.
Los salarios medios perdieron un 7% de poder de compra entre 2008 y 2017. Ha habido, además, colectivos como los empleados públicos que han experimentado una pérdida de poder adquisitivo mayor, del 17% en el mismo período, como consecuencia de los recortes y congelaciones salariales sufridas entre 2010 y 2014.
Además, los salarios de entrada al mercado de trabajo han sufrido una disminución importante a través de una variedad de fórmulas. Han proliferado las empresas multiservicios que, aprovechando las posibilidades de la reforma laboral, han establecidos salarios inferiores a los previstos en los convenios sectoriales. Por su parte, las falsas cooperativas de trabajo han sido un mecanismo utilizado en sectores como la industria cárnica para rebajar salarios y condiciones de trabajo.
Otros desarrollos legislativos, como el Real Decreto 15/2013, han ido encaminados a facilitar el uso de los contratos a tiempo parcial. Dicha norma concedió mayores facilidades a las empresas para exigir al trabajador realizar horas adicionales a su jornada ordinaria, las llamadas horas complementarias. Anteriormente, únicamente podían realizar horas complementarias los trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido a tiempo parcial. Con las reformas se amplía también a los de carácter temporal.
Además, el preaviso empresarial mínimo para realizar las horas complementarias pasa de los 7 a los 3 días. El resultado ha sido un contrato que permite a las empresas adaptar la jornada laboral a su conveniencia. La EPA muestra que el trabajo asalariado a tiempo parcial en el sector privado ha crecido en números absolutos todos los años desde el IV trimestre de 2007, incluso durante los años más graves de la crisis (2007-2013) cuando el empleo a tiempo completo disminuía.
También los datos de contratación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirman que la parcialidad ha aumentado de forma progresiva en todos los grupos de población desde 2007 (tabla 1). El mayor incremento desde 2007 se produce entre las personas jóvenes de 16 a 29 años y entre las personas con discapacidad. Por otro lado, los porcentajes más elevados de contratación a tiempo parcial en 2016 se dan entre las mujeres, con el 47%, y entre el grupo de 16 a 29 años, con el 44%.
Además, el tiempo parcial no deseado ha aumentado desde 2007. En el IV trimestre de 2017 el tiempo parcial involuntario se situaba en el 57%, casi el doble que en el mismo trimestre de 2007 (31%), de acuerdo con la EPA. Entre las personas jóvenes de 25 a 29 años el tiempo parcial no deseado es todavía mayor, afectando al 68% de este colectivo. Por otro lado, la temporalidad se ha vuelto a disparar con la recuperación económica, tras haber disminuido durante los años más graves de la crisis debido a la destrucción de empleo.
Entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2017, la EPA ha registrado la creación de 1,86 millones de empleos, la práctica totalidad asalariados (1,83) y la mitad de ellos temporales (918.000), lo que ha situado la tasa de temporalidad en el 26,7% frente al 23,7% de 2013. El avance de las jornadas parciales y el repunte del empleo temporal han llevado a que el empleo indefinido a tiempo completo haya perdido peso.
Menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social en 2017 tenía un contrato indefinido a jornada completa (48%) y la mayoría (52%) presentaba algún tipo de precariedad: contrato temporal y/o trabajo por horas. La elevada rotación laboral de la población asalariada con contrato temporal es otro rasgo característico del mercado de trabajo español, que se ha acentuado con la crisis y la reforma laboral. La población asalariada temporal contratada en 2006 tuvo que firmar 3,6 contratos de media para trabajar durante todo ese año.
En 2017 ha sido necesario que firmen una media de 5,6 contratos temporales para trabajar todo el año. Tras la reforma laboral de 2012, la rotación del empleo afecta cada vez más a la contratación indefinida. El repunte de los contratos indefinidos firmados es simultáneo a su menor supervivencia laboral, lo que consolida una menor eficacia en la creación de empleo indefinido. Ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos empleos indefinidos: en 2009 solo se necesitó firmar 1,1 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que pervivía a fin de año.
En 2017 fue necesario firmar 1,5 contratos por empleo. Un 33% de los contratos indefinidos firmados en 2017 ha causado baja durante el año y solo el 67% seguía existiendo al final de año. Nunca antes se habían firmado en España tantos contratos “indefinidos” que finalizaran a los pocos meses y no sirvieran para consolidar empleo estable y de calidad. Por último, la larga duración de la crisis y la profunda destrucción de empleo han provocado la cronificación del paro de larga duración, que afecta a la mayoría de la población en paro.
Debido en parte a estos factores, se ha producido un descenso en la protección por desempleo, que en 2017 cubre al 56% de las personas registradas como desempleadas cuando en 2010 alcanzaba al 78%. Ha disminuido también la calidad de las prestaciones: el 57% de las abonadas son de tipo asistencial, es decir, de menor cuantía que las contributivas.
2. RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
Desde 2008 el riesgo de pobreza y exclusión social se ha incrementado desde el 23,8% de la población hasta alcanzar un máximo del 29,2% en 2014, de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) (gráfico 1). Desde entonces ha descendido ligeramente, situándose en 2017 en el 26,6%. Esta disminución ha estado muy por debajo de lo que hubiera sido necesario para cumplir con los objetivos establecidos por el gobierno español en el marco de la Estrategia Europa 2020.
Como parte de esta estrategia, España se comprometió en el Programa Nacional de Reformas de 2012 a reducir el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social entre 1.400.000 y 1.500.000 en el período 2010-2020. Transcurridas más de las dos terceras partes de ese período, va a ser difícil lograr los objetivos planteados. E incluso, como ha señalado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, es bastante posible que en lugar de una disminución se produzca un aumento con respecto a 2010.
El aumento del riesgo de pobreza y exclusión social durante la última década se aprecia en los tres componentes que incluye el indicador AROPE (con carencia material severa, viviendas con baja intensidad en el trabajo y en riesgo de pobreza). En cada uno de ellos las tasas de 2017 son superiores a las de 2008, y en el caso de los hogares con baja intensidad en el trabajo las cifras de 2017 son casi el doble que en 2008 (gráfico 2). A continuación se revisa cada componente del AROPE y su evolución.
Son hogares con baja o nula intensidad de trabajo aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia. El porcentaje de hogares en esta situación ha estado creciendo desde 2008 hasta 2014. Desde entonces ha descendido ligeramente pero en 2017 todavía afecta al 12,8% de la población de entre 0 y 59 años (tabla 1).
Un segundo componente del AROPE, la carencia material severa, se refiere a la población que no puede permitirse al menos cuatro de nueve productos de consumo básico establecidos a nivel europeo. Desde 2008 el porcentaje de población en carencia material severa aumentó casi todos los años hasta 2014 (tabla 1). En 2017 el 5,1% de la población se encontraba en esta situación, 1,5 puntos por encima de las cifras de 2008.
El tercer componente del AROPE es la población con ingresos inferiores al umbral de pobreza, que se define como el valor que corresponde al 60% de la mediana de la renta nacional. Para 2017, el umbral de pobreza se fija en 8.522 , es decir, 710 mensuales para un hogar compuesto por una sola persona.
Este es el componente que afecta a más población, 21,6% en 2017, 1,8 puntos por encima de 2008. Desde 2008 el porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza ha aumentado en cinco de los diez años transcurridos (2009, 2010, 2012, 2014 y 2016) (tabla 1). Existen, además, una serie de grupos sociales que presentan tasas más elevadas de población por debajo del umbral de pobreza. Este es el caso de las familias con menores a su cargo, cuya tasa de riesgo de pobreza oscila en 2017 entre el 24,1% de los hogares con 2 adultos y 1 o más niños/niñas hasta el 40,6% para las familias monoparentales (en su mayoría encabezados por una mujer).
Otros colectivos con mayor riesgo de situarse por debajo del umbral de pobreza son: ■ Las personas desempleadas (el 44,6% en 2017).
- La población extranjera de la UE (39,2%) y del resto del mundo (52,1%, fundamentalmente originaria de Latinoamérica y África.
- Las personas menores de 30 años (en torno al 28% está por debajo del umbral de pobreza).
Desde 2008 la pobreza severa creció de forma continua hasta 2015 (7,6%), año en el que casi duplicó la cifra registrada en 2008 (4,1%). Disminuyó en 2016 (6,4%) y en 2017 ha aumentado 0,5 puntos porcentuales (1).
De acuerdo con EAPN, en un contexto de descenso de la tasa de riesgo de pobreza, el aumento de la población en pobreza severa supone “un empeoramiento de las condiciones de vida de la población pobre”.
Según el informe de la Fundación FOESSA 2018 (Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), el balance de los últimos diez años nos deja una estructura diferente, una sociedad con una integración más débil y una exclusión aumentada. Cuatro millones de personas viven en situación de extrema vulnerabilidad, 1,2 millones más que en 2007. Hay un 40% más de personas en exclusión severa que hace diez años. Además, 6 millones de personas se han recuperado de forma tan débil que en caso de una nueva crisis tendrían grandes posibilidades de volver al sector en exclusión.
PENSIONES
A lo largo de los últimos diez años, el número de pensiones contributivas ha crecido en 1,2 millones hasta alcanzar los nueve millones y medio actuales, lo que ha dado pie a un discurso “tramposo” en cuanto a gasto social. Evidentemente, el gasto en pensiones se ha incrementado, pero esto es independiente de los deseos del gobierno de turno, sino que guarda relación con el aumento de pensionistas, que además llegan a la jubilación con mejores carreras de cotización.
La reforma de las pensiones de 2013, llevada a cabo de forma unilateral por el gobierno del PP, estableció un procedimiento de revalorización que supuso en la práctica que las pensiones no crezcan a lo largo de los próximos treinta años más que un 0,25% anual. Esto conlleva la acumulación de pérdidas continuadas de poder adquisitivo para el conjunto de las personas pensionistas. Unas pérdidas que son especialmente visibles desde el ejercicio 2016, cuando la inflación normalizó su comportamiento y retomó la senda de incrementos positivos.
A ello hay que añadir el cambio desde 2013 en la política precedente de incrementar de forma considerable las pensiones mínimas, pasando a registrar crecimientos muy bajos o negativos de las cuantías medias de los complementos por mínimos. De tal forma que las pensiones han comenzado a sufrir, en la práctica, un proceso propio de devaluación. En paralelo, el conjunto del sistema de pensiones comenzó en 2012 a registrar déficits considerables debido a la destrucción de empleo por efecto de la reforma laboral, a la reducción de la cobertura por desempleo, y a la posterior creación de empleo altamente precario.
En lugar de adoptar medidas para resolver estos problemas, el gobierno del PP fue disponiendo (hasta prácticamente agotarlo) del Fondo de Reserva por un importe de 74.400 millones de euros. Desde 2017 inició una política dirigida a endeudar a la Seguridad Social concediéndole créditos en lugar de realizar aportaciones del Estado, que en dos años sumarán otros 25.000 millones
SANIDAD
La sanidad pública es esencial para el mantenimiento del Estado Social y tiene, además, una incidencia directa sobre el bienestar del conjunto de la ciudadanía y la reducción de las desigualdades. A pesar de ello, es uno de los servicios públicos que más se ha visto afectado por las políticas de austeridad.
Durante la crisis la sanidad pública ha sufrido recortes presupuestarios (entre 15.000 y 21.000 millones de euros menos de presupuesto desde 2009 según las diversas fuentes), reducciones de personal (9.400 puestos de trabajo menos en los hospitales públicos entre 2010 y 2014), cierre de camas hospitalarias (5.600 camas menos entre 2010 y 2014) y vio su cobertura disminuida tras el Real Decreto 16/2012.
En la última década han continuado sin resolverse problemas que ya existían antes de 2007 como la insuficiencia de los presupuestos iniciales, el aumento del gasto farmacéutico, las disparidades entre Comunidades Autónomas o la mayor participación del sector privado en la gestión y provisión de servicios sanitarios.
- Los recortes en el gasto sanitario público entre 2007-2017 En 2016 el gasto sanitario público en porcentaje del PIB (6,34%) es el más bajo desde 2009 (tabla 3).
Son esclarecedores en este sentido los datos sobre el aumento de los seguros sanitarios privados durante el período analizado, tanto en personas aseguradas como en el volumen de las primas. También se incrementan los pagos directos de los hogares en sanidad (los llamados “gastos de bolsillo”) que pasan del 19,5% en 2009 al 24,2% en 2015, por encima del promedio de la OCDE (20,3%). Las variaciones entre Comunidades Autónomas son muy notables, tanto en financiación como en el impacto de los recortes.
En financiación, se mantiene una variación en los presupuestos sanitarios per cápita de más de 500€ por habitante y año, en todo el periodo, entre la comunidad autónoma que más destina a Sanidad y la que menos. Para 2018 el mínimo es de 1.166,4€ en Andalucía, el máximo de 1.693,49€ en el País Vasco, y la media: 1.403,53€. En cuanto al impacto de los recortes, entre 2008 y 2013, ocho comunidades autónomas se situaban por encima del porcentaje de descenso en el gasto (-20,3%) y nueve comunidades por encima. La comunidad con mayores recortes fue Castilla-La Mancha (-28,5%) y la que menos recortó fue Cantabria (-7,9%).
La menor cobertura de la sanidad pública tras el Real Decreto Ley 16/2012 El Real Decreto Ley 16/2012, aprobado por el PP, supuso varias modificaciones fundamentales:
- 1. Se rompió el principio de universalidad en el acceso y se retrocedió al modelo previo a la Ley General de Sanidad, basado en el aseguramiento. El acceso a la sanidad pública quedó supeditado a la condición de cotizante de la Seguridad Social.
- 2. Como consecuencia de ello, se excluyó del derecho a la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular y a los ciudadanos y ciudadanas que lleven más de 90 días en el extranjero.
- 3. Se establecieron copagos generalizados (aumento del copago farmacéutico a los activos y establecimiento del copago a los jubilados).
- 4. Se dejó abierta la posibilidad de instaurar nuevos copagos sobre transporte no urgente, dietoterapía y material ortoprotésico.
- 5. Se retiraron más de 400 medicamentos de la financiación pública. El resultado fue la exclusión de muchas personas del acceso a prestaciones asistenciales necesarias.
Según cifras del Gobierno, en 2012 se retiraron 873.000 tarjetas sanitarias a residentes extranjeros (Programa Nacional de Reformas de 2013). Como consecuencia del aumento en los copagos, un 4,7% de personas que habían recibido una prescripción farmacéutica no la retiraron por problemas económicos, según el último Barómetro Sanitario del CIS, referido a 2017.
Se logró, no obstante, mitigar algunas de las medidas del Real Decreto 16/2012: no se aplicaron determinados copagos (transporte, farmacia hospitalaria, etc.) debido a las presiones sociales y profesionales, y la mayoría de las Comunidades Autónomas establecieron mecanismos para garantizar la asistencia a las personas no regularizadas (si bien el Tribunal Constitucional anuló la legislación al respecto de País Vasco, Valencia, Extremadura y de forma indirecta, Navarra). El 27 de julio de 2018 el gobierno socialista aprobó el Real Decreto 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Esta norma supone el inicio del proceso de recuperación del principio de universalidad, pero queda pendiente su desarrollo. Por otro lado, el gasto farmacéutico ha pasado del 12,9% sobre el total del gasto sanitario en 2009 al 18,3% en 2015, y la previsión para 2017 es que nos coloquemos en el 20% (promedio OCDE 16,2% en 2015) y ello a pesar del aumento de los copagos y de la exclusión del acceso a los medicamentos de un 4% de la población.
El deterioro del sistema público y la mayor participación del sector privado Entre 2010 y 2014 la red sanitaria pública ha reducido el número de camas y ha eliminado puestos de trabajo. Además, la Atención Primaria ha visto mermada su financiación en 1.500 millones de euros en el periodo 2010-14, pasando del 14,19% del gasto sanitario al 13,4% en esos años.
Según la estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada, entre 2010 y 2014 los centros hospitalarios de la red pública han perdido 9.438 puestos de trabajo, un 2%, y en el sector privado se han ganado 6.698 puestos, un 8,3%. Según la misma fuente, en el sector público entre 2010 y 2014 las camas de hospitales han descendido, tanto las instaladas (2.822 camas menos, -2,7%) como las que finalmente son puestas en funcionamiento (5.598 camas menos, -5,8%).
En cuanto a la participación del sector privado, durante los primeros años de la crisis continuó la expansión de diferentes fórmulas como la concesión de obra pública (o Private Finance Initiative), por la que el sector privado financia y construye hospitales a cambio de un canon anual (que a la larga supone pagar seis veces más de lo que hubiera costado su construcción pública). Este modelo se ha desarrollado en Madrid, Galicia, Baleares, y Castilla y Léon.
Otra fórmula utilizada ha sido la concesión administrativa (o modelo Alzira), mediante la cual el sector privado además de construir y gestionar el edificio proporciona la asistencia sanitaria pública, y que se ha aplicado en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Tras el amplio rechazo social y profesional a estas experiencias, en los últimos años se han potenciado formulas más silenciosas y menos visibles como las derivaciones sistemáticas al sector privado.
EDUCACIÓN
En el informe de inicio de curso 2018-2019, “Objetivo: revertir los recortes”, presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO, se indica que en el año 2016 y 2017 volvió a bajar el gasto público educativo, medido en porcentaje del PIB (ver gráfico). En las dos últimas legislaturas del PP, añade el informe, se ha desandado el camino recorrido en las décadas anteriores hasta situarnos en niveles de inversión educativa de hace 25 años.
Los diferentes informes elaborados por las organizaciones sociales sobre la inversión educativa en España y su impacto en la ciudadanía, hacen hincapié en la gran fractura social que los recortes han provocado.
El resultado ha sido una política educativa que choca frontalmente con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de transitar hacia una sociedad inclusiva y sostenible, basada en la educación y el conocimiento. Los recortes han impactado de forma negativa en la educación pública, mientras la privada ha visto aumentado su presupuesto entre 2008 y 2013 (del 0,78% al 1,08%), manteniéndose la progresión entre el 2013 y el 2016. Estas duras políticas de ajuste han supuesto la pérdida de 9.000 millones de euros durante los dos últimos gobiernos del PP.
A las familias la mal llamada austeridad les ha costado 3.000 millones de euros que han tenido que desembolsar de su bolsillo. El incremento del gasto privado va de la mano del avance de la desigualdad, de la pobreza educativa, de la quiebra de la equidad y del debilitamiento de la educación como un derecho.
El gasto por alumno y alumna ha caído un 21,6% en la educación no universitaria y un 24,7% en la universitaria. Los fondos de becas y ayudas disminuyeron un 15% entre 2011 y 2015 y aún no se han recuperado. En el conjunto del sector público educativo la pérdida de empleo supera los 45.000 puestos de trabajo. Junto a la disminución del empleo se da un cambio en su estructura: se cambian empleos fijos por temporales, con menos derechos y más precarios.
La tasa de temporalidad en el empleo ha pasado del 17,3% en el 2012 al 23,6% en la actualidad. Uno de cada cuatro trabajadores del sector público educativo está en una situación de precariedad. Por su parte, el Personal de Administración y Servicios ha sufrido un recorte de plantillas de algo más de 6.000 profesionales. Además, se está produciendo una privatización de los servicios que presta este personal, y que es tan importante para la calidad del sistema educativo y el éxito del alumnado.
Pobreza, abandono y fracaso escolar
Pobreza, abandono y fracaso escolar se refuerzan mutuamente. Así lo reflejan diversos informes presentados a lo largo del último trimestre del año 2017 por las principales organizaciones dedicadas a la atención a la infancia y a los y las menores.
Nuestras tasas de Abandono Escolar Temprano siguen duplicando a la de los países miembros de la Unión Europea. El Observatorio Social de la Caixa cifra el abandono de la formación durante el año 2016 en un 16,4% de las edades comprendidas entre 18 y 24 años, comparado con el 7,9% en la Unión Europea (UE-28). Además, el abandono escolar tiene mayor incidencia entre la población extranjera.
En 2016 el 37,6% de la población extranjera en España abandonó la educación o la formación, frente a un 22,7% en la UE-28. Otros estudios recientes que alertan sobre la precariedad de la inversión pública en educación y su impacto sobre los sectores más desfavorecidos coinciden en identificar los siguientes problemas:
- Un importante recorte en la inversión en becas y ayudas, así como una disparidad territorial en la inversión de las mismas. El informe “La universidad española en cifras 2015/2016”, presentado por la CRUE, alerta que el actual modelo de becas y ayudas compromete seriamente la equidad del sistema universitario.
- El funcionamiento anómalo de los protocolos de acceso a las becas y ayudas, que obliga a las familias a adelantar el dinero.
- Un mayor esfuerzo económico asumido por las familias ante la inhibición del gobierno y que ha fracturado tanto el concepto de gratuidad como el de equidad.
- Una falta de integración de los y las menores socialmente desfavorecidos.
- Poca integración entre la educación formal y no formal.
- Déficits de recursos en servicios como comedores, bibliotecas o transportes.
- Falta de coordinación entre las administraciones central, autonómica y local.
- Opacidad de datos, que en ocasiones se convierte en una barrera a la medición del impacto y a la evaluación de las políticas de infancia, incluida la educación.
En resumen, las organizaciones integrantes de la Cumbre Social insisten en la precariedad de la inversión pública en educación, el impacto de las políticas de recortes sobre los sectores más desfavorecidos de la población, y las consecuencias tan negativas que estas políticas tendrán para el futuro del país.
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