LOS SINDICATOS PIDEN DEROGAR LA REFORMA DE 2013, EL GOBIERNO CONSIDERA INGRESOS
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha mantenido una reunión con delegaciones de los sindicatos mayoritarios, encabezadas por los responsables confederales de ambas organizaciones, Carlos Bravo y Adela Carrió, respectivamente, y en la que también han participado los secretarios generales de las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT, Julián Gutiérrez y AnatolioDíez.
Los representantes sindicales han manifestado su intención de abordar con el Gobierno el debate de las medidas más relevantes que las que hasta ahora se han presentado en la Mesa de Diálogo Social por parte del Ejecutivo. Han señalado su disposición a buena parte de las propuestas esbozadas desde el Ministerio en materia de ingresos, las organizaciones sindicales han señalado que se trata de medidas con un alcance presupuestario bastante limitado y de las verdaderas necesidades del sistema de pensiones.
Por ello, han planteado a la ministra una batería de propuestas que "sirvan para atender la actual prioridad de reequilibrar la estructura de ingresos del sistema y sean la garantía de sostenibilidad de unas pensiones suficientes y adecuadas".
Entre las medidas propuestas por las organizaciones sindicales se encuentran "el destope de las bases máximas de cotización; la redefinición de los tipos de cotización, trasladando recursos hoy excedentarios en algunas prestaciones hacia las contingencias comunes con las que financian las pensiones; y la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que coticen por sus ingresos reales", han confirmado desde los sindicatos mayoritarios, que también han reclamado la derogación de la reforma de pensiones de 2013.
Así, se ha reclamado que quede definitivamente suprimido el Factor de Sostenibilidad en los términos en los que fue impuesto por el Gobierno Rajoy, y cuya entrada en vigor se encuentra sólo suspendida hasta 2023. Del mismo modo, las organizaciones sindicales han reclamado también, la derogación del Índice de Revalorización de Pensiones que condenaba a una casi congelación del 0,25%, y su sustitución por la revalorización anual con el IPC, de forma que garantice, como ya hizo el Acuerdo de Pensiones de 1996, alcanzado en el seno del diálogo social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Estas actuaciones en materia de ingresos, "son la antesala necesaria para recuperar el marco de consenso político y social que interrumpió el anterior Gobierno", reconocen desde CCOO y UGT. Han trasladado su preocupación por la "falta de acuerdo en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en relación a la nueva fórmula de revalorización de pensiones" y han reclamado al Gobierno y al conjunto de grupos parlamentarios que "busquen espacios de acuerdo".
El Ministerio de Trabajo y los dos mayores sindicatos, CCOO y UGT, necesitan lograr algún avance en materia de pensiones para no verse arrollados por las protestas de los jubilados, que vuelven a ganar fuerza por todo el país. Ante el bloqueo del Pacto de Toledo, que sigue sin conseguir ningún resultado tras más de un año de negociaciones, el ministerio busca en los sindicatos acuerdos parciales para lanzar un mensaje de confianza a los pensionistas.
En este contexto, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, recibió el martes a los representantes de CCOO, Carlos Bravo, y de UGT, Adela Carrió, para avanzar en las negociaciones. En la reunión, la ministra ofreció a los sindicatos emplear los ingresos de dos nuevos tributos para financiar las pensiones. Esto es, dos tributos finalistas que se dedicarían a elevar los ingresos de la Seguridad Social y, así, rebajar su abultado déficit.
En concreto, se trata de dos impuestos que ya casi tiene diseñados el Gobierno: la tasa Google y la tasa Tobin (una vez descartado el impuesto a la banca). Esto es: el tributo a los servicios digitales y a las transacciones financieras. El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a sacarlos adelante de cara a 2019, ya que son dos impuestos que se están impulsando desde la Unión Europea.
El problema es que su capacidad de recaudación es muy limitada. El impuesto sobre transacciones financieras no generaría ni siquiera 1.000 millones de euros de recaudación, y el impuesto sobre actividades digitales rondaría los 1.500 millones. Una cuantía que no cubriría ni siquiera el 15% de todo el déficit del sistema, que este año se situará en el entorno de los 19.000 millones de euros.
La ministra también ha prometido a los sindicatos que garantizará el poder adquisitivo de las pensiones este año. Esto significa que el Gobierno se compromete a cubrir cualquier posible pérdida de poder adquisitivo que pueda surgir al cierre del ejercicio, ya que la revalorización de las prestaciones se fijó en el 1,6%. En caso de que el IPC promedio del conjunto del año supere esta cuantía, la Seguridad Social cubriría la diferencia con una ‘paguilla extra’ en diciembre a todos los pensionistas.
Los dos sindicatos quieren que el Gobierno dé una vuelta de tuerca más a los ingresos del sistema para garantizar su sostenibilidad. Las medidas propuestas supondrían un fuerte incremento de la recaudación de la Seguridad Social, una carga que recaería fundamentalmente sobre las empresas.
La medida estrella es el destope de las cotizaciones, esto es, eliminar el tope de la base máxima. Actualmente, los asalariados solo cotizan por un máximo de 3.751,2 euros de salario (45.014,4 euros anuales en las 12 pagas ordinarias), lo que deja sin gravar a una gran bolsa de salarios. La eliminación de esta base máxima generaría unos ingresos próximos a los 4.500 millones de euros, según las estimaciones de la Seguridad Social. Unas cifras que servirían para acabar con algo más del 25% del déficit del sistema, pero que supondrían un elevado esfuerzo para las empresas, que abonarían la mayor parte de esta subida.
Los sindicatos también solicitaron al Gobierno elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos hasta 850 euros al mes en 2020 y la promoción de un marco de negociación colectiva que garantice un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales para todos los asalariados. Una medida que influiría en la recaudación de la Seguridad Social gracias a la existencia de mayores bases de cotización.
Además, CCOO y UGT han reclamado una reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales y no por la base que ellos elijan. Una medida que afectaría a los trabajadores que más ingresos generan, pero que también reduciría la aportación de aquellos cuya facturación no alcanza la base mínima, esto es, 932,70 euros al mes.
Estas propuestas de los sindicatos ya se están debatiendo en la Mesa de Pensiones tripartita, que está formada por el ministerio, los sindicatos y las patronales. El ministerio quiere lograr acuerdos con los agentes sociales para buscar posteriormente consensos en el Congreso que permitan aprobar reformas parciales en las pensiones para lanzar un mensaje positivo a los mayores. De esta forma, pretenden neutralizar las manifestaciones de jubilados, que están creciendo nuevamente y que también se escapan del control de los sindicatos, ya que el peso de la convocatoria lo tiene la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Los trabajadores que se jubilaron en el mes de agosto lo hicieron con una pensión media de la Seguridad Social de 1.293,77 euros. Esta cantidad mensual es el 2,88% inferior a la de hace un año y refleja un recorte de casi 50 euros respecto a las altas nuevas del 2015 como consecuencia, todo ello, de los recortes en el sistema introducidos en el 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Con todo, la nómina mensual del conjunto de las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social sigue marcando nuevos récords al alza. En septiembre, la nómina mensual ha alcanzado los 9.235,07 millones de euros, el 4.86% más que el año anterior. Esta cantidad incluye el importe del gasto mensual en prestaciones por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y ayuda familiar, y es fruto de un mayor número de beneficiarios y, sobre todo, de la mayor subida de las prestaciones que adoptó el el Gobierno de Rajoy para el 2018.
Así este aumento del 4,86% en la nómina mensual de las pensiones es consecuencia de un incremento del 1,12% en el número de pensionistas, hasta un total de 9,646 millones de beneficiarios. Además, la subida mínima del 1,6% introducida en las prestaciones en el 2018 (frente a la subida del 0,25% de los útlimos años) ha llevado a un aumento del 3,70% en la prestación media del sistema, hasta los 957,36 euros (este concepto comprende las distintas clases de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares).
En particular, la pensión media de jubilación asciende a 1.103,47 euros mensuales, lo que representa un aumento del 3,43% respecto al año pasado. La pensión media de viudedad asciende a 679,21 euros, un 4,85% más que hace un año. En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (en agosto) es de 1.293,77 euros en el conjunto del sistema, el 2,88% menos que hace un año.
Del total de 9.646.404 beneficiaros de pensiones contributivas de la Seguridad Social, el 61,69% del total son por jubilación, 5.950.766 concretamente; 2.360.059 corresponden a viudedad; 952.559 a incapacidad permanente; 341.128 a orfandad y 41.892 a ayudas a favor de familiares.
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