IMPUESTOS Y DEMOCRACIA

Tribuna: Cristina Antoñanzas

Es el momento de llevar a cabo, desde el diálogo social, una reforma integral del sistema tributario que tenga como objetivo recaudar más impuestos para mejorar la vida de todas las personas, y no los bolsillos de unos pocos

Asistimos de nuevo al eterno debate sobre la subida o no de impuestos. Quien predica que hay que reducirlos recibe aplausos y quien habla de subirlos se encuentra con el mayor de los rechazos. Se trata de un discurso circular derecha-izquierda permanente, en el que hay que recordar que la buena calidad de la democracia tiene mucho que ver con un sistema tributario justo que contribuya a reducir la desigualdad, reforzar los servicios públicos y nuestro Estado del Bienestar.

George Lakoff, en su libro No pienses en un elefante, definía los impuestos como "lo que uno paga para vivir en un país civilizado –lo que pagas para tener democracia y oportunidades, y lo que pagas por utilizar las infraestructuras que financiaron los contribuyentes anteriores: la red de autopistas, Internet, la organización científica, la organización médica, el sistema de comunicaciones, las líneas aéreas–. Todo esto lo han pagado los contribuyentes". Y concluía que los impuestos son una buena inversión para el futuro.

Y es así. Está demostrado que los países con modelos sociales más avanzados (Francia Bélgica, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia) ocupan los primeros puestos de presión fiscal de la Unión Europea. España recauda 80.000 millones de euros menos que la media de nuestros socios europeos –la diferencia son 7,2 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) con respecto a la zona euro–.

Esos 80.000 millones deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas, tan maltratadas por la última crisis. Además de reducir el déficit público, se podrían destinar a mejorar los servicios públicos, construir más hospitales y contratar más personal sanitario, financiar el sistema de pensiones, atender mejor a las personas con dependencia, reforzar los sistemas de prestaciones por desempleo y sociales, potenciar las políticas activas de empleo o construir infraestructuras viarias modernas para comunicar mejor todos los territorios de nuestro Estado.

Hay que reequilibrar la situación. No pagan más los que más tienen. Existe un alto volumen de fraude fiscal (estimado también en ocasiones en torno a 80.000 millones de euros); un alto número de exenciones y deducciones que convierten nuestro sistema tributario en un queso gruyére, lleno de agujeros por donde se pierde recaudación y se perpetúa la desigualdad de trato en favor de operaciones especulativas y grandes fortunas y patrimonios, entre otros.

A la vez, ha aumentado el peso de los impuestos indirectos, que pagamos todas y todos sin tener en cuenta nuestras rentas, frente a los directos, como el IRPF y Sociedades, que sí lo tienen en cuenta. Con respecto al último caso, su recaudación es casi la mitad que la que tuvo en 2007, pese a que el beneficio de las empresas es superior, y el porcentaje que pagan es ínfimo, sobre todo las de mayor tamaño.

En conclusión, esta situación beneficia a los que tienen más renta, mientras que la mayor carga la soportan las rentas más bajas, las trabajadoras y los trabajadores de este país.

Es el momento de llevar a cabo, desde el diálogo social, una reforma integral del sistema tributario que tenga como objetivo recaudar más impuestos para mejorar la vida de todas las personas, y no los bolsillos de unos pocos. No podemos vivir en un Estado reducido, porque entonces el bienestar social es igualmente limitado. Hay que garantizar ingresos suficientes y un reparto más justo del esfuerzo de todas y todos.