DIESEL, AUTOMOCIÓN Y MEDIO AMBIENTE: POR UNA TRANSICIÓN JUSTA

A nadie se le escapa la importancia del sector de la automoción para España. Pero merece la pena refrescar la memoria con algunos datos: el sector supone el 8,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) español, aunque, si se suman las actividades de comercialización, posventa, servicios financieros o seguros, se eleva hasta el 10 % del PIB nacional; factura más de 95.000 millones de euros al año (sumando los fabricantes de automoción y de componentes), produce cerca de tres millones de vehículos y exporta el 84% de lo que produce; y en España se matriculan cada año más de un millón de vehículos. Contribuye a la Hacienda Pública con más de 26.000 millones de euros. 

El sector del automóvil, vehículos industriales y componentes es también uno de los nichos de empleo más estables y con mayor crecimiento. Es una industria que sigue generando trabajo cualificado y estable, en la que el 83% de sus empleados tiene un contrato indefinido, y supone el 9% del total de la población activa en España. Un sector que, gracias en gran medida a la negociación colectiva y el diálogo entre empresarios y sindicatos, ha sabido sortear la crisis en sus peores momentos y afianzarse en la recuperación. 

Solo un pero: apenas existen centros de diseño, investigación, desarrollo e innovación en España y los centros de decisión de estas empresas, la inmensa mayoría multinacionales extranjeras (en el caso de los fabricantes, son todos, y solo en caso de los componentes existes multinacionales españolas que además si tienen sus centros de diseño, investigación y de dirección en España)

Ahora surgen nubes borrascosas en este panorama y estamos muy preocupados por la posición del Gobierno de España en materia de emisiones de gases contaminantes, la situación de los motores diésel y la transición energética. Creemos que hay que huir de posiciones maximalistas, con una transición justa en el tiempo. 

Es cierto que el acuerdo alcanzado esta semana por los ministros de Medio Ambiente de los países de la Unión Europea para que reducir un 35% las emisiones de turismos nuevos en el año 2030, de acuerdo con la postura defendida por el Gobierno alemán y apoyada desde el comienzo de la negociación por nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abre puertas a ese camino y permite a la presidencia austriaca del Consejo Europeo negociar en ese sentido con la Comisión Europea.

Diálogo Social

Pero no basta. Es necesario asegurar un equilibrio razonable entre la consecución de los objetivos medioambientales, con los que UGT está absolutamente comprometida, y el mantenimiento de la competitividad de la industria de automoción española, sobre la base de una transición ordenada y no forzada que minimice los posibles efectos adversos en el empleo. 

Esta transición tiene que ser negociada con empresarios y sindicatos y dirigida y apoyada mediante un plan estratégico consensuado. Una transición precipitada e impuesta supondrá un grave perjuicio para el empleo y la industria instalada en España, pudiendo obligar a las empresas a adoptar decisiones de deslocalización de sus fábricas. De las decisiones y políticas que se adopten ahora dependerá la futura sostenibilidad de la industria del automóvil en España

España debe apoyar también la introducción de un paquete de medidas de flexibilización que ayuden a la consecución del objetivo de reducción e incentive a las tecnologías de cero y bajas emisiones, principalmente basado en no penalizar sino incentivar. Y tener en cuenta que un planteamiento precipitado volverá a perjudicar, una vez más a los más débiles, a los ciudadanos y ciudadanas con menos recursos y más dificultades para afrontar esta transformación y cambiar sus vehículos, además de los pequeños y medianos empresarios, especialmente del sector del transporte, en definitiva, los segmentos sociales y económicos que más necesitan del apoyo de la Administración y no de lo contrario. Los planes de ayuda tipo “renove” serán fundamentales una vez más.

Además, una transición hacia la electromovilidad ha de tener en cuenta que hoy por hoy faltan infraestructuras de recarga, existe una alta dependencia de los fabricantes asiáticos de baterías, hay un bajo nivel de aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los usuarios (1,5% del mercado europeo en 2017), motivado en gran medida por su elevado precio.

Seducir al usuario para que se sume al cambio y apueste por la movilidad eléctrica depende de que se den tres condiciones, fundamentalmente: infraestructura, precio y autonomía. La infraestructura no está en manos de los fabricantes, sino de las administraciones públicas y los operadores eléctricos; el precio lo determinará exclusivamente el mercado, si no se establecen mecanismos de ayuda; Y en materia de autonomía, se están logrando progresos importantes. Pero para que funcione el cambio hacia la electromovilidad, han de darse las tres condiciones a la vez.

Conclusión: hay mucho por hacer, la precipitación puede conducirnos al desastre en muchos sentidos, el diálogo y el consenso son fundamentales y es necesario pensar, una vez más, en las personas.