DIEZ AÑOS DESDE LEHMAN BROTHERS

Es el momento de recuperar derechos, salarios y bienestar social.

Diez años después de la caída de Lehman Brothers, según el análisis realizado por UGT, nuestra economía es más débil y está expuesta con mayor facilidad a ciclos depresivos.

Llevamos cuatro años y medio de crecimiento, hemos recuperado los niveles de PIB y superado los beneficios empresariales de antes de 2007, pero la crisis sigue pasando factura a las familias.

UGT reclama un cambio de políticas para recuperar derechos, salarios, bienestar social y una base económica fuerte y duradera.

Hoy, 15 de septiembre, se cumplen diez años de la quiebra de Lehman Brothers y el saldo de la crisis continúa y continuará pasando factura a las familias españolas. Un acontecimiento que intensificó y aceleró la crisis, marcando un hito en su desarrollo posterior, dando lugar a una intervención importante de dinero público para salvar el capitalismo, cuyos efectos están pagando desde el comienzo, principalmente, los trabajadores y las familias.

En Europa, la crisis financiera internacional mostró la debilidad de la construcción de la unión monetaria. La pérdida de confianza generada dio lugar a falta de solvencia por las economías más endeudadas, y las ayudas financieras y rescatesestaban sujetos a aplicar políticas de austeridad y reformas estructurales que garantizasen el equilibrio presupuestario.

España, uno de los principales afectados

En España, la variación del PIB entra en números negativos en el tercer trimestre de 2008 y junto al efecto de los estabilizadores automáticos (aumento de prestaciones por desempleo y caída de la recaudación impositiva), se produce un incremento del gasto público y una caída en los ingresos, que generan un aumento del déficit público, principio de una crisis fiscal.

Las subidas de impuestos de cara a aumentar, o al menos mantener, el nivel de ingresos fiscales, se han realizado sobre los impuestos indirectos, mientras se reducía la carga impositiva directa para las rentas del ahorro y de las sociedades y las rentas más altas. Y el grueso del ajuste se hizo a través de la reducción del gasto público.

Además, mientras el IVA recauda un 19,22% más que en 2007 y el IRPF recauda un 11,99% más que en ese mismo año, el Impuesto de Sociedades recauda un 37,21% menos, a pesar de que los beneficios han crecido y los salarios han perdido poder adquisitivo.

A las políticas de austeridad tendentes a reducir el gasto público, que supusieron considerables recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, se unió la paralización de inversiones en infraestructuras y la reducción del gasto público en I+D+i, así como la descapitalización de numerosas administraciones públicas. Eso sí, asistimos al rescate de los bancos, que nos ha supuesto un gasto directo de más de 40.000 millones de euros, más el coste de los créditos fiscales a la banca. Una banca que, hay que recordar, está teniendo grandes beneficios.

La crisis, además, supuso, como principal impacto negativo, la destrucción masiva de puestos de trabajo y el crecimiento del paro. Esta situación sirvió de excusa perfecta para la aplicación de una reforma laboral en 2012 claramente lesiva para nuestra economía, que ha dejado un mercado laboral desintegrado, con las mayores cotas de precariedad, desigualdad y pobreza laboral.

Una economía más débil que hace diez años

UGT recuerda que nuestro país lleva ya cuatro años y medio de crecimiento de la actividad y ya se han recuperado los niveles de PIB y superado con creces los beneficios empresariales de antes de la crisis. Son los trabajadores los que siguen pagando los efectos de la misma. Inexplicablemente, y contrariamente a cualquier lógica económica, no se ha realizado ningún esfuerzo de cara a la consecución de un tejido productivo más estable, que permita aguantar los ciclos depresivos con mayor facilidad y que genere riqueza duradera.

De este modo, diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, nos encontramos con una economía más débil y quebradiza que en 2007, como viene avisando UGT desde hace tiempo:

• La deuda pública alcanza casi el 100% del PIB, frente al 39,5% de 2008.
• La tasa de paro se sitúa por encima del 15,3% en el segundo trimestre de 2018, frente al 10,4% del segundo trimestre de 2008.
• La cobertura por desempleo se sitúa en el 60%, frente al 80% que alcanzó en 2010.
• La intensa devaluación salarial ha supuesto una pérdida de casi diez puntos de poder adquisitivo.
• El sistema fiscal es más injusto, penalizando más a los trabajadores y a las rentas medias-bajas.
• Como consecuencia, la desigualdad y la pobreza han aumentado en España significativamente, de manera más acusada que en nuestro entorno. El 14,1% de las personas con empleo, el 44,6% de los desempleados y el 28,1% de los niños son pobres; y España es el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor desigualdad de renta.
• Numerosas familias se han visto afectadas directamente por la burbuja inmobiliaria, multiplicándose los desahucios.
• Contamos con infraestructuras deterioradas, que precisan de una inversión urgente en mantenimiento.
• La inversión en I+D es inferior a la de 2007.
• Los servicios públicos se han visto recortados en servicios y recursos y las plantillas además de reducidas están envejecidas.
• El sector público ha visto reducido su patrimonio y, en gran medida, sus posibilidades de actuar compensando la burbuja de alquiler que se está produciendo en el centro de las grandes ciudades.
• Las pensiones han perdido poder adquisitivo por el cambio unilateral del mecanismo de revisión, y el Fondo de Reserva prácticamente ha desaparecido. Además, el déficit y la deuda de la Seguridad Social provocados por los gobiernos del PP durante esta etapa son peligrosos para el sistema.
• El mercado laboral alcanza las máximas cotas de precariedad, en gran medida por una extendida utilización fraudulenta de la contratación por parte de las empresas. Uno de cada cuatro contratos tiene duración de una semana o menos, más del 90% de los contratos que se realizan son temporales, y la tasa de temporalidad en el empleo alcanza el 26,8%.
• Esta misma precariedad genera que, ante el aumento del empleo, se haya incrementado considerablemente la siniestralidad laboral.
• La estructura económica del país también es más débil: la participación de la industria manufacturera sobre el PIB ha pasado de 13,48% en 2007 a 13,06% en 2017.

Es hora de cambiar las políticas

Para UGT, resulta evidente que necesitamos un cambio de dirección en las políticas económicas. Aunque se observe una desaceleración, estamos en periodo de fuerte crecimiento y, por tanto, estamos a tiempo de rectificar la orientación de las políticas y conseguir una base económica más fuerte que impida que otra crisis pueda azotarnos como lo hizo la anterior. Para ello, UGT considera necesario:

• En primer lugar, proceder a actuar en política fiscal por la vía del aumento de los ingresos, en lugar de la reducción de los gastos. Hay margen suficiente: 8,4 puntos de PIB nos separan de la recaudación de la media de la zona euro. Un sistema fiscal más justo es garantía de una sociedad menos desigual.
• De ese modo, se podrán atender las necesidades de gasto público, recuperando niveles de gasto en los servicios públicos esenciales y los niveles de empleo público suficientes para atender los servicios y para gestionarlos adecuadamente.
• Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a inversión en infraestructuras, tanto para el mantenimiento de las existentes, como para la construcción de nuevas para atender las necesidades de la población.
• Garantizar las pensiones mediante el establecimiento de un mecanismo de ingresos que asegure su prestación, así como asignando los gastos de pensiones al pago de estas y no a otros gastos que no le corresponden.
• Derogar la reforma laboral, modificando la legislación de manera que se equilibre la correlación de fuerzas en la negociación colectiva, se garantice el respeto a unas condiciones de trabajo dignas, se reduzca el poder unilateral de los empresarios y se pueda reducir de esta manera la precariedad derivada de la debilidad del trabajador en las relaciones de trabajo.
• Actuar en materia de empleo y contratación, reduciendo la precariedad laboral derivada de la descausalización de la contratación temporal y a tiempo parcial y de la permisividad en la utilización fraudulenta de estas modalidades, así como poniendo coto a otras formas de relación laboral igualmente precarias (empresas multiservicios, falsos autónomos, plataformas digitales, etc.).
• Incrementar la capacidad de control de la Administración en el empleo, persiguiendo de manera más efectiva el fraude en la contratación y en las relaciones laborales.
• Incrementar la capacidad de control de la Administración en materia impositiva, aumentando la eficacia en la lucha contra el fraude y elevando la recaudación.
• Modificar la orientación de las políticas económicas, de cara a cambiar el modelo productivo, con atención al fortalecimiento de la estructura económica, con un decidido impulso a los sectores industriales, con un incremento del esfuerzo en I+D, que nos permita pasar a un modelo basado en una industria de alto valor añadido en sectores sostenibles económica, social y medioambientalmente, que generen más empleos de mejor calidad en sectores de alto valor añadido.

Para UGT, es necesario aprender de los tiempos pasados: el fortalecimiento del tejido productivo, un sector público fuerte y eficiente, unos servicios públicos universales y de calidad, un mercado de trabajo estable y con condiciones dignas y un sistema fiscal que recaude más y que mejore la redistribución de la riqueza, son garantías de una sociedad más justa, con menos desigualdad y menos pobreza, e incrementan la capacidad del país para aguantar mejor los periodos de crisis.

INFORME COMPLETO

Se cumplen diez años de la quiebra de Lehman Brothers y el saldo de la crisis continúa y continuará pasando factura a las familias españolas durante tiempo. Aunque este acontecimiento no marcó el inicio de la crisis financiera internacional, que emergió en el verano de 2007, sí la intensificó y aceleró, marcando un hito en su desarrollo posterior. La gestión de esta crisis financiera fue muy diferente en EEUU y en Europa. 

Pero en ambos casos dio lugar a una intervención importante de dinero público para salvar el capitalismo, cuyos efectos están pagando desde el principio principalmente los trabajadores y las familias. En Europa, la crisis financiera internacional mostró la debilidad de la construcción de la unión monetaria, poniendo en duda incluso la supervivencia del euro, que hasta entonces había favorecido la estabilidad y la confianza de los consumidores y las empresas y tipos de interés relativamente bajos. 

Pero la pérdida de confianza generada por la crisis financiera dio lugar a falta de solvencia por las economías más endeudadas, y las ayudas financieras y rescates estaban sujetos a aplicar políticas de austeridad y reformas estructurales que garantizasen el equilibrio presupuestario. En España, la variación del PIB entra en números negativos en el tercer trimestre de 2008. 

El establecimiento del Plan E colabora a una ligera recuperación de la economía, pero unido al efecto de los estabilizadores automáticos (aumento de prestaciones por desempleo y caída de la recaudación impositiva), da lugar a un incremento del gasto público y una caída en los ingresos, que generan un aumento del déficit público, principio de una crisis fiscal. 

El problema de endeudamiento excesivo en España era un problema de deuda privada, exceso de crédito y burbuja inmobiliaria, que obligó al Estado a rescatar a los bancos, pasando de un problema de deuda privada a un problema de endeudamiento público. Además, las erróneas políticas aplicadas desde 2010 han llevado a nuestro país a una posición en la que continuamos con un importante déficit público y una deuda pública cercana al 100% del PIB. 

Las subidas de impuestos de cara a aumentar, o al menos mantener, el nivel de ingresos fiscales, se han realizado sobre los impuestos indirectos, mientras se reducía la carga impositiva directa para las rentas del ahorro y de las sociedades y las rentas más altas. Y el grueso del ajuste se hizo a través de la reducción del gasto público. 

Un gasto público que en 2008 se situaba 5,6 puntos por debajo de la media de la eurozona y se sitúa en 2017 6,2 puntos por debajo de esa misma media, mientras el ingreso público, según datos de Eurostat, se situaba en 2008 7,9 puntos por debajo de la media de la zona euro y se sitúa en 2017 8,4 puntos por debajo. 

Es decir, se ha producido una contracción relativa del peso global del estado en la economía. Además, mientras el IVA recauda un 19,22% más que en 2007, y el IRPF recauda un 11,99% más que en ese mismo año, el Impuesto de Sociedades recauda un 37,21% menos, a pesar de que los beneficios han crecido y los salarios han perdido poder adquisitivo. 

A las políticas de austeridad tendentes a reducir el gasto público, que supusieron considerables recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, se unió la paralización de inversiones en infraestructuras y la reducción del gasto público en I+D+i, así como la descapitalización de numerosas administraciones públicas, que procedieron a la privatización de empresas y servicios y a la venta de patrimonio público a precio de saldo, con la excusa de la necesidad de liquidez. 

Así, mientras lo público perdía patrimonio y los servicios públicos quedaban mermados, asistíamos al rescate de los bancos, que nos ha supuesto un gasto directo de más de 40.000 millones, más el coste de los créditos fiscales a la banca, que está teniendo beneficios enormes, tras un trasvase de activos tóxicos al sector público y la destrucción de 80.000 puestos de trabajo, pero no paga los impuestos que le correspondería y se resiste con amenazas a cualquier modificación fiscal que pueda suponer aumentar su colaboración a los ingresos públicos. 

Además, la reducción de empleo en ese sector se ha hecho a costa de un peor servicio, más caro y que genera exclusión financiera, particularmente en las zonas menos pobladas del territorio. La crisis además supuso, como principal impacto negativo, la destrucción masiva de puestos de trabajo y el crecimiento del paro. 

Esta situación sirvió de excusa perfecta para la aplicación de una reforma laboral en 2012 claramente lesiva para nuestra economía, que mediante la reducción de derechos y garantías laborales para los trabajadores, la desregulación de las condiciones de trabajo, el aumento de la discrecionalidad empresarial y el desequilibrio adicional en la correlación de fuerzas en la negociación colectiva, ha dejado un mercado laboral desintegrado, con las mayores cotas de precariedad, que ahonda en la desigualdad y la pobreza laboral y que es, hoy por hoy, una de las mayores debilidades de nuestra economía.

Llevamos ya cuatro años y medio de crecimiento de la actividad y ya hemos recuperado los niveles de PIB y superado con creces los beneficios empresariales de antes de la crisis, pero la devaluación salarial intensa, la extendida precariedad en el mercado de trabajo y la debilidad de la parte trabajadora en la negociación provocadas por la reforma laboral “extremadamente agresiva” según el gobierno que la llevó adelante, no permiten que los salarios de los trabajadores recuperen poder adquisitivo. 

De hecho, a pesar de encontrarnos desde hace cinco años en fase expansiva, todos los indicadores salariales reflejan pérdidas de poder adquisitivo que se acumulan a las producidas durante la crisis. Además, y contrariamente a cualquier lógica económica, no se ha realizado ningún esfuerzo de cara a la consecución de un tejido productivo más estable, que permita aguantar los ciclos depresivos con mayor facilidad y que genere riqueza duradera. 

De este modo, diez años después de la quiebra de Lehman Brothers, y a pesar de que el gobierno de Rajoy consideraba muy buena gestión económica el crecimiento de los últimos años, cuando ya hay indicios de una desaceleración en el crecimiento, derivada en buena parte de fundamentar este en actividades volátiles y de bajo valor añadido, nos encontramos con una economía más débil y quebradiza que en 2007 como desde UGT venimos avisando desde hace tiempo: 

• La deuda pública alcanza casi el 100% del PIB, frente al 39,5% de 2008.  La tasa de paro se sitúa por encima del 15,3% en el segundo trimestre de 2018, frente al 10,4% del segundo trimestre de 2008 
• La cobertura por desempleo se sitúa en el 60%, frente al 80% que alcanzó en 2010.
• La intensa devaluación salarial ha supuesto una pérdida de casi diez puntos de poder adquisitivo, y estamos en 2018 luchando por conseguir en la negociación colectiva salarios mínimos de convenio de 1.000 euros al mes para 2020, cuando la palabra mileurista en 2008 definía la parte más baja de la banda salarial. 
• El sistema fiscal es más injusto, penalizando más a los trabajadores y a las rentas mediasbajas. 
• Como consecuencia, la desigualdad y la pobreza han aumentado en España significativamente, de manera más acusada que en nuestro entorno. El 14,1% de las personas con empleo, el 44,6% de los desempleados y el 28,1% de los niños son pobres; y España es el cuarto país de toda la Unión Europea con mayor desigualdad de renta. 
• Numerosas familias se han visto afectadas directamente por la burbuja inmobiliaria, multiplicándose los desahucios. 
• Contamos con infraestructuras deterioradas, que precisan de una inversión urgente en mantenimiento. 
• La inversión en I+D es inferior a la de 2007. 
• Los servicios públicos se han visto recortados en servicios y recursos y las plantillas además de reducidas están envejecidas. 
• El sector público ha visto reducido su patrimonio y, en gran medida, sus posibilidades de actuar compensando la burbuja de alquiler que se está produciendo en el centro de las grandes ciudades. 
• Las pensiones han perdido poder adquisitivo por el cambio unilateral del mecanismo de revisión, y el Fondo de Reserva prácticamente ha desaparecido. Y el déficit y la deuda de la Seguridad Social provocados por los gobiernos del PP durante esta etapa son peligrosos para el sistema.
• El mercado laboral alcanza las máximas cotas de precariedad, en gran mediad por una extendida utilización fraudulenta de la contratación por parte de las empresas. Uno de cada cuatro contratos tiene duración de una semana o menos, más del 90% de los contratos que se realizan son temporales, y la tasa de temporalidad en el empleo alcanza el 26,8%. 
• Esta misma precariedad genera que ante el aumento del empleo se haya incrementado considerablemente la siniestralidad laboral. 
• La estructura económica del país también es más débil: la participación de la industria manufacturera sobre el PIB ha pasado de 13,48% en 2007 a 13,06% en 2017. Resulta evidente que necesitamos un cambio de dirección en las políticas económicas. 
• Aunque se observe una desaceleración, estamos en periodo de fuerte crecimiento y, por tanto, estamos a tiempo de rectificar la orientación de las políticas y conseguir una base económica más fuerte que impida que otra crisis pueda azotarnos como lo hizo la anterior. 

Para ello, UGT considera necesario: 

• En primer lugar, proceder a actuar en política fiscal por la vía del aumento de los ingresos, en lugar de la reducción de los gastos. Hay margen suficiente: 8,4 puntos de PIB nos separan de la recaudación de la media de la eurozona. Un sistema fiscal más justo es garantía de una sociedad menos desigual. 
• De ese modo, se podrán atender las necesidades de gasto público, recuperando niveles de gasto en los servicios públicos esenciales, recuperando empleo público para atender los servicios públicos y para gestionar adecuadamente Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a inversión en infraestructuras, tanto para el mantenimiento de las existentes, como para la construcción de nuevas para atender las necesidades de la población. 
• Garantizar las pensiones mediante el establecimiento de un mecanismo de ingresos que asegure su prestación, así como asignando los gastos de pensiones al pago de estas y no a otros gastos que no le corresponden. 
• Derogar la reforma laboral, modificando la legislación de manera que se equilibre la correlación de fuerzas en la negociación colectiva, se garantice el respeto a unas condiciones de trabajo dignas, se reduzca el poder unilateral de los empresarios y se pueda reducir de esta manera la precariedad derivada de la debilidad del trabajador en las relaciones de trabajo. 
• Actuar en materia de empleo y contratación, reduciendo la precariedad laboral derivada de la descausalización de la contratación temporal y a tiempo parcial y de la permisividad en la utilización fraudulenta de estas modalidades, así como poniendo coto a otras formas de relación laboral igualmente precarias (empresas multiservicios, falsos autónomos, plataformas digitales, etc.). 
• Incrementar la capacidad de control de la Administración en el empleo, persiguiendo de manera más efectiva el fraude en la contratación y en las relaciones laborales. 
• Incrementar la capacidad de control de la Administración en materia impositiva, aumentando la eficacia en la lucha contra el fraude y elevando la recaudación. 
• Modificar la orientación de las políticas económicas, de cara a cambiar el modelo productivo, con atención al fortalecimiento de la estructura económica, con un decidido impulso a los sectores industriales, con un incremento del esfuerzo en I+D, que nos permita pasar a un modelo basado en una industria de alto valor añadido en sectores sostenibles económica, social y medioambientalmente, que generen más empleos de mejor calidad en sectores de alto valor añadido.
• Y actuar en el control de los desequilibrios, orientando el crecimiento a actividades estables, de modo que se eviten burbujas, y se favorezca una estructura económica fuerte. 

Los trabajadores y las familias han sido quienes han pagado las consecuencias y el coste del ajuste en la crisis de 2007. Es momento de que recuperen derechos, salarios y bienestar social. Y además, en este momento, la mejora de sus condiciones económicas es una garantía para el sostenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo. Actuar en la mejora de la economía y el empleo requiere el compromiso de todos. 

La banca, cuya actuación codiciosa e irresponsable alimentando la burbuja inmobiliaria ha tenido una inmensa responsabilidad en la crisis pasada, no puede seguir negándose a participar en los ingresos públicos necesarios para paliar los efectos de esta. Y las empresas tienen que asumir que los trabajadores tienen derechos y que los salarios tienen que cubrir las necesidades de las familias. 

UGT considera que hay que aprender de los tiempos pasados: el fortalecimiento del tejido productivo, un sector público fuerte y eficiente, unos servicios públicos universales y de calidad, un mercado de trabajo estable y con condiciones dignas y un sistema fiscal que recaude más y que mejore la redistribución de la riqueza, son garantías de una sociedad más justa, con menos desigualdad y menos pobreza, e incrementan la capacidad del país para aguantar mejor los periodos de crisis.