TRABAJO DECENTE: SALARIOS DIGNOS Y EMPLEOS CON DERECHOS

Es necesario reorientar las políticas para situar el empleo en el centro de las mismas. El Gobierno debería tomar medidas ya y reflejarlas así en los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

Las políticas tienen que afrontar el aumento de los niveles de pobreza, de exclusión social y de las desigualdades, que no remite con el crecimiento económico.

Hay que centrar los esfuerzos en romper con un mercado laboral de bajos salarios y elevada precariedad. 

Urge también aumentar la protección frente al desempleo. Cuatro de cada diez trabajadores en situación de desempleo no percibe prestación económica.

Crece la economía y con ella los beneficios empresariales, pero los salarios no; crece el empleo, pero es muy precario. Estas son las dos principales características de nuestro mercado laboral a día de hoy. Ambas son consecuencia de las reformas laborales, que han deteriorado las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de este país, de forma que no se permite una calidad de vida digna para las personas y, por consiguiente, para las familias, que no están percibiendo la mejora de la economía.

Ha empeorado la calidad del empleo existente y se ha extendido la precariedad basada en altos niveles de temporalidad. Más de la mitad (55%) de los empleos creados desde la implantación de la reforma laboral de 2012 han sido de carácter temporal, y en consecuencia la tasa de temporalidad no para de crecer (26,8%, casi 5 puntos más que a inicios de 2013).

Y esto ocurre porque, desde hace décadas, se realiza una utilización abusiva de la contratación temporal. Las empresas incumplen de forma generalizada la Ley porque cubren con contratos temporales puestos de trabajo que son indefinidos. Se trata de una situación de fraude masivo, amparado en la impunidad por la ausencia de penalizaciones y controles efectivos. Así lo ha constatado el ligero repunte que la contratación indefinida ha experimentado en el mes de septiembre, debido a la presión que han ejercido las cartas del Ministerio de Trabajo dirigidas a las empresas que estaban infringiendo la normativa. Pero esto es solo la punta del iceberg.

Inestabilidad en el empleo

El peso de la contratación indefinida sobre el total sigue siendo bajísimo, solo 1 de cada 10 contratos, y solo 4 de cada 100 son indefinidos a tiempo completo. De los contratos temporales, el 80% se realiza mediante la modalidad de obra y servicio o eventuales por circunstancias de la producción. 

Pero, además, la precariedad se extiende:

• Aumenta el empleo a tiempo parcial involuntario (el 54,2%, casi el doble que en 2008).
• Crecen los contratos de muy corta duración. Uno de cada cuatro dura menos de siete días. Si en 2007 suponían el 15,1% del total de contratos realizados, en 2018 han aumentado hasta el 26,8% (dato hasta el mes de agosto).
• El contrato de apoyo a emprendedores, un temporal disfrazado de indefinido -un año sin indemnización a la finalización del mismo- ha pasado de representar el 5,4% del total de la contratación indefinida en 2012 al 12,9% del total de contratos en 2018

Además, han surgido nuevas formas de trabajo que están generando condiciones paupérrimas de trabajo, como son las que utilizan las empresas multiservicios, que están burlando las garantías mínimas que establecen los convenios colectivos de sector y están promoviendo empleos en condiciones laborales y salariales penosas.

Menos paro, menos población activa

Se ha reducido, sin embargo, el desempleo. Hay 2,7 millones de parados menos que al inicio de 2013 y la tasa de paro ha descendido 11,7 puntos (del 26,9% al 15,3%). También cae el paro porque se reduce la población activa, y en especial, jóvenes. En los últimos seis años los activos han caído en 655.000 personas en total y se han perdido casi uno de cada cuatro activos menores de 35 años (-1,7 millones).

Cuatro de cada diez desempleados no perciben prestaciones por desempleo. La cobertura ha caído veinte puntos porcentuales desde 2010, debido al aumento del paro de larga duración, y al recorte presupuestario de las políticas activas de empleo (-2.250 millones de € desde 2010) y de las propias prestaciones. Ésta es una de las causas del aumento de los niveles de pobreza y de exclusión social en España en los últimos años.

Bajos salarios

La otra causa ha sido la caída de los salarios, que se desplomaron 10 puntos de media desde 2009. Todo ello propiciado por los cambios que la reforma laboral de 2012 introdujo en la negociación colectiva, que desequilibró la balanza de las relaciones laborales en favor de los empresarios. Así, mientras el producto Interior Bruto ha crecido más del 3% cada año y las empresas han aumentado de manera generalizada sus beneficios, la participación de los salarios en el reparto de la Renta Nacional ha caído mucho. 

• Se ha producido un fuerte trasvase de rentas de los asalariados a las empresas. El excedente de las empresas es superior al que tenían en 2008 en 28.500 millones de euros, mientras las rentas de los asalariados han caído en 9.500 millones. En el caso de las sociedades no financieras, en el mismo período los salarios han caído en 10.200 millones de euros, y los beneficios empresariales aumentaron en 37.100

Y han sido los trabajadores con menores rentas los que han sufrido, en mayor medida, la caída de los salarios, contribuyendo a generar un incremento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social (el 27,9% y de casi el 29% en el caso de menores de 16 años). El 48,5% de las personas en situación de desempleo está en riego de pobreza, y el 14,1% de los ocupados. España es el tercer país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo por detrás de Rumanía y Grecia.

En definitiva, la devaluación salarial, el alto nivel de desempleo, la elevada precariedad del empleo creado y el recorte de las prestaciones sociales han provocado un aumento de los niveles de pobreza y de exclusión social y un incremento de las desigualdades, que no remite con el crecimiento económico.

Un cambio de políticas

La Unión General de Trabajadores exige un cambio de políticas y pasar de las palabras a los hechos. Diseñar en el diálogo social un plan de choque por el empleo que genere trabajos con derechos y salarios de calidad para acabar con la figura del trabajador pobre.

Es preciso revertir las reformas laborales, pero de forma inmediata hay que tomar medidas como: aumentar el grado de protección por desempleo; es necesario poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para mejorar la empleabilidad y lograr la inserción permanente de los desempleados, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo (parados de larga duración, jóvenes, mayores de 45 años...) y evitar y perseguir la contratación temporal y a tiempo parcial injustificadas

Además, el sindicato exige a los empresarios el cumplimiento de lo pactado en el IV Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva: aumentos salariales que logren ganancias de poder de compra de manera clara y situar el salario mínimo de convenio en 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas anuales.