APORTACIONES FeSP A BORRADOR FP MADRID

APORTACIONES DE UGT AL BORRADOR DE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

UGT se complace con la decisión de la Consejería de reunir la dispersa normativa que en relación con la Formación Profesional disponía la Comunidad de Madrid. En relación con la petición de aportaciones, realizada en la Mesa Técnica celebrada el 28 de septiembre, hemos de manifestar que el rango normativo de este Proyecto no contempla los desarrollos que el mismo pueda tener a posteriori ni, tampoco, la financiación de que se vaya a disponer para su puesta en marcha.

Se mueve, pues, en un marco teórico muy amplio y tan general que hace difícil precisar y conocer su concreción posterior y, por tanto, que las aportaciones que podamos realizar sean contempladas en el Proyecto que nos ocupa.

En relación al Preámbulo justificativo, coincidimos en líneas generales con las argumentaciones planteadas en el borrador que se nos presenta, no podría ser de otra manera, cuando básicamente recoge la normativa básica: necesidad de adecuar y unificar la normativa autonómica, evitando la disparidad normativa, principio de eficacia y necesidad de garantizar la máxima seguridad jurídica, respuesta a la necesidad de progresión en el sistema educativo y en el sistema de la formación profesional para el empleo, así como en la urgente necesidad de contribuir a la disminución del abandono y el fracaso escolar y acercando la demanda de los alumnos a las demandas del mercado laboral, oferta que ha de ser flexible, diversificada y adecuada a las necesidades de los ciudadanos.

Pero hemos de hacer constar que, a nuestro juicio, y como UGT viene denunciando desde hace años, la extraordinaria falta de plazas públicas de Formación Profesional es la que provoca el abandono escolar que, por tanto, no es tal, ya que no se puede hablar de abandono cuando no existe la posibilidad de continuar dentro del sistema educativo. Respecto a la orientación de la oferta, hemos de manifestar que nuestra organización viene reclamando desde hace décadas la puesta en marcha de una red de Formación Profesional coherente y racional.

La política de los diversos gobiernos responsables de estas enseñanzas no han resuelto este problema, y las actuaciones relativas a la autorización de enseñanzas y creación de centros educativos en la actualidad tampoco han caminado en ese sentido, desde el momento que se continúan permitiendo la puesta en marcha de centros privados de Formación Profesional y autorizando los ciclos formativos que demandan dichas empresas, sin tener en consideración esa necesaria y racional red de centros, lo que provoca que una exista una oferta coherente y sensata, que contemple variables como empleabilidad, demanda, existencia de oferta suficiente y/o excesiva o tejido empresarial en la comarca o municipio, entre otros.

Y todo ello, dejando a la red pública como subsidiaria de la privada, en cuanto a ciclos implantados, oferta y unidades. La racionalización, pues, de la oferta educativa pasa, necesariamente, por la priorización de la oferta pública, el aumento de plazas, la implantación de más ciclos, especialmente ligados con profesiones emergentes, la paralización de autorizaciones en la red privada y, puestos a racionalizar, la supresión de algunas de las que tienen implantadas.

Por supuesto, todas las medidas de flexibilización de las enseñanzas y la puesta en marcha de la enseñanza semipresencial a distancia, aulas profesionales de emprendimiento, formación modular, cursos de especialización, proyectos de innovación y emprendimiento y otros programas formativos exigen unas inversiones que no se encuentran recogidas en este borrador de norma, que abren y regulan su implantación pero no contempla los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo en la red pública ni el compromiso de la Administración Educativo para hacerlo.

En relación con la autonomía de los centros, que recoge en el artº 27, indica que: “La metodología didáctica que se empleará en el desarrollo de las actividades promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, potenciará el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, fomentará el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para desempeñar la actividad laboral, la igualdad y evitará discriminación de cualquier tipo, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.

Los centros educativos propiciarán el trabajo en equipo del profesorado y procurarán el desarrollo de su formación, así como la investigación, la experimentación y la innovación.” Resulta evidente que estas metodologías y habilidades deben ser comunes a toda la enseñanza de formación profesional y no pueden depender del proyecto educativo del centro.

En cuanto a la atención a la diversidad y a personas con discapacidad, UGT considera absolutamente imprescindible abordar con seriedad y recursos las necesidades del alumnado de estas enseñanzas, que hasta el momento, pese a ser legalmente obligatorio, no se ha llevado a cabo.

El actual borrador indica que: “El equipo docente de cada centro adecuará, de forma coordinada, las actividades y la metodología de las programaciones a las necesidades educativas del alumnado que así lo requiera y adoptará las medidas de atención a la diversidad que sean pertinentes, siempre que estas no afecten al logro de los objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para alcanzar la competencia general que capacita para la obtención del título.

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquel que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.”

Si no se recoge, explícitamente, la existencia de los recursos humanos específicos para la atención a este alumnado, así como la minoración de carga lectiva para su coordinación con los equipos docentes y la elaboración de actividades y metodologías adecuadas a cada caso, será del todo imposible cumplir con lo establecido en esta norma y con la obligada atención a la diversidad.
No puede dejarse en manos de los equipos docentes, sin el trabajo y la actuación del personal específico de atención a la diversidad y la formación adecuada en esta materia del profesorado, la correcta y apropiada atención al alumnado con necesidades específicas de atención educativa.

La orientación profesional ha demostrado ser fundamental para informar al alumnado y las familias sobre la oferta educativa, la organización y ordenación de las enseñanzas y los posibles itinerarios formativos y profesionales que se adapten al perfil de cada alumno y a sus expectativas personales y permitan acercar la demanda de los alumnos a las necesidades del mercado laboral. UGT ya hizo, en repetidas ocasiones, propuestas al respecto a la Consejería de Educación.

La orientación, en materia de formación profesional, se ha manifestado ineficaz y, por supuesto, escasa.
A nuestro juicio todos los centros de Secundaria deberían disponer de un orientador específico de formación profesional.
Los Institutos de Enseñanza Secundaria que cuentan con este tipo de enseñanzas suelen tener información sobre las mismas, no así aquellos que solo cuentan con la etapa de Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
También se propuso a la Administración la posibilidad de crear unidades de orientación profesional por Direcciones de Área Territorial, que contasen con un grupo de orientadores expertos en formación profesional y que pudiesen atender las demandas de las familias y alumnado y acudir a los centros de Secundaria a informar sobre esta materia al alumnado susceptible de acceder a dichas enseñanzas.

Volvemos, por tanto, a la necesidad de recursos humanos. Asimismo, no se contempla la implantación de la figura del orientador en los centros de formación profesional o para la atención al alumnado de estas enseñanzas.

Por todo ello, para garantizar el correcto desarrollo de estas enseñanzas, UGT propone las siguientes medidas, además de las mencionadas más arriba.

Recuperación de las 18 horas lectivas, de las 6 horas de tutoría para Formación en Centros de Trabajo y de las destinadas a apoyo a talleres.
Reducción de las horas lectivas para poder llevar a cabo los nuevos proyectos y programas y para la necesaria coordinación en atención a la diversidad, así como de otras funciones y desplazamientos, preparación de Skills, Erasmus. etc.
Reconocimiento de hasta un 50 % del horario lectivo a los Jefes de Departamento, en función de la complejidad del mismo y los proyectos desarrollados. Así como permitir que pueda ejercer dicho cargo el profesorado técnico de FP.
Dotación de recursos suficientes para el desarrollo de materias voluntarias para facilitar el acceso de FPB a Grado Medio y de este al Grado Superior. Impulsar la formación para el empleo en los centros de Formación Profesional, ampliando la creación de Centros Integrados.
Fomentar la FP con acciones que la visibilicen, dignifiquen y mejoren su imagen, especialmente en aquellos ciclos formativos de elevada empleabilidad y baja demanda.
En relación con la FP dual, UGT insiste en la necesidad de modificar el actual modelo, optando por unas enseñanzas en alternancia que aseguren como mínimo la adquisición de las competencias recogidas en el Real Decreto dentro del centro educativo, para asegurar la polivalencia y la equivalencia de titulaciones; exigir requisitos de formación a quien ejerza la tutoría por parte de las empresas y dotar de recursos suficientes, para la correcta coordinación y supervisión de las empresas colaboradoras.
Dotación de crédito horario y económico para la formación del profesorado absolutamente imprescindible en una formación cuya actualización debe revisarse y actualizarse constantemente.

Dicha formación debería, por tanto, ser remunerada, con licencias para formación dentro del ámbito productivo, universidades, entidades reconocidas, centros de referencia nacional, Congresos, etc.

Incorporación del módulo de Formación y Orientación Laboral en Formación Profesional Básica.
Dotación adecuada de recursos económicos y humanos para la gestión, atención y elaboración de contenidos de la FP a distancia.
Adecuación de los entornos laborales a los requisitos en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Reducción de ratios a 25-20 alumnos, en ciclos formativos de GM y GS, de 15 en FPB, en función de los riesgos laborales, las condiciones de seguridad en los talleres y necesidades de atención al alumnado.
Establecimiento de una normativa específica para regulación de la FCT: itinerancias, dietas, carga horaria y reducciones.
Actualización de los importes de compensación por trayectos con vehículo propio para las visitas de la FCT.

Esperamos que nuestras propuestas puedan ser contempladas en la normativa y actuaciones que, en torno a la Formación Profesional, vayan a llevar a cabo los actuales responsables de la Consejería de Educación e Investigación.