ES EL MOMENTO DE ESTABLECER UN NUEVO COMPROMISO SOCIAL

“UGT: Memoria histórica de la clase obrera. Pasado, presente y futuro”, jornada, en Valladolid, en el marco de conmemoración por el 130 aniversario de UGT

La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha manifestado que UGT está conmemorando su 130 aniversario para poner en valor el papel del sindicato en el logro de las conquistas sociales, para recuperar la memoria histórica, pero también para avanzar en el presente y, sobre todo, hacia el futuro, “porque aún queda mucho por hacer”. Antoñanzas ha destacado la importancia de tener unos sindicatos fuertes que defiendan a los trabajadoras y trabajadoras, en las empresas o a través del diálogo social (en este sentido, ha afirmado que espera que, en breve, ese diálogo con el Gobierno dé sus frutos). El objetivo es mejorar las condiciones laborales y sociales de los ciudadanos de nuestro país, “para eso nacimos hace 130 años y en eso vamos a emplear nuestro tiempo en los próximos 130 años, que esperamos cumplir”.

Antoñanzas ha hecho estas declaraciones en el marco de la Jornada: “UGT: Memoria histórica de la clase obrera. Pasado, presente y futuro”, organizada por UGT- Castilla y León, y que forma parte de los actos conmemorativos por el 130 aniversario del sindicato. Una jornada que se ha desarrollado en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid y en la que han participado, además, el Secretario de Formación y Presidente de la Fundación Largo Caballero, Sebastián Pacheco, el Secretario de Política Internacional, Jesús Gallego, el Secretario General de UGT-Castilla y León, Faustino Temprano y un importante elenco de ponentes.

Apostar por el futuro con negociación y si no hay resultados con movilización

La Vicesecretaria General de UGT ha relatado que el capitalismo del siglo XXI “se ha servido de la reciente crisis económica para arrebatar derechos e intentar aniquilar cualquier vestigio de resistencia, y UGT forma parte de esa resistencia. Somos muy incómodos, porque somos una barrera para contrarrestar el poder empresarial y político que atenta contra los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras”.

Ha denunciado que en la última década se ha impuesto un modelo económico, social y laboral que ha roto las reglas de convivencia colectivas y en el que han prevalecido los aspectos comerciales y económicos, sobre los derechos sociales y laborales. La consecuencia de romper este modelo es el conflicto social, el descontento y el auge de los extremismos en España, en Europa y en el mundo. En este sentido, ha señalado la preocupación del sindicato por el avance de la extrema derecha.

Ha manifestado que “es el momento de establecer un nuevo compromiso social” porque hay una mayoría ciudadana y parlamentaria, en nuestro país, y un diálogo social, con el Gobierno, que puede revertir las cosas y avanzar en el progreso social y económico.

“Las organizaciones sindicales estamos en posición de hacer esta apuesta de futuro, con negociación, pero si no da resultados, con movilización. Es necesario sumar fuerzas para cambiar el rumbo de las políticas, recuperar los derechos arrebatados y repartir la riqueza”- ha dicho.

Antoñanzas ha resaltado la necesidad de “recomponer las relaciones laborales, en términos de igualdad” y ha recordado las propuestas sindicales para acabar con los recortes en los distintos ámbitos. En este sentido, ha incidido en terminar con la alarmante precariedad del empleo y ha exigido salarios dignos.

Dar respuesta sindical ante las nuevas formas de trabajo

Respecto al futuro del trabajo, además de demandar una industria fuerte- debería elevar su peso hasta el 20% del PIB- se ha referido a las nuevas formas de trabajo y a la digitalización de la economía. “Las organizaciones sindicales tendremos que hacer frente a las nuevas formas de trabajo, tejiendo una red de protección para las trabajadoras y trabajadores”.

Ha afirmado que el Ejecutivo debe capitanear los cambios “porque así lo expresó cuando asumió su responsabilidad y es lo que demanda la ciudadanía. Es una cuestión de justicia social”.

Ha concluido que “hay que pasar a los hechos, adoptar medidas, a través del diálogo social, y construir un nuevo futuro, incorporando, en condiciones de igualdad, a la juventud, las mujeres y a las personas mayores. El objetivo: el progreso social”.

La agenda del Gobierno debe ser la de la mayoría social

Escribe en Público Gonzalo Pino, Secretario de Acción Sindical de UGT

Con la presentación de la moción de censura que terminó haciéndole Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tomó una decisión indudablemente valiente y responsable, dada la insostenible situación de descrédito del gobierno del PP, carcomido por la corrupción. Desde el mismo discurso de aquel debate de la moción de censura, el nuevo Presidente reconoció ser consciente de la dificultad de llevar a cabo muchas de las medidas y reformas que se proponía abordar en su programa de gobierno, por la complejidad aritmética del Parlamento actual. En los cien primeros días de gobierno que ya han transcurrido, esa dificultad se ha hecho evidente. A ello se ha unido una indisimulada campaña de acoso de la derecha política y mediática, que se ha escorado peligrosamente hacia formas y contenidos propios de la ultraderecha retrógrada y populista que está creciendo en Europa y EEUU.

Pero la agenda política y social no pueden marcarla quienes tan solo pretender erosionar al Gobierno y generar un clima favorable a la implantación de políticas regresivas y de recorte de libertades y derechos. La agenda del país debe definirla con decisión el Gobierno, con la promoción de medidas concretas que den satisfacción a las demandas que la mayoría social viene haciendo visibles desde hace años, y que resultan cada vez más urgentes.

El cumplimiento de los primeros 100 días en Moncloa hace escasas fechas se ha aprovechado, como suele suceder, para realizar un somero balance de lo realizado hasta ahora. Entre ello, hay actuaciones indudablemente positivas, como la recuperación de la sanidad universal, el impulso a lucha contra la pobreza infantil -con el nombramiento de un necesario Alto Comisionado incluido-, el incremento del presupuesto de los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista, la extensión parcial de la protección por desempleo, la aprobación de un Plan Director por un Trabajo Digno con medidas contra la precariedad laboral, la mejora de las becas para los alumnos con rentas más bajas, el aumento de las pensiones de viudedad, la renegociación de los objetivos de déficit con Bruselas, la habilitación de la exhumación de los restos del dictador Franco, el desbloqueo de la situación de RTVE; por citar algunas de las más destacables. 

Todas ellas hablan de una innegable voluntad de cambio, muy positiva, que ya ha rendido frutos. Pero la situación económica y social exige mucho más. Si el Gobierno actual quiere hacer visible (y creíble) el cambio de rumbo político que viene anunciando el Presidente, a juicio de UGT es necesario que mejore su actuación, al menos, en tres ámbitos.

En primer lugar, cabe exigirle una mayor claridad y coordinación comunicativa. En estos primeros meses se han evidenciado algunas discordancias en las declaraciones de diferentes miembros del Ejecutivo que han generado confusión sobre sus intenciones reales respecto de determinadas medidas clave. 

Algunas de las manifestaciones públicas realizadas respecto de temas como la nueva fiscalidad del diésel, las modificaciones de impuestos previstas, la redefinición del Valle de los Caídos, la política migratoria, la reversión de la reforma laboral de 2012 o la voluntad de recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC (en este caso, con unas declaraciones de la Ministra de Economía poniendo en cuestión incluso los acuerdos políticos alcanzados días antes en el Pacto de Toledo, e interfiriendo en la gestión del Ministerio de Trabajo), son ejemplos de los desajustes mencionados, que deben servir como aprendizaje para en el futuro.

En segundo lugar, es necesario que el Gobierno refuerce el papel del diálogo social con los interlocutores sociales en el proceso de debate y adopción de reformas que quiere acometer. Si bien es apreciable un positivo cambio de actitud en este ámbito, en demasiadas ocasiones el Ejecutivo parece estar otorgando al diálogo con los sindicatos y las organizaciones empresariales un papel subalterno. 

Y aunque es evidente que el respaldo parlamentario es imprescindible para aprobar muchas de las medidas planteadas, el Ejecutivo debería promover, del mismo modo, el consenso social, encarnado en los representantes legítimos de los trabajadores y las trabajadoras y las empresas. Ambos procesos tienen su espacio natural y complementario, cada uno de ellos determinante para lograr la legitimidad política y social de las actuaciones planteadas. 

Y en este sentido, desde UGT consideramos que sería deseable una mayor contención por parte del Gobierno a la hora de publicitar mediáticamente algunas posibles actuaciones, cuando se encuentran aún en pleno proceso de debate en las mesas de diálogo social –o, incluso, no se han tratado en las mismas-; y también una mayor celeridad y profundidad en el desarrollo de la agenda del diálogo, en consonancia con la urgencia de los problemas de la ciudadanía.

Por último, se echa en falta una mayor decisión y atrevimiento en sus actuaciones. El partido que sustenta al Gobierno, y el propio Pedro Sánchez, tanto antes como después de acceder a la Presidencia, han defendido con insistencia un programa de acción nítidamente progresista, con muchas medidas concretas que podrían ser implementadas una vez en el Gobierno. Y eso es lo que espera la ciudadanía. Las medidas aprobadas para rebajar el precio de la electricidad, por ejemplo, han sido decepcionantes, trasladando una negativa imagen de debilidad frente al poderoso lobby de las empresas eléctricas. Igualmente, parece apuntarse en las últimas fechas un cierto repliegue en los planteamientos iniciales en materia tributaria (por ejemplo, con la paralización del anunciado impuesto a la banca).

En el ámbito específico de las relaciones laborales, resulta difícil de explicar que no se hayan implementado ya algunas de las modificaciones legales imprescindibles para revertir algunos de los cambios más perjudiciales de la reforma laboral que realizó el PP en 2012, como son la recuperación de la prioridad aplicativa del convenio de sector sobre el de empresa y de la llamada ultraactividad de los convenios (la prolongación automática de su vigencia en tanto no exista otro que lo sustituya), la eliminación de los contratos de apoyo a emprendedores y de primer empleo joven (temporal sin causa), la obligatoriedad del registro diario de jornada y su accesibilidad a los representantes de los trabajadores o la modificación de la regulación de las condiciones de trabajo en las contratas y subcontratas, actualmente uno de los principales focos de precariedad, para hacerla más garantista.

La aprobación de estas medidas laborales es urgente; aún sin consenso en el diálogo social. Primero, porque todas ellas son cuestiones ampliamente debatidas ya en el seno de dicho diálogo, y sobre las que solo cabe ya tomar una decisión, que corresponde al Ejecutivo. Y segundo, porque el sistema de relaciones laborales actual es consecuencia de unos últimos cambios normativos que se hicieron precisamente de manera unilateral, sin consenso, en 2010 y 2012. 

Conviene recordar que los sindicatos convocamos dos huelgas generales contra estas reformas impuestas. En especial, la reforma del gobierno del PP de 2012 supuso una ruptura del marco de relaciones laborales que ha provocado un aumento de la precariedad laboral y del poder de decisión empresarial, y que la patronal asumió complacida. En consecuencia, los cambios mencionados más arriba tan solo vendrían a reparar mínimamente aquella fractura unilateral. Sin ello, no será posible recomponer un funcionamiento razonable del mercado laboral.

En suma, es preciso poner en valor lo realizado en el corto espacio de tiempo que lleva el actual gobierno, que refleja una clara voluntad de recuperar derechos y libertades y mejorar la situación social del país. Pero es necesario que construya un programa de cambio más consistente y claro, con medidas concretas que, tras ser contrastadas convenientemente a través del diálogo social, debería intentar aprobar sin demora. Es con hechos como se puede devolver la esperanza a los millones de personas que han sido depauperadas tras años de crisis económica y de políticas regresivas. En esta tarea, el Gobierno siempre encontrará a UGT.